El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en conjunto con el Ministerio Público, continúan las investigaciones para determinar los implicados en el intento del golpe de Estado del 30 de abril, cuando murieron cinco personas.
El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, precisó la víspera que el ente autorizó la continuidad del enjuiciamiento de seis diputados del órgano plenipotenciario en desacato, quienes “participaron de manera flagrante” en la acción golpista de la pasada semana.
Al respecto, el máximo representante del Poder Legislativo adelantó que otros tres parlamentarios opositores ya fueron identificados en las pesquisas, de los cuales se conocerá su identificación en las próximas horas.
Cabello explicó que los diputados no van a un antejuicio de mérito, tras cometer los actos en flagrancia, y por ello se aprueba el allanamiento de la inmunidad.
“La medida debemos tomarla para que no haya impedimento de ninguna naturaleza y que el proceso judicial sea llevado a todos los niveles requeridos”, enfatizó el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Como parte del proceso judicial, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, notificó a la prensa que hasta la fecha 233 personas están detenidas por presunta participación en las últimas acciones desestabilizadoras de la derecha.
De acuerdo con el funcionario, tras los ataques golpistas, el MP procesó 18 órdenes de aprehensión para civiles y militares.
“Ese día vimos a parlamentarios y algunos oficiales con rango de teniente coronel actuar al margen de la ley. Destaca entre ellos quien era el jefe del Destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana en el Palacio Legislativo, Ilich Sánchez Farías”, afirmó.
En ese sentido, Saab recapituló que Sánchez engañó a sus tropas al decirles que desarrollarían una operación de rutina y los trasladó al Distribuidor Altamira, al este de Caracas, donde se encontraban los dirigentes opositores Juan Guaidó y Leopoldo López al frente del operativo.
Las autoridades venezolanas denunciaron que la operación buscaba llamar a la violencia a la sociedad como parte de la agenda de ese sector, enfocada en desconocer a las autoridades legítimas del país sudamericano.
“Estas acciones andan buscando un derramamiento de sangre”, señaló por su parte el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, al tiempo que ratificó que “las armas de la República están para defender su soberanía y su independencia”.
Vicepresidente EU amenaza a miembros de TSJ venezolano
En tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, amenazó con sancionar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, si no se oponen al presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la política «monroísta» del gobierno estadounidense y exhortó a que no pongan a prueba la fuerza histórica de los venezolanos.
«Si la Corte Suprema de Venezuela no regresa a su mandato constitucional para defender el estado de derecho, EEUU responsabilizará a sus 25 magistrados por sus acciones», amenazó Pence.
El gobierno estadounidense ha sostenido una política de presiones contra Venezuela, que incluye un bloqueo financiero con pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares para los venezolanos.
Asimismo, el pasado 30 de abril el gobierno estadounidense reconoció abiertamente que apoyó el intento de golpe de Estado, pero que Juan Guaidó no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.