Bruno Sgarzini*
«Grupos de activistas y miembros de la oposición recordaron al presidente Evo Morales que su política de ampliación de la frontera agrícola, para favorecer a los agroindustriales y a ganaderos, son la causa del desastre medioambiental», escribió el diario opositor Página Siete, atribuyendo responsabilidades al presidente boliviano Evo Morales por la quema de 500 mil hectáreas del Bosque de Chiquitania, ubicado en el departamento de Santa Cruz.
La quema del bosque, inmediatamente, dio paso a una agresiva campaña en redes sociales y medios de comunicación en contra del presidente Evo Morales, al atribuir los incendios al decreto 3973 y la ley 741 que supuestamente permiten la deforestación y quema controlada para actividades orientadas a la agricultura y la ganadería.
«Las leyes de quema y desmonte», fue la calificación que el diario opositor El Tiempo utilizó para ambas legislaciones, omitiendo que una de ellas fue aprobada por opositores y oficialistas en el Congreso, según informó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.
Sin embargo, se obvia por completo las sospechas sobre la intencionalidad del incendio. Fueron encontrados en algunos focos, restos de botellas con gasolina y fue arrestado un grupo de personas acusadas de iniciar las llamas. El papel del alcalde de San José de Chiquitos, el opositor Germain Caballero, también representa otro indicio, debido a la otorgación de permisos de «chaqueo», como en Bolivia se denomina coloquialmente a los desmontes.
La histeria sobre este incendio en el bosque tropical mejor conservado en el mundo contrasta con un hecho que poco se ha informado: los focos de incendio se redujeron de 11 mil 468 a 1 mil 362 en la última semana (un 85% del total de las llamas), producto del trabajo de más de 4 mil personas, y el despliegue de 200 vehículos y cinco aeronaves, entre ellas el famoso Supertanker.
LA CAMPAÑA Y SUS PRINCIPIOS DE DIVULGACIÓN
Una de las figuras de esta campaña, el especialista en marketing y neurociencias Jurgen Klaric, exigió en un video que el presidente Morales acepte el envío de ayuda internacional, y de garantías que las medicinas trasladadas por donaciones llegarán a los afectados por los incendios.
«Hoy somos bolivianos, no hay partidos ni hay intereses particulares, el único interés es salvar el pulmón del planeta», afirmó en un discurso dirigido por completo a criticar a Evo Morales y su gobierno. En esta misma línea, un grupo de influencers ecológicos con figuras de la farándula grabaron un video con la etiqueta #SOSChiquitania para promocionar la campaña.
De la misma manera, Ximena Zalzer, ex reina de belleza y conductora de la televisión boliviana, es otra de las protagonistas de la campaña a favor del ingreso de «ayuda internacional» para lidiar con los incendios en el bosque de Chiquitania. De hecho, ella es una de las principales voceras de la campaña #SOSChiquitania que, en las redes sociales, establece que el gobierno de Morales es responsable del origen del incendio y de negarse a recibir «ayuda internacional».
Esta cartelización de la opinión ciudadana, promovida desde las redes sociales y los medios privados de comunicación, responde a principios básicos de propaganda y marketing, enfocados en establecer un enemigo único y una serie de argumentos base repetidos hasta el hartazgo, como sucede respecto a las razones que explican el incendio y la responsabilidad del presidente Morales.
Algunas de estas técnicas, el propagandista nazi Josseph Goebbels las catalogó como principios de simplificación, vulgarización y orquestación. De esta forma, los videos posicionados como tendencia en #SOSChiquitania apelan a las emociones del público reflejando la devastación natural y la muerte de animales producto de la quema del bosque.
Así se posiciona a Evo Morales como «único culpable» de los incendios. Esta idea base circula a través de historias virales por las redes sociales, acorde a principios de publicidad que el teórico Edward Bernays recogió en su trabajo Ingeniería del consentimiento, en el cual elabora un método para «que la gente apoye determinadas ideas y programas, a partir de la aplicación de principios científicos y estudios de opinión pública».
En esta misma línea fue que los orquestadores de esta campaña establecieron unilateralmente la cifra de hectáreas quemadas en 1 millón para posicionar los incendios como un «desastre natural» inobjetable, uno de los argumentos más fuertes para presionar al gobierno boliviano para que acepte precisamente «ayuda internacional», como exigen desde grupos ambientales hasta indígenas.
