De acuerdo a los estándares judiciales de Estados Unidos, Inglaterra y otros países, estos cuatro sujetos y sus otros cómplices deportados, convertidos en cuasi mártires por la prensa al servicio del imperio norteamericano, son delincuentes a los que se les debe quitar la ciudadanía por conspiración “para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno…”.
John Perry
* Los medios corporativos al servicio de Estados Unidos, se han volcado condenando la decisión de quitar la ciudadanía a los vendepatrias nicaragüenses. Ninguno mencionó que la ley en los EE.UU., Gran Bretaña y otros países, permite la revocación de la ciudadanía, por, entre otras cosas, involucrarse en una conspiración “para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno…”.
“Nicaragua libera a cientos de presos políticos a los Estados Unidos”, informó el New York Times(9/2/23). En un movimiento inesperado el 9 de febrero, el Gobierno de Nicaragua deportó a los Estados Unidos a 222 personas que se encontraban en prisión y procedió a despojarlas de su ciudadanía.
Los presos habían sido condenados por varios delitos, entre ellos terrorismo, conspiración para derrocar al gobierno elegido democráticamente, solicitar a Estados Unidos que interviniera en Nicaragua, daño económico y amenazar la estabilidad del país, la mayoría relacionados con el violento intento de golpe de Estado de 2018 y sus consecuencias.
El presidente Daniel Ortega explicó que el embajador de Estados Unidos había aceptado incondicionalmente una oferta para enviar a los 222 “mercenarios” (como los llamó Ortega) a Washington. Otros dos optaron por permanecer en prisión en Nicaragua, y otros cuatro fueron rechazados por Estados Unidos.
A pesar del titular relativamente benigno del Times, su historia estaba fuertemente cargada contra un país que se había «deslizado hacia un gobierno autocrático» y cuyo gobierno había «atacado contra los opositores en la sociedad civil, la iglesia y los medios de comunicación». Para el Times, los “prisioneros políticos” no eran criminales sino “miembros de la oposición, empresarios, activistas estudiantiles y periodistas”.
Para el Washington Post (9/2/23), incluyeron a “algunos de los políticos de la oposición más conocidos de Nicaragua” y “aspirantes a la presidencia”. Su liberación había «aliviado una de las sagas de derechos humanos más sombrías de América Latina». Agregó que “varios de los presos tenían planeado postularse contra Ortega en las elecciones de 2021, pero fueron detenidos antes de la votación”.
Los medios corporativos recibieron un segundo bocado de la cereza cuando el gobierno de Nicaragua anunció, seis días después, que rescindiría la ciudadanía de otras 94 personas, la mayoría de ellas viviendo en el extranjero, en algunos casos por muchos años. La lista incluía nombres tan notables como los autores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. The Times(17/2/23) citó a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas diciendo que el derecho internacional “prohíbe la privación arbitraria de la nacionalidad, incluso por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos”. Para The Guardian (16/02/23), “el régimen autoritario de Daniel Ortega ha intensificado su represión política”.
Ninguno mencionó que la ley en los EE. UU., Gran Bretaña y otros países permite la revocación de la ciudadanía en los EE. UU. por, entre otras cosas, involucrarse en una conspiración “para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno de los Estados Unidos”, y en Gran Bretaña de «aquellos que representan una amenaza para el país». El gobierno británico ha dictado órdenes para privar de la ciudadanía a al menos 767 personas desde 2010.
Hay otras consideraciones importantes que aplican en el caso de Nicaragua, que los medios ignoran. En primer lugar, es un país pequeño, con medios limitados para defenderse, que ha sido objeto de la intervención estadounidense durante décadas: militarmente en la década de 1980, políticamente de manera más reciente y económicamente desde que se impusieron las sanciones en 2018.
Aquellos que piden un EE.UU. aún más fuerte (por ejemplo, restricciones al comercio) están poniendo en riesgo real el bienestar de los nicaragüenses.
En segundo lugar, existe un precedente de que los ciudadanos no elegidos de un país sean reconocidos como su gobierno “real” por parte de EE. UU. y sus aliados, en el caso del autoproclamado “presidente” Juan Guaidó en Venezuela, una táctica que robó con éxito los activos del país (Venezuelanalysis, 11/1/22), aunque no provocó el esperado golpe militar (FAIR.org, 1/5/19).
La posibilidad de que se usaran tácticas similares contra Nicaragua bien podría haber sido un factor que influyó en la acción que tomó.
