Por segunda vez en apenas 13 meses, el Congreso de Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a un juicio político.
Este miércoles, la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes y diez republicanos convirtieron a Trump en el primer presidente de la historia del país en tener dos impeachments en su currículum.
A Trump lo acusan de «incitación a la insurrección», luego de que miles de sus seguidores asaltaron el pasado 6 de enero el Capitolio, donde los legisladores se encontraban certificando la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.
El presidente rechaza la acusación y asegura que este proceso es una «continuación de la caza de brujas» en su contra.
El primer impeachment, que acusó a Trump de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, no logró la destitución del mandatario, quien fue exonerado por el voto casi unánime de la mayoría republicana en el Senado.
Esta vez, sin embargo, las circunstancias son distintas: el presidente ya no goza del apoyo monolítico del Partido Republicano, que pronto dejará de ser mayoría en el Senado..
Y además este impeachment se da cuando faltan menos de dos semanas para que Trump abandone la Casa Blanca, el 20 de enero..
BBC Mundo te cuenta cuáles son las principales dudas que rodean este nuevo procedimiento que -eso sí- desde ya ha hecho historia al convertir a Trump en el único presidente estadounidense en ser sometido en dos ocasiones a un juicio político.
1.¿Cómo y cuándo se realizará el juicio?
Una vez aprobado por la Cámara Baja el impeachment, la acusación formal, pasa al Senado que es donde se celebra el juicio político propiamente y una condena requiere una votación de dos tercios.
Gracias al control que tienen sobre la Cámara de Representantes, los demócratas pueden decidir cuándo enviar la acusación al Senado, que tendría que iniciar el juicio inmediatamente.
Este miércoles no había quedado claro cuándo ocurrirá esto pues el liderazgo demócrata evalúa cuál es el mejor momento para hacerlo de forma que el proceso no ensombrezca ni dificulte los primeros 100 días del gobierno de Biden.
El mismo presidente electo sugirió esta semana que la posibilidad de que el Senado trabaje media jornada en el impeachment y media jornada en las audiencias de confirmación de los altos cargos del nuevo gobierno.
En todo caso, incluso si la Cámara de Representantes decidiera remitir la acusación inmediatamente a la Cámara Alta el proceso no terminaría antes de que entre en funciones el nuevo gobierno, según advirtió este miércoles el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
«Dadas las normas, procedimientos y precedentes del Senado que regulan los juicios políticos presidenciales, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo o serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden sea investido la semana que viene», aseguró.
El Senado se encuentra en periodo de receso y en su calendario no está previsto el reinicio de actividades sino hasta el 19 de enero, apenas un día antes de la toma de posesión de Biden.
2. Cuál va a ser el rol de los republicanos
A diferencia de lo que ocurrió con el impeachment de 2020, que fue rechazado en bloque por los diputados republicanos, en esta ocasión Trump no cuenta con un apoyo monolítico.
La aprobación de iniciar este segundo juicio político en la Cámara de Representantes contó con el voto de 10 legisladores del Partido Republicano. Además, cuatro se abstuvieron, lo que hace entrever fisuras en las filas conservadoras.
De hecho, durante el debate de este miércoles en el Congreso incluso los legisladores republicanos que se opusieron al impeachment lo hicieron más basados en el argumento de que la medida profundizará las divisiones políticas en el país más que haciendo una defensa de la inocencia de Trump ante los cargos que se le imputan.
De igual modo, mientras el año pasado el excandidato presidencial Mitt Romney fue el único senador republicano en votar a favor de condenar y sacar del cargo a Trump, esta vez son varias las voces que críticas que se alzan contra el mandatario.
Aunque Romney sigue siendo visto como el republicano con mayor probabilidad de votar a favor de la condena, otros senadores conservadores como Lisa Murkowski y Pat Toomey han dicho que Trump debería renunciar.
Algunos medios estadounidenses mencionan también a los senadores Susan Collins y Ben Sasse como posibles votos en contra del mandatario.
Pero incluso si estos cinco republicanos respaldaran la acusación, no está claro que se pueda conseguir una condena pues para alcanzar los dos tercios se requiere del voto de, al menos, 16 de los 50 senadores de ese partido.
Muchos analistas señalan que la clave para conseguir los votos faltantes está en manos de Mitch McConnell, quien a diferencia de lo ocurrido en 2020 cuando dejó claro desde el principio que se opondría al impeachment, esta vez ha dejado la puerta abierta a una condena
«No he tomado una decisión final acerca de cómo voy a votar y tengo la intención de escuchar los argumentos legales cuando sean presentados al Senado», señaló este miércoles en una declaración dada a conocer por un portavoz.