PROTESTAS, AGITACIÓN Y LAS CONTRADICCIONES EN EL DISCURSO
El fuego concentrado en las redes sociales y los medios privados con una misma matriz de opinión dio lugar a una serie de acciones de calle, espectacularizadas en las redes sociales para reforzar la campaña de agitación contra el gobierno boliviano.
La primera fue la convocatoria a una marcha en La Paz, capital de Bolivia, con una agenda de cuatro puntos:
• «Autorización inmediata de ayuda nacional e internacional ya presente en suelo boliviano».
• «Permitir a organizaciones ciudadanas (léase ONG) a desarrollar labores de ayuda».
• «Emitir un documento público solicitando ayuda a la comunidad internacional en la ONU y la OEA en 48 horas».
• «Derogación del decreto supremo 3973».
Como ya es común en estos casos, los promotores de esta convocatoria fueron figuras de la farándula, en este caso Ximena Zalzer y Jurgen Klaric, además de miembros de grupos ambientalistas influenciados por ONG.
De esta forma, la convocatoria se «ciudadanizó», sin rasgos partidarios visibles, con el fin de convertir sus demandas en contra del gobierno boliviano en un centro apolítico que aglutinara más allá de los interesados en el tema. Precisamente para convertir una demanda, en apariencia sin interés político, en un asunto de la mayoría de los bolivianos, de acuerdo a los principios de propaganda antes explicados.
La acción que siguió a esta movilización fue la irrupción de un grupo de ambientalistas en un acto por el primer envío de carne a China, que tiene un potencial de ingreso para el país de 800 millones de dólares para el año 2030, una cifra de enorme importancia para la diversificación de ingresos para el país.
«La Chiquitania se incendia y ustedes hablan de exportar carne», gritaron los activistas que adjudican las razones del desmonte a la extensión de la frontera agrícola para producir carne y soya, además de la otorgación de tierras a productores de coca.
En el mismo ejercicio narrativo de consolidar a Evo Morales como el único culpable, los grupos ambientales lo calificaron como el «santo de los ganaderos» con la mala intención de ponerlo de protector de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y la Confederación de Ganaderos de Bolivia, ambas organizaciones presentes en el acto. Es una clara maniobra para constituir al presidente de Bolivia como el «poder constituido» al que hay que enfrentarse con el fin de parar con el «chaqueo».
Sin embargo, el núcleo discursivo sobreexpuesto por influencers y trolls de pocos seguidores, seguramente pagados por alguna agencia de publicidad, desconoce por completo que el presidente Morales paró por completo la adjudicación de tierras en Chiquitania, y ordenó recibir ayuda internacional de ocho países por 2.2 millones de dólares, además de anunciar que se consensuara una nueva ley de «chaqueos».
Obviamente este tipo de omisiones apuntan a sembrar desinformación, favorable a la campaña en contra del gobierno boliviano, para mantener en la agenda un reclamo que a su debido momento cambie radicalmente a un único foco: el cuestionamiento a la figura de Evo Morales y su gobierno de cara a las presidenciales.
En ese sentido, destaca que entre las cuentas presentadas como influyentes en la campaña, por parte del estratega digital boliviano Carlos Andrés Peredo, se halle la de la ONG ambientalista Ríos de Pie, fundada por Jhanisse Daza, miembro de la Human Rights Foundation (HRF) de Thor Halvorssen Mendoza, primo del empresario venezolano Lorenzo Mendoza.
Daza es una de las principales promotoras, por ejemplo, de las protestas contra el presidente Morales en las embajadas de Bolivia en el exterior, al igual que se lo hizo en semanas anteriores en las sedes diplomáticas de Brasil contra Jair Bolsonaro por la quema del Amazonas.
La HRF pertenece a la red Atlas Foundation, financiada por los industriales estadounidenses de la oligarquía Koch, desde la cual se han financiado movimientos como «Brasil Livre», que en 2013 salió a las calles contra Dilma Rousseff en la Copa de Oro por la subida del pasaje de autobús. Paradójicamente, ese movimiento configuró la antesala del proceso que derivó en la destitución ilegal de Rousseff, convirtiéndose en un golpe de efecto, similar a «La Salida» en Venezuela de 2014.