Los relatos de los medios corporativos sobre las razones del gobierno de Nicaragua para las deportaciones y cancelaciones de ciudadanía fueron superficiales y despectivos.
Por ejemplo, el segundo artículo de The Guardian (16/2/23) decía que el gobierno “llamó a los deportados, que también fueron despojados de su ciudadanía, ‘traidores a la patria’”. El resto de su artículo se dedicó a la crítica del gobierno de Ortega.
El New York Times (9/2/23) citó al periodista nicaragüense Carlos Chamorro, uno de los 94, diciendo: “Todos los presos de conciencia son inocentes”. No hizo ninguna evaluación de su reclamación.
El Washington Post (9/2/23) sí incluyó la crítica de Ortega al financiamiento estadounidense de grupos opositores: “Esta gente está regresando a un país que los ha utilizado… para sembrar terror, muerte y destrucción aquí en Nicaragua”, dijo Ortega. Pero continuó informando con su propia voz que “Ortega aplastó un levantamiento antigubernamental a nivel nacional en 2018, el comienzo de una nueva ola de represión”.
En los Estados Unidos, el New York Times no se sorprende de que las personas que intentan derrocar al gobierno electo sean tratadas como criminales.
Como ha demostrado FAIR en una variedad de artículos, la cobertura mediática de Nicaragua presenta consistentemente la imagen de un país que sufre una represión extrema. La historia de los 222 deportados fue una oportunidad más para repetir este tratamiento.
Por ejemplo, en la cobertura de The Guardian (16/2/23) se incluyó a un funcionario de Human Rights Watch que decía: “El país está a punto de convertirse en el equivalente de Corea del Norte en el hemisferio occidental”. Ya sea el cierre de ONG, los resultados de las elecciones presidenciales de 2021, las razones del aumento de la migración de nicaragüenses a Estados Unidos o la respuesta del país al Covid-19, los medios corporativos ignoran las buenas noticias sobre Nicaragua, dan protagonismo a las opiniones de los opositores al gobierno y, si se cita a Daniel Ortega, se hace de manera denigrante.
El ejemplo más extraordinario de este sesgo es la pretensión de los medios corporativos de que el “terror, la muerte y la destrucción” del intento de golpe de Estado de 2018 nunca ocurrieron o fueron perpetrados únicamente por el “régimen autoritario”. Sin embargo, hubo amplia evidencia en ese momento, y desde entonces, de horribles actos de violencia contra la policía y los simpatizantes sandinistas.
El levantamiento que sacudió a Nicaragua duró aproximadamente tres meses, resultó oficialmente en 251 muertos (incluidos 22 policías; otros elevan el total de muertes) y más de 2.000 heridos. Supuestamente “causó mil millones de dólares en daños económicos” y condujo a un colapso económico. (Después de años de crecimiento, el PIB cayó un 3,4 por ciento en 2018).
El intento de golpe condujo a al menos 777 arrestos, y muchos de los condenados recibieron largas penas de prisión. Pero lo más importante, y en su mayoría ignorado por los medios corporativos, 492 presos fueron liberados entre mediados de marzo y mediados de junio de 2019.
La experiencia de Nicaragua en 2018 es comparable con el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los EE. UU.y la respuesta del sistema de justicia de los EE.UU., generalmente con el apoyo de los medios corporativos. El asedio al Capitolio duró solo unas pocas horas y provocó cinco muertes, unos140 heridos entre la policía y 2,7 millones de dólares en daños.
Al informar acríticamente sobre las sanciones contra los responsables, el New York Times (19/12/22) dijo que más de 900 personas habían sido acusadas hasta el momento, enfrentando penas de prisión de hasta diez años.
Más tarde, el Times (23/1/23) informó que cuatro culpables habían sido acusados de “conspiración sediciosa”, según un estatuto que data del período de la guerra civil. En palabras no muy diferentes a las utilizadas por el juez nicaragüense que anunció la orden de despojo de la ciudadanía a 94 personas, uno de los fiscales fue citado diciendo que los acusados “pervirtieron el orden constitucional”. Agregó que “estaban dispuestos a usar la fuerza y la violencia para imponer su visión de la Constitución y su visión de Estados Unidos al resto del país”, diferencia de los informes del Times sobre Nicaragua, no hay indicios de crítica a estos cargos, ni se cuestiona si están justificados.
