Stephen Sefton
Introducción
El famoso fotomontaje de John Heartfield de una cabeza-repollo de periódico tenía la leyenda «¡Quien lee periódicos burgueses se vuelve ciego y sordo!». La leyenda es aún más cierta ahora que el siglo XXI entra en su tercera década. En Occidente, la información está filtrada por medio de las clases gerenciales intelectuales afines a intereses corporativos en todos los ámbitos: ciencia, derecho, cultura, medicina y finanzas, en los medios de comunicación extranjeros y nacionales, en las organizaciones no gubernamentales y en los organismos internacionales multilaterales. De forma directa o indirecta, todos los ámbitos de la información están cada vez más condicionados por la financiación de las grandes corporaciones transnacionales.
En general, las clases gerenciales intelectuales occidentales han abandonado las normas fundamentales de la producción de informes. Las organizaciones e instituciones occidentales que pretenden ser responsables y transparentes no lo son: ni los organismos de la ONU ni las instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos, ni ninguna de las principales ONG internacionales. Prácticamente de forma invariable, los informes de estos organismos omiten sistemáticamente hechos inconvenientes para sus conclusiones, niegan a los actores relevantes una oportunidad justa de exponer sus argumentos y evitan sistemáticamente la corroboración de sus conclusiones por parte de fuentes realmente independientes.
Esta crónica crisis informativa refleja la realidad de las relaciones de poder de clase en Norteamérica y Europa. Como escribió Henry Wallace en el New York Times el 9 de abril de 1944: «El fascista norteamericano prefiere no utilizar la violencia. Su método es envenenar los canales de información pública». El comentario de Wallace prefiguraba el desarrollo de la unión fascista del poder corporativo y gubernamental en Norteamérica y Europa la cual desde el tiempo de la Guerra Fría ha logrado engañar a la opinión pública occidental, especialmente en lo que respecta a las relaciones internacionales.
Sin embargo, las poblaciones occidentales siguen considerándose moralmente superiores a los habitantes del mundo mayoritario. Siguen hablando de sus países en Norteamérica o la Unión Europea como si fueran verdaderas democracias cuyos líderes se preocupan por los intereses de sus pueblos y, en general, tratan de hacer el bien en el mundo. Cada pocos años, los electorados occidentales votan por el sabor del fascismo que prefieren, aparentemente sin saber que las dictaduras también tienen elecciones y luchas internas de poder dentro de las élites.
Estos tres artículos, uno de principios de 2019 y dos del año pasado, junto con las referencias que los acompañan, analizan el caso de Nicaragua y el fallido intento de golpe de Estado de 2018 como un ejemplo más de la crónica crisis informativa de Occidente. Es una crisis por medio de la cual se niega a la gente de Norteamérica y Europa, de la manera más anti-democrática, una rendición verdadera y justa de los acontecimientos.
La experiencia de Nicaragua refleja en gran medida el envenenamiento sistemático de las fuentes de información en Occidente en relación con otros países y también con otros contextos, de los cuales la sádica persecución de Julian Assange es quizás el más emblemático.
Stephen Sefton. Nicaragua. 31 de marzo de 2021
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Nicaragua y la corrupción, cooptación de los derechos humanos
Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 4 de enero de 2019
Desde la desaparición de la Unión Soviética, hace casi 30 años, el abuso y la degradación de los derechos humanos han servido cada vez más para crear pretextos que promueven el dominio occidental en todo el mundo. Desde la antigua Yugoslavia y Ruanda, hasta Irak y Sudán, pasando por Costa de Marfil, Libia y Siria, hasta Tailandia, Myanmar y Ucrania, los gobiernos occidentales han utilizado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y el abuso del sistema de Naciones Unidas para atacar a los países que se resisten a las exigencias de las élites estadounidenses y sus aliados y de los gobiernos que controlan.
En América Latina, esa dinámica ha apuntado durante mucho tiempo a Cuba, más recientemente a Venezuela, ahora a Nicaragua y pronto atacará a Bolivia y probablemente también a México, si el nuevo gobierno progresista de allí muestra demasiada independencia. Las élites estadounidenses y europeas han intensificado sus esfuerzos de cambio de régimen en América Latina y el Caribe para garantizar el acceso y el control de los abundantes recursos naturales de la región, porque la influencia china y rusa está bloqueando su acostumbrado control del mundo mayoritario en Eurasia y África.
