El presidente enfrentará el próximo miércoles la tercera moción de vacancia que se presenta en su contra.
La crisis política que arrastra Perú recrudeció la noche del jueves luego de que el Congreso aprobara el inicio de un proceso de destitución en contra del presidente Pedro Castillo y que ya es el tercero que enfrenta en solo 16 meses de Gobierno.
Fue una jornada agitada, ya que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe sobre Perú y recomendó una «tregua» y un diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero de nada valió porque, horas más tarde, la mayoría del Congreso votó a favor de admitir la «vacancia», el mecanismo institucional que existe para deponer al mandatario de turno «por incapacidad moral».
También acordaron que el proceso se llevará a cabo el próximo miércoles, por lo que Castillo tendrá que acudir al pleno para defenderse. Después, los congresistas votarán si lo destituyen o no.
Ya lo intentaron el 8 de diciembre del año pasado, cuando los opositores no alcanzaron los votos necesarios para debatir la vacancia en sesión plenaria. Lo lograron en su segundo intento, el 28 de marzo, pero solo sumaron 55 de los 87 votos que requerían para poner fin al actual Gobierno.
Mientras el Congreso en pleno admitía el trámite, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó una iniciativa para adelantar las elecciones con el fin de que Castillo deje el poder el 28 de julio de 2023, es decir, apenas dos años después de haber asumido en un cargo que debía ocupar por un lapso de cinco años.
Esa iniciativa todavía debe ser discutida en el pleno, pero demuestra que, de una forma u otra, la oposición seguirá presionando para evitar que Castillo termine en tiempo y forma su gestión.
El debate
Bastó una sesión de dos horas y media para que, por una mayoría de 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones, el Congreso aprobara la tercera moción de vacancia que, en esta ocasión, fue presentada por Edward Málaga (Partido Morado).
Durante la discusión, el expresidente del Consejo de Ministros y actual congresista, Guido Bellido, apeló a que tanto el Ejecutivo como el Legislativo respeten la democracia y se dejen trabajar mutuamente.
En el mismo sentido se pronunció Roberto Sánchez (Cambio Democrático), quien convocó a respetar la tregua que un rato antes había propuesto la OEA, pero los opositores insistieron en avanzar hacia la destitución del mandatario.
«Hay un presidente que no puede distinguir entre el bien y el mal», advirtió Flor Pablo Medina (Integridad y Desarrollo), mientras que Diego Bazán (Avanza País) aseguró que jamás se sentará a dialogar «con un gobierno corrupto».
Al igual que él, la mayoría de los discursos opositores se basó en las denuncias de corrupción que acechan a Castillo y que lo han llevado a convertirse en el presidente peruano que ha enfrentado un mayor número de denuncias constitucionales.
La respuesta permanente del presidente es que las acusaciones forman parte del «golpe de Estado» que sus rivales han querido cometer desde que se colocó la banda presidencial.
De manera paralela, la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el fujimorista Hernando Guerra, avanzó con un dictamen que recorta el mandato presidencial y el de los congresistas, lo que implica que el próximo año se renovarían todas las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La expresidenta del Congreso Lady Camones (Alianza para el Progreso) apoyó el dictamen y propuso que sea aprobado incluso antes de debatir la reforma política, que prevé la creación de un sistema bicameral y la reelección parlamentaria.
Este grupo de trabajo también votó a favor de reducir de 87 a 66 el número de votos que se requieren para declarar la «vacancia por incapacidad moral» del presidente.
Si se aprueba, será una nueva herramienta para destituir a Castillo en caso de que fracase su intento de deponerlo el próximo miércoles.