Evidencia de irregularidades
William Sirias Quiroz testificó que Medardo Mairena, uno de los presos deportados por Nicaragua, supervisó personalmente su tortura a manos de militantes de la oposición y dijo: “Tenemos que hacer de esto un ejemplo”.
Este es el contexto en el que las 222 personas supuestamente «inocentes» liberadas en los Estados Unidos habían sido acusadas y declaradas culpables durante 2021 y 2022. Las preguntas sobre las malas acciones de las 222 se dejaron de lado en la cobertura de los medios corporativos, pero hubiera sido fácil para encontrar pruebas de irregularidades. Aquí hay tres ejemplos:
Cristiana Chamorro encabezó una ONG, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que recibió 76 millones de dólares USAID. Esto se utilizó para influir en las elecciones de Nicaragua a través de una serie de medios de comunicación de la oposición, varios propiedad de la familia Chamorro. Se negó a cumplir con las leyes de transparencia y cerró su fundación; luego fue condenada por lavado de dinero.
Félix Maradiaga fue condenado por traición, porque había abogado por sanciones económicas contra Nicaragua.
Medardo Mairena y Pedro Mena habían organizado una serie de ataques armados en 2018, por los que habían sido indultados en la amnistía de 2019. Entre ellos, el asedio a la comisaría de Morrito el 12 de julio de 2018, en el que murieron cinco personas. Posteriormente, ambos fueron condenados nuevamente por nuevos delitos. En 2020, un gran número de víctimas brindaron evidenciade la violencia ejercida por Mairena y sus asociados en 2018 en la región central de Nicaragua.
Para los medios corporativos estadounidenses, nada de esto era relevante. La verdadera razón de los arrestos originales en 2021 fue simple: Ortega esperaba perder las elecciones de ese año, por lo que encerró a sus oponentes.
Es cierto que varios de los encarcelados habían manifestado interés en presentarse. Pero en un análisis postelectoral conjunto con el periodista Rick Sterling, argumenté que habrían tenido pocas posibilidades de participar, y mucho menos de ganar.
Sin embargo, según el Washington Post (9/2/23), esto significó que Ortega, “esencialmente sin oposición, navegó a un cuarto mandato consecutivo”.
De hecho, ganó el 76 por ciento de los votos con una participación del 65 por ciento, frente a otros cinco, incluidos dos candidatos de partidos que habían estado en el gobierno en los años anteriores a que Ortega volviera al poder.
«Un lugar terrible»
¿Por qué fueron liberados los prisioneros? The Post admitió que no había habido un “quid pro quo”, pero luego publicó una cita que afirmaba que Ortega estaba “comprando un respiro a nivel internacional”.
No es que las sanciones se relajaran, por supuesto: «Los funcionarios… dijeron que continuarían presionando a la administración de Ortega», informó el periódico, ya que «la administración de Biden no cree que ‘la naturaleza del gobierno’ haya cambiado». Dan Restrepo, asesor de seguridad nacional del presidente Obama para América Latina, declaró: “Nicaragua sigue siendo un lugar terrible para los nicaragüenses, y mucho más tiene que cambiar”.
Los lectores de los medios corporativos que no están familiarizados con Nicaragua reciben impresiones del país, reforzadas con cada noticia, que es un “lugar terrible”, en manos de un estado policial. Como alguien que vive en el campo, encuentro una gran disyunción entre estas descripciones y la realidad de la vida cotidiana de los nicaragüenses.
Los lectores del Times o del Post podrían sorprenderse al saber que Nicaragua fue juzgada recientemente como el lugar del mundo donde la gente está más en paz (CNBC, 7/1/23 ). InSight Crime (8/2/23) lo clasificó como el segundo país más seguro de América Latina, según datos reportados sobre homicidios. Abordó el Covid-19 con más éxito que sus vecinos y tiene la tasa de vacunación más alta de la región. Los sitios web dedicados al turismo lo consideran un destino favorito en América Central y ensalzan su amabilidad.
Finalmente, la decisión del gobierno de deportar a los 222 fue popular en la propia Nicaragua, al menos entre los partidarios del gobierno. Hubo manifestaciones entusiastas en al menos 30 ciudades el fin de semana siguiente, incluida la ciudad donde vivo. No persuadido, el British Independent (12/2/23) dijo que la “maquinaria política sandinista movilizó a unos pocos miles de sus fieles”. No deben haber visto los informes de la capital, Managua, donde decenas de miles llenaron las calles.