La CIDH le recuerda al Gobierno mexicano que es ella la que decide sobre el GIEI. El letrado ha sido sometido a pinchazos telefónicas y sus conversaciones privadas se difunden en la red.
México le ha comunicado oficialmente este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que viene diciendo a través de los medios desde hace días: que no quiere prolongar más el mandato de los expertos internacionales que desde hace un año revisan el caso Ayotzinapa sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (GIEI) y cuyo análisis ha chocado con la versión oficial.
“Creemos que ha transcurrido un tiempo suficiente, un poco más de un año, y es tiempo de que el GIEI presente las conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano”, explicó en rueda de prensa en Washington el subsecretario de Derechos Humanos mexicano, Roberto Campa, tras reunirse con los comisionados en la sede del organismo en la capital estadounidense.
La respuesta de la Comisión no se ha hecho esperar: la decisión última sobre la renovación o no del mandato “corresponde a la CIDH”, dijo su presidente y relator para México, James Cavallaro, en una declaración escrita a los medios. En ella, recordó que el acuerdo “vigente” por el que se estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) a finales de 2014 establece que su mandato “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”. Dichas consultas tuvieron lugar esta misma semana. Y mientras el Gobierno dijo no, los familiares de los estudiantes “solicitaron la renovación del mandato hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se determine el paradero de los estudiantes desaparecidos y se haga justicia”, según Cavallaro.
En vista de la renuencia del Estado a continuar una presencia claramente incómoda para el Gobierno, es difícil que el mandato se pueda prolongar más allá del 30 de abril, que es cuando expira el plazo actual. Aun así, Cavallaro precisó que la CIDH está “estudiando los insumos recibidos” y que para tomar “su decisión sobre la extensión del mandato” espera poder participar en la reunión en la capital mexicana con el GIEI, el Estado y los familiares a celebrarse antes del 24 de abril, la fecha en que los expertos presentarán sus conclusiones finales.
En su comparecencia ante un grupo de periodistas en Washington, los representantes del ejecutivo de Enrique Peña Nieto se esforzaron por asegurar que la decisión del Gobierno no supone una minusvaloración del trabajo del GIEI o del compromiso del Estado mexicano con la CIDH.
“Hicimos patente nuestra voluntad de seguir cooperando con la CIDH en este tema”, afirmó el subsecretario para Asuntos multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas. “La fase conclusiva del mandato del GIEI no significa que la CIDH no seguirá este tema en su agenda (…) estaremos muy en contacto con la Comisión para rendir informes”, agregó.
Además, el balance del trabajo de los expertos es “muy positivo”, acotó Campa.
Sus aseveraciones contrastan con la patente tensión vivida los últimos días tanto en Washington como en México entre el Gobierno, el GIEI y la CIDH, que ha criticado la campaña de desprestigio que han sufrido tanto los expertos internacionales como la Comisión y su jefe, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, en medios mexicanos. La CIDH ha señalado públicamente a las autoridades mexicanas como la mano detrás de esos ataques, extremo que el Gobierno negó “enfáticamente” hace solo una semana en Washington, durante las audiencias de la Comisión.
EE UU también está preocupado
El no oficial del Gobierno mexicano a la continuación de las tareas de los expertos internacionales se conoce en el mismo día en que el Departamento de Estado norteamericano volvió a manifestar su preocupación por la situación de derechos humanos en México, en su informe anual por países sobre este tema, presentado por el secretario de Estado, John Kerry.
La introducción del capítulo mexicano no varía sustancialmente del realizado un año atrás, y vuelve a dejar clara la preocupación estadounidense por la participación de agentes y militares en “abusos graves” de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales a torturas y desapariciones, así como la “impunidad y corrupción” instaladas en las instituciones que debieran impedir y juzgar esos abusos.
El informe también refleja los asesinatos, secuestros e intimidaciones perpetradas por grupos criminales organizados contra periodistas, migrantes o defensores de derechos humanos.
“Nunca hemos negado que México enfrenta retos y desafíos en materia de derechos humanos, por eso tenemos una política de cooperación muy abierta con los organismos internacionales”, replicó el subsecretario Cabañas, para quien el Gobierno federal está haciendo un “gran esfuerzo” para “atender todos los retos que México enfrenta”.
El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México ha tenido intervenido el teléfono y algunas de sus conversaciones están siendo filtradas en las redes sociales y recogidas por los medios de comunicación. Vidulfo Rosales, en un vídeo filtrado esta semana, critica a los familiares de las víctimas en una conversación privada con su pareja en la que trata asuntos intrascendentes.
Las conversaciones del abogado, de procedencia desconocida, tienen como objetivo desacreditarle y salen a la luz en medio de los tiras y afloja entre el Gobierno y los expertos internacionales que llegaron a México para investigar de manera independiente el caso, ocurrido en septiembre de 2014.
El nudo gordiano del conflicto es si los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa fueron quemados en un basurero, como sostiene la fiscalía en base a los testimonios de los sicarios detenidos, o si esa versión está descartada por el peritaje de algunos expertos que mantienen que no hay evidencias de que un fuego de tal magnitud se haya dado en ese lugar. Otros peritos creen probable que al menos 17 personas fueran incineradas en ese sitio. La investigación parece encallada y no ha logrado consenso en México en torno a lo ocurrido esa noche a pesar de que hay 130 detenidos.
La noticia fue publicada en la prensa mexicana. En la llamada telefónica a la que se refiere la información se escucha al abogado especialista en derechos humanos, en un momento de enfado, criticando algunos de los comportamientos de sus clientes en situaciones mundanas, como no lavar platos o recoger mantas durante sus protestas.
“Hay unos padres medio ojetes; van subiendo las madres (…) y no es para que dejen que ellas suban primero. No ven que hay algunas mamás grandes…”, dice Vidulfo al teléfono, en una conversación sin fecha. En otro momento se queja de que no puede ir al baño porque los padres están haciendo una fila muy larga, y finaliza: “pinche bola de indios”. Esa expresión tiene una carga muy fuerte de odio y discriminación en México.
No es la primera filtración que afecta a Rosales. Hace poco más de una semana se difundió otro vídeo en el que Los Rojos, un cartel de Guerrero, amenaza supuestamente a los padres de los 43 por haber recibido dinero de Los Guerreros Unidos, el grupo criminal involucrado en el exterminio de los estudiantes. A continuación se escuchaba una conversación entre el abogado y uno de los familiares donde hablaban de un conflicto por una cantidad de dinero extraviado.
El abogado, quien sostiene que la versión gubernamental está manipulada, explicó después que esta conversación era real pero que aludía a un dinero que había donado el Instituto Nacional de Antropología e Historia que no había sido debidamente distribuido entre las familias afectadas por la tragedia. Rosales dijo a EFE que tiene claro quién filtra las conversaciones: “Para nosotros es el Gobierno, no tenemos pruebas de lo que estoy diciendo, puede ser muy temerario”.