Daza, por otra parte, fue formada en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde participó del programa «Liderando el movimiento no violento para el progreso social».
En esta línea, en febrero dio una conferencia al estilo TED, auspiciada por la embajada de España en Bolivia, en la que describió la «estrategia no violenta» que desarrolla para derrocar a Evo Morales.
Se considera además admiradora y persona cercana a Srdja Popovic, miembro del movimiento serbio Otpor que destituyó al presidente Slobodan Milosevic, en lo que se cree es una de las primeras revoluciones de color del mundo.
Gracias a su pertenencia al Foro de Oslo, auspiciado por HRF, la joven boliviana frecuentemente intercambia ideas sobre «estrategias no violentas» con líderes financiados por Estados Unidos en otros lugares del mundo, como quienes hoy lideran las protestas en Hong Kong.
¿REVOLUCIÓN DE COLOR O ANTESALA A UNA FASE DE ACOSO Y DERRIBO?
La campaña se asimila bastante a lo que en 2011 dio origen a las protestas contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). De más está decir que en esa oportunidad participaron diversas ONG ambientalistas, financiadas por Estados Unidos, y el fotógrafo boliviano-israelí Sammy Shwartz, uno de los principales promotores de la etiqueta #SOSChiquitania.
En este contexto, es de prever que la audiencia-objetivo de esta nueva operación de cambio de régimen sea la clase media alta, tradicionalmente anti-evista, y la nueva clase media nacida gracias al proceso boliviano.
Es de esperar que los principales bombardeados, a través de las redes sociales, sean los más jóvenes que se criaron durante los gobiernos de Evo Morales, considerado el 39% del padrón electoral. Dado que este sector, por lo general, es receptivo a la propaganda que establezca como «rebeldía» oponerse al gobierno de turno por más que la gestión del Movimiento Al Socialismo les haya asegurado una estabilidad económica.
En un contexto donde Evo Morales lidera las encuestas previo a las presidenciales con 43%, un golpe de efecto de este tipo también puede cambiar la trayectoria del proceso electoral para sentar las bases de un proceso de deslegitimación en su contra.
La singularidad de Bolivia al día de hoy es que integra el bloque regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), donde tres de sus principales integrantes (Cuba, Nicaragua y Venezuela) son considerados por Estados Unidos como la «troika del mal», y dos de ellos (Ecuador y El Salvador), han cambiado de orientación por intermedio de traiciones y cambios de gobierno.
En este sentido, las fallidas revoluciones de color en Nicaragua y Venezuela, manufacturadas bajo la misma horma, permitieron a Estados Unidos poner en marcha nuevas formas de guerra contra los dos países a través de sanciones, y la promoción en el caso venezolano de un gobierno paralelo.
Bolivia, en este contexto, puede estar en la antesala de un proceso similar de ablandamiento que permita atacar la principal fuente de estabilidad política: la economía.
En un trabajo del analista ruso ucraniano Rotislav Ishchenko sobre los «golpes o revoluciones de color», se afirma que el «Estado-agresor» por lo general busca poner al «Estado-víctima» a enfrentar protestas violentas de calle. Por medio de estas, el «Estado-agresor» obliga al gobierno atacado a elegir entre capitular o reprimir las protestas para que, al suceder esto último, calificarlo de «dictatorial» y que ha perdido su legitimidad.
Esto habilita al «Estado-agresor» a interferir en los asuntos internos del país agredido, de ser posible a través de mandatos de organismos multilaterales como la ONU o la OEA, utilizando en pretexto de protección a los derechos humanos y la institucionalidad democrática supuestamente vulnerada por el «Estado-víctima».
De esa forma, se pueden conformar coaliciones internacionales para encubrir las agresiones contra la nación-víctima, como sucede en Venezuela con el famoso Grupo de Lima. Sobre esto, ya hay gestiones en la OEA para condenar la reelección de Evo Morales con el auspicio de Colombia y Brasil.
Sin embargo, en Bolivia la historia aún está por escribirse, pero se enmarca en un contexto regional en el que Estados Unidos ha optado por criminalizar y perseguir a sus adversarios geopolíticos regionales hasta verlos caer.
*Somos un grupo de periodistas e investigadores independientes dedicados a estudiar la guerra contra venezuela y el conflicto global.