Al igual que Venezuela anteriormente, Nicaragua ha sido el objetivo de la Organización de Estados Americanos dominada por Estados Unidos, utilizando apoderados locales financiados por Estados Unidos y Europa dentro de Nicaragua y organizaciones no gubernamentales internacionales afines a los intereses corporativos occidentales. Han manipulado las instituciones internacionales y regionales de derechos humanos para violar preceptos fundamentales del derecho internacional como la autodeterminación y la no intervención. Al igual que en la década de 1980 en Nicaragua, Angola, Mozambique y otros lugares, y ahora tanto en Venezuela como en Nicaragua de nuevo, se han utilizado actores no gubernamentales armados y violentos para desestabilizar el país y crear un contexto que permita informar falsamente sobre el tema de los derechos humanos con el fin de desacreditar a los gobiernos revolucionarios.
Como señaló el escritor independiente estadounidense Max Blumenthal en una entrevista en julio del año pasado sobre Nicaragua:
«. ..la forma en que sé de manera segura que había una operación de cambio de régimen en marcha -y cuando digo «operación de cambio de régimen», me refiero a un ataque no sólo contra un gobierno sino contra el Estado-nación, un plan para reducir un país a un Estado fallido como Libia- es que Ken Roth salió a la luz después de que esencialmente el gobierno nicaragüense hubiera ganado y había eliminado los tranques, permitiendo que la economía que se había desangrado por 500 millones de dólares empezara a funcionar de nuevo, permitiendo que los ciudadanos empezaran a moverse. Ken Roth, el dictador de Human Rights Watch, que ha estado en la misma posición durante 25 años, atendiendo a un pequeño grupo de multimillonarios y fundaciones de élite con casi ninguna base electoral, culpó al gobierno de cada una de las muertes. Lo que significa que, según Ken Roth, cero sandinistas murieron».
La visión de Blumenthal sobre la inextricable relación entre las ONG de derechos humanos y las élites corporativas occidentales sugiere una serie de puntos que socavan categóricamente la aceptación simplista de las falsas acusaciones de derechos humanos contra Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch son culpables de extrema mala fe, de incumplimiento de las normas básicas informativas y de adhesión a teorías largamente desacreditadas. En efecto, todos ellos son cómplices de gravísimas violaciones de los derechos humanos por parte de la oposición armada nicaragüense apoyada por Estados Unidos.
Hay cuatro consideraciones principales.
En primer lugar, en términos técnicos, ninguna de estas organizaciones se ha adherido siquiera a las directrices Huridocs, una herramienta creada por y para las organizaciones de derechos humanos financiadas por gobiernos y empresas occidentales. Las directrices proponen conceptos y buenas prácticas en relación con la investigación, la documentación y el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos. La CIDH, la OACNUDH, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, han incumplido categóricamente las directrices de HURIDOCS.
En cuanto a la determinación de los hechos, omiten sistemáticamente las fuentes y los hechos que contradicen o excluyen su conclusión preferida. En cuanto a la documentación, excluyen sistemáticamente abundante documentación de los ministerios del gobierno nicaragüense, del Ministerio Público, de la Comisión de la Verdad y la Justicia del Poder Legislativo, del Instituto de Medicina Legal y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Toda esa información contradice en mayor o menor medida los falsos datos de la OEA, la ONU y las ONG extranjeras. En cuanto al seguimiento de la situación en Nicaragua, todas esas instituciones y organizaciones dependen exclusivamente de medios de comunicación locales, ONGs y activistas de la oposición, virulentamente sesgados políticamente. Así que, incluso en sus propios términos, su metodología no cumple con los conceptos y estándares básicos y, por lo tanto, el tipo de expediente que han construido para justificar sus conclusiones nunca resistiría un escrutinio legal imparcial.
Un aspecto absurdo de su enfoque ha sido que acusan al gobierno nicaragüense de reprimir a los medios de comunicación locales, cuando sus principales fuentes son, con mucho, abundantes citas de informes falsos de esos mismos medios locales, transmitidos a través de deshonestas ONGs locales de derechos humanos.
En segundo lugar, en términos teóricos, el enfoque de la CIDH, la OACNUDH y las ONGs extranjeras como Amnistía Internacional ha excluido las violaciones por parte de actores no estatales, exactamente la misma coartada desleal que todos ellos utilizaron durante la Guerra Fría.
