La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes una pena de cinco años de prisión y 60.000 euros de multa para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por el supuesto falseamiento de las cuentas de la entidad para su salida a Bolsa en julio de 2011. El ministerio público acusa de los mismos delitos, aunque pide penas menores, al exvicepresidente de la entidad, José Luis Olivas, y a los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú. El ministerio público rechaza actuar contra la auditora Deloitte, que asesoró a Bankia en su debú bursátil.
Según el fiscal Alejandro Luzón, los acusados “tuvieron una especial responsabilidad” en que la salida a Bolsa de Bankia “se llevara a cabo sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial” de la entidad y su “inviabilidad”.
Según el escrito, Rato “encarnó el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad”. El fiscal recuerda que el mismo día de la salida a Bolsa, el exvicepresidente económico del Gobierno insistía en que la entidad tenía “unas premisas de gestión muy claras, centradas en la solvencia, la gestión rigurosa de riesgos en todas las fases del ciclo y la eficiencia y austeridad de costes”. Y añadía que “así es como Bankia pretende crecer y crear rentabilidad de forma sostenible y esto se traducirá en valor para nuestros nuevos accionistas.” Según el fiscal, a ojos de buena parte de los inversores, Rato “aportaba el prestigio que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional”.
El informe del fiscal Luzón sostiene que “sin perjuicio de que el entorno económico español se deterioró en el tercer y cuarto trimestre de 2011”, tras la salida a Bolsa de la entidad, “la situación de BFA-Bankia era ya a la fecha de la salida a Bolsa muy crítica y esta situación, plenamente conocida por los acusados, fue ocultada a los inversores”.
El fiscal reconoce que el folleto de salida a Bolsa de Bankia describía hasta 36 posibles escenarios de riesgo para los inversores, pero afirma que esas advertencias buscaban más “proteger al emisor ante eventuales reclamaciones futuras” que proteger al inversor, especialmente al minorista. “El cúmulo de contingencias descrito, precisamente por su extraordinaria amplitud, acabó dibujando un riesgo remoto y ocultando por el contrario el riesgo cierto y real: el de un negocio que iba a requerir de importantes ayudas económicas adicionales”.
Fuente: El País