«Creo que si McConnell apoya la acusación en el Senado, entonces se conseguirán los votos para condenar al presidente», dijo un asistente republicano senior a la cadena NBC.
McConell ha sido un fuerte aliado de Trump con quien ha compartido numerosos objetivos durante los últimos cuatro años, pero la semana pasada marcó una clara distancia al rechazar abiertamente los esfuerzos del mandatario por cambiar los resultados de las elecciones presidenciales.
Pero incluso para los dirigentes republicanos que condenan el asalto al Capitolio y que atribuyen a Trump algo de responsabilidad por lo ocurrido, la decisión de condenarle es difícil pues el mandatario sigue siendo una figura inmensamente popular entre las bases del partido.
Según un sondeo de la encuestadora Quinnipiac realizado después del asalto al Capitolio, 71% de los republicanos aprueban la gestión de Trump y 73% creen que él está protegiendo y no debilitando la democracia.
Esta popularidad le otorga al mandatario una gran influencia entre los votantes, lo que en ocasiones anteriores le ha permitido hacer descarrilar las candidaturas a cargos de elección popular de dirigentes conservadores que no le eran leales.
3. Qué ganan con el impeachment sus promotores
Un presidente condenado en un juicio político en el Senado, algo que jamás ha pasado, es castigado con la remoción del cargo.
Pero este no va a concluir sino después de que Trump haya abandonado la Casa Blanca y por eso surge la pregunta sobre qué sentido tiene realizar este proceso e, incluso, si legalmente seguirá siendo procedente.
El artículo II sección 4 de la Constitución dice:
«La Constitución le otorga al Congreso la autoridad para hacer un juicio político y retirar del poder al Presidente, Vicepresidente y todos los cargos civiles del gobierno federal de EE.UU. por traición, soborno u otros altos crímenes y delitos».
Al no aparecer nada explícito sobre límites de fechas para llevar adelante el juicio político, juristas optan por interpretar los artículos constitucionales en uno u otro sentido.
Greg Woods, profesor de Estudios Judiciales en la Universidad Estatal de San José (California), considera que en estas circunstancias la condena pierde sentido.
«Dado que el presidente en ejercicio ha sido votado fuera del cargo a través de una elección legal, y quedándole poco más de una semana, la condena política del impeachment es irrelevante, ya no es necesaria«, dijo Woods en conversación con BBC Mundo.
Otros expertos consideran que dado que la Cámara de Representantes aprobó acusar formalmente al mandatario cuando todavía está en el poder, el Senado puede juzgarlo aunque ya haya abandonado el cargo.
Antes de que se aprobaran los cargos contra Trump este miércoles, hubo algunas voces que se alzaron pidiendo que más bien se aprobara una especie de voto de censura en contra del mandatario.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, se negó a optar por esa opción por considerarla insuficiente.
Y es que quienes promueven el juicio político apuntan que el objetivo va más allá de sacar a Trump de la presidencia.
Si le condena, el Senado también puede resolver prohibirle ostentar cualquier cargo público en el futuro.
También perdería los beneficios otorgados a sus predecesores según la Ley de Expresidentes (1958) que incluyen una pensión, seguro médico, un presupuesto para viajes de hasta US$1 millón y una serie de medidas de seguridad, todo ello pagado por los contribuyentes.
Una sanción con semejante alcance pondría fin a la posibilidad legal de que Trump busque postularse nuevamente a la presidencia en 2024 -como ha insinuado en varias ocasiones- pero además podría permitir a sus adversarios dentro del Partido Republicano intentar recuperar el control de esa institución
Al final de cuentas, no hay que perder de vista que Trump comenzó a dominar ese partido en 2016 en contra de la voluntad de gran parte de sus dirigentes, muchos de los cuales optaron por plegarse a sus designios más por una estrategia de supervivencia que por otra cosa.
Así, aún después del 20 de enero, una condena a Trump podría favorecer no solamente al Partido Demócrata sino también a sectores del Partido Republicano.
Aunque eso, claro está, también dependerá de la popularidad que el mandatario logre mantener entre los votantes pues con los niveles de apoyo actuales seguirá siendo una figura de referencia en la política estadounidense, incluso si no puede ser candidato.