Diony Sanabia | Prensa Latina
Casi siete meses después de la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la asistencia financiera a El Salvador, Guatemala y Honduras, el Gobierno norteamericano anunció la reanudación de tal iniciativa.
A finales de marzo pasado, Trump acusó a esos países, integrantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, y también a México, de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera sur estadounidense.
Entonces, el jefe de la Casa Blanca cumplió las amenazas previas de cesar los fondos que salen de Washington y usó la medida como forma de presión con el fin de alcanzar su propósito de disminuir el movimiento de dichas personas.
Para miembros del Ejecutivo, el paso del gobernante representó una manera de exigir a tales naciones que hicieran más en aras de desestimular el traslado a Estados Unidos, uno de los objetivos de la rechazada política migratoria del mandatario republicano.
Varios analistas consideraron que la suspensión de la ayuda solo empeoraría las condiciones de pobreza y violencia en los lugares afectados, y llevaría a más habitantes a abandonarlos, un criterio repetido por políticos demócratas.
‘Hasta que abordemos la miseria en sus países de origen, miseria en la cual Estados Unidos es cómplice, continuaremos viendo a los migrantes que buscan desesperadamente un refugio seguro en nuestra frontera’, escribió el senador Tom Carper en la red social Twitter.
Por otro lado, la representante Debbie Mucarsel-Powell calificó la medida como un gran error del presidente y su administración.
‘Recortar fondos para Guatemala, Honduras y El Salvador exaspera la crisis en la frontera. Estados Unidos debe liderar y brindar apoyo para aliviar la violencia y la pobreza, no retirarse cuando la crisis empeora’, consideró la legisladora.
El tiempo pasó, y el 16 de octubre el secretario de Estado, Mike Pompeo, apuntó en un comunicado que el departamento bajo su mando informó al Congreso sobre la intención de reanudar la asistencia al Triángulo Norte centroamericano.
‘Gracias a la política del presidente y a la respuesta de estos países, estamos viendo un gran progreso. Los acuerdos de cooperación en materia de asilo firmados recientemente son solo un ejemplo’, anotó Pompeo.
Subrayó que el financiamiento apoyará los programas que están avanzando como parte de esfuerzos conjuntos para mitigar la inmigración irregular hacia Estados Unidos desde las tres naciones referidas.
También, agregó, complementarán los planes de seguridad de cada administración, aumentarán las acciones del sector privado para crear oportunidades económicas, y promoverán el desarrollo institucional y lo que Washington considera el buen gobierno.
Estados Unidos rubricó el pasado 25 de septiembre un convenio con Honduras para frenar la llegada de migrantes, y tal paso siguió a otras iniciativas similares del país norteamericano con El Salvador y Guatemala, cinco días antes y en julio, respectivamente.
Como firmantes del último pacto estuvieron el secretario norteamericano de Seguridad Nacional en funciones, Kevin McAleenan, quien dejará el cargo próximamente, y el canciller hondureño, Lisandro Rosales.
De acuerdo con McAleenan, ‘resolver la crisis en la frontera sur significa trabajar con nuestros vecinos en la región’, y ‘Honduras ha sido un gran socio’, agregó.
Sin mencionar el término de tercer país seguro, el texto expuso que Washington y Tegucigalpa se comprometieron a elevar las opciones para proteger a las personas vulnerables y evitar que sean víctimas del tráfico humano.
Además, Estados Unidos suscribió en junio un acuerdo con México para enfrentar la inmigración irregular, y cuya implementación redujo ese fenómeno, reconoció en septiembre en Washington D.C. el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
La estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley, se observa un descenso significativo, afirmó Ebrard en conferencia de prensa tras un encuentro con el vicepresidente norteamericano, Mike Pence.
Esa reunión en la Casa Blanca, en la cual participaron también Pompeo y otros funcionarios, dio seguimiento al referido pacto migratorio.
Pasados 90 días de la iniciativa, Washington se reservaba el derecho de retomar sus amenazas de imponer aranceles a la importación de productos mexicanos, con lo cual presionó a la vecina nación.
Mediante el instrumento, México aceptó acoger en su territorio a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras se analizan los casos, y a la par desplegó efectivos de su Guardia Nacional en las fronteras sur y norte.
Poco más de una semana antes del anuncio de Pompeo, la administración de Trump informó que el próximo año presentará un plan dirigido al supuesto crecimiento económico de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Dicha opción fue anunciada en una llamada telefónica con periodistas por Mauricio Claver-Carone, asesor de la Casa Blanca sobre seguridad nacional a cargo de Latinoamérica.
Claver-Carone comentó que la mayor parte de los migrantes centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense sur lo hacen por motivos económicos, y no de persecución política, por lo cual se abusaba de la figura del asilo.
Usaban eso como una vía para entrar ilegalmente, pero esa parte terminó, indicó el consejero, quien no ofreció detalles sobre el plan económico de Washington.
Según datos oficiales, casi un millón de detenciones de inmigrantes irregulares ocurrieron en el área limítrofe meridional de Estados Unidos durante el año fiscal 2019.
La cantidad registrada en dicho período, del 1 octubre de 2018 al 30 de septiembre último, representa un incremento de 88 por ciento en comparación con la cifra del lapso precedente.
Estos son números que ningún sistema migratorio del mundo está preparado para manejar, añadió el 8 de octubre en una rueda de prensa en la Casa Blanca el jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan.
Manifestó que la cifra divulgada es la más alta de los últimos 12 años y se debió a grandes cantidades de detenciones de personas de Centroamérica en marzo, abril y mayo.
Puntualizó además que unos 150 mil migrantes consiguieron cruzar la línea divisoria sin ser interceptados por las autoridades estadounidenses, más allá de los tantos controles existentes.
Desde su llegada al poder, el 20 de enero de 2017, Trump ha promovido diversas acciones contra la migración irregular y legal hacia Estados Unidos, pese al rechazo nacional y foráneo al respecto.