Prensa Latina
El Gobierno de Nicaragua anunció hoy su programa para consolidar la estabilidad y la paz, cuyo primer punto, de nueve, comunica la liberación definitiva a más tardar el 18 de junio de los excarcelados en régimen de convivencia familiar.
La medida beneficia también a quienes se encuentran en situación de arresto domiciliar, a los aún encarcelados y los que tienen proceso abierto en ausencia, cuya causa está en trámite.
Esta disposición comprende a un grupo de personas que la oposición define como presos políticos, pero el Ejecutivo considera políticos presos por cometer actos de violencia en el entorno de lo que califica como intento fallido de golpe de estado, ocurrido entre abril y julio del año anterior.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) ratifica a través del referido programa ‘el llamado a la reconciliación de la familia nicaragüense, a fin de contribuir en crear un clima de confianza, que fortalezca la cultura de paz que requiere el pueblo (…)’.
Propone el Ejecutivo elevar a categoría de ley el Plan Integral de Atención a las Víctimas, ocasionadas por los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición.
El Gobierno asegura que continuará en la promoción, nacional e internacionalmente, de su Programa sobre Retorno Voluntario de los nicaragüenses en el Exterior, que salieron en el contexto de la referida coyuntura.
Otro punto ratifica, ‘como lo manda la Constitución Política y el Código del Trabajo, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, por medio de sus organizaciones’.
El octavo acápite anuncia la realización de auditorías a ‘todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, a fin de determinar el buen uso de los equipos, insumos y materias primas exoneradas, incluyendo las de los medios de comunicación social’.
A través del Programa el GRUN reitera ‘el llamamiento a la comunidad internacional y organismos financieros internacionales, para el cese de la aplicación de sanciones y las amenazas de nuevas sanciones que afectan el desarrollo humano, económico y social del pueblo de Nicaragua’.
Por último expresa la voluntad de ‘garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, cumpliendo con la Constitución Política, la Ley de la Materia y las normativas vigentes’.
La opositora Alianza Cívica decidió interrumpir nuevamente este lunes el diálogo que sostiene con el GRUN desde el 27 de febrero, alegando la muerte el jueves como consecuencia de un amotinamiento del prisionero Eddy Montes Praslin, la cual inmediatamente calificaron de asesinato sin tener a mano pruebas fehacientes.