Pero ese marco teórico ha quedado obsoleto desde 1993, cuando la Convención de Derechos Humanos de la ONU en Viena reconoció explícitamente el papel de los actores no estatales en las violaciones de los derechos humanos (reconociendo así la manera en que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados utilizaron fuerzas irregulares, como la Contra en Nicaragua, RENAMO en Mozambique y UNITA en Angola, para aplicar un terrorismo sistemático contra la población civil). Como ha señalado Carlos Emilio López, un destacado activista de los derechos humanos y legislador nicaragüense
«En 1993 en la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos de Viena se reconceptualizó el tema del respeto a los derechos humanos. Por muchos años se consideró que solamente los Estados debían de respetar los derechos humanos. Pero esa concepción ya está desfasada. La reconceptualización de los derechos humanos es que los Estados deben de respetar los derechos humanos, pero también deben de hacerlo las empresas, las iglesias, las organizaciones sociales, los oligopolios, los medios de comunicación, las personas a nivel particular.Es decir todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, no solamente las instituciones estatales».
Así, cada vez que Amnistía Internacional o la CIDH afirman que su competencia excluye a los actores no estatales, están apelando a un marco teórico 30 años desfasado, deliberadamente para lavarse las manos ante los abusos de los actores políticos con los que simpatizan.
En tercer lugar, en lo que respecta específicamente a Amnistía Internacional, su organización ha sido corrompida y cooptada durante muchos años por la influencia de las empresas a través de sus vínculos con los defensores de la globalización corporativa, cuyo objetivo explícito es socavar y disminuir el papel de los Estados nacionales soberanos.
El secretario general y los directores de alto nivel de Amnistía Internacional, su Junta Directiva Internacional y el Consejo Mundial de su secretario general reconocen claramente sus antecedentes de trabajo, bien directamente con empresas multinacionales, bien con donantes empresariales o con otras organizaciones sin ánimo de lucro fuertemente financiadas por las grandes corporaciones.
En este sentido, Amnistía Internacional, al igual que Human Rights Watch, es muy similar al conglomerado empresarial de derechos humanos Purpose/AVAAZ. Sus actividades en materia de derechos humanos están guiadas por una enfática hostilidad neoliberal hacia los gobiernos de los Estados-nación, de manera que sus informes se elaboran deliberadamente para excluir o desacreditar la información procedente de los gobiernos u otras fuentes oficiales.
En América Latina y el Caribe, además de la cooptación de las ONGs por parte de depredadores corporativos como Purpose, la red Atlas, abiertamente política, apoya a las ONGs que promueven políticas de extrema derecha en toda la región, facilitando así el ascenso al poder de fascistas como Jair Bolsonaro.
En cuarto lugar, esta corrupción corporativa y la cooptación de la visión original de Sean MacBride sobre el papel y el trabajo de Amnistía Internacional y de organizaciones similares, se manifiesta decididamente en su demostrable sesgo a favor de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos y sus países aliados.
Con este respecto, el Profesor Francis Boyle, entre otros muchos, ha sido un crítico autorizado y mordaz del papel de Amnistía Internacional en Palestina y en otros lugares, por el que resta importancia o minimiza las violaciones de los Estados aliados de los países de la OTAN. Por otro lado, instituciones como la CIDH y la OACNUDH y organizaciones como Amnistía Internacional, exageran sistemáticamente e incluso inventan las violaciones en los países que son objetivo de los gobiernos de los países miembros de la OTAN.
Así que, en América Latina, se ha restado importancia o se ha minimizado el horrible historial actual de violaciones de los derechos humanos en Colombia y en México, hasta la reciente toma de poder de AMLO. Mientras que se han tergiversado sistemáticamente los acontecimientos en Cuba, Venezuela y, ahora, Nicaragua.
Todas estas preocupaciones sobre la práctica de mala fe, la deshonestidad teórica, la cooptación corporativa y el sesgo político abierto de las instituciones y organizaciones de derechos humanos deberían hacer reflexionar a cualquier persona intelectualmente honesta. Las personas verdaderamente preocupadas por los derechos humanos deberían reevaluar lo que creen saber sobre Nicaragua y también sobre Venezuela.
Las élites corporativas de Estados Unidos y de los países aliados están decididas a utilizar los gobiernos, las instituciones y las ONG que han comprado para destruir la resistencia a su dominación en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el 60º aniversario este año de la revolución cubana, junto con el 40º aniversario de la revolución sandinista en Nicaragua y el 20º aniversario de la revolución bolivariana en Venezuela, sugieren que no tendrán todo a su manera.
Derechos humanos y fraude – de Ucrania a Nicaragua
Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 26 de julio 2020
La práctica actual de la industria occidental de los derechos humanos no tiene nada que ver con la búsqueda por la verdad. Cada vez más en los últimos años, las élites estadounidenses y aliadas han tratado de legitimar la agresión ilegal, manipulando y explotando el tema de los derechos humanos en sus intentos de recolonizar el mundo mayoritario.
En cualquier crisis, las ONG de derechos humanos financiadas por los las élites corporativas occidentales y los gobiernos que ellas controlan, despliegan falsas afirmaciones sensacionalistas, por ejemplo que las fuerzas policiales están asesinando a manifestantes pacíficos. Estas acusaciones, generalmente falsas, se hacen con el fin de crear un limbo cognitivo de duda y sospecha destinado a incapacitar la oposición a las campañas de recolonización de Occidente. A mediano y largo plazo, el goteo constante de falsas acusaciones contra los países que se resisten a la recolonización, como Siria e Irán, o Cuba, Venezuela y Nicaragua, crean falsas memorias, corrompiendo y distorsionando el registro histórico y oscureciendo los crímenes de Occidente contra esos y tantos otros países del mundo mayoritario.
Las élites gobernantes occidentales han corrompido las organizaciones e instituciones de derechos humanos en prácticamente todos los niveles utilizando subvenciones corporativas y financiación gubernamental. Las prácticas corruptas que resultan de este proceso reflejan las técnicas corporativas para cometer el fraude contable y lograr la evasión estratégica de la regulación. Escritores sobre economía como Michael Hudson y William Black, entre otros, han explicado cómo las corruptas corporaciones estadounidenses han explotado estos abusos fraudulentos durante décadas. El fraude contable no es diferente esencialmente de otras prácticas muy antiguas, por ejemplo de degradar las monedas, adulterar los productos alimenticios o vender productos defectuosos como si fueran aptos para usar. Todas ellas engañan a la gente para que acepten algo que les causa pérdidas, daños y perjuicios.
En los Estados Unidos, las poderosas corporaciones controlan la vida política e institucional lo suficiente como para poder cooptar la justicia y escapar a la persecución penal. Esta realidad desplaza del mercado a las prácticas comerciales y financieras honestas y socialmente responsables. Paralelamente al fraude contable por parte de las principales instituciones financieras, otras empresas multinacionales, por ejemplo las empresas petroleras, mineras o de tecnología de la información, aplican lo que varios escritores llaman una estrategia de «un velo de niveles» que falsea o esconde sus ganancias a fin de evitar la reglamentación fiscal o el enjuiciamiento judicial.
Más legítimamente, en el ámbito de los seguros, la estrategia del «velo de los niveles» difunde de manera dispersa los riesgos asociados a posibles litigios. La industria internacional de los derechos humanos utiliza técnicas similares para justificar y disfrazar los ataques de Occidente contra los pueblos del mundo mayoritario. La dependencia de las ONG internacionales de derechos humanos de la financiación corporativa y gubernamental y de la publicidad a través de los medios corporativos y las relaciones públicas a lo largo del tiempo ha generado la ósmosis de la práctica corporativa corrupta a la industria de los derechos humanos.
Escritores como Cory Morningstar han analizado exhaustivamente cómo esta toma de control por parte de la cultura corporativa del «complejo industrial sin fines de lucro sirve a la hegemonía como un sofisticado mecanismo simbiótico afinado en un continuo estado de metamorfosis y refinamiento. La élite gobernante canaliza una cantidad inconmensurable de recursos y herramientas a través de estas organizaciones para fortalecer, proteger y expandir aún más las formas existentes de estructuras de poder y dominación global».
En el contexto de los derechos humanos, el fraude contable empresarial adopta la forma de acusaciones políticamente motivadas, falsas y sensacionalistas, basadas en investigaciones atrozmente unilaterales, a menudo vacíos de acontecimientos verdaderos, que a veces utilizan falsas reconstrucciones pseudocientíficas. La responsabilidad por estas falsas acusaciones se difumina de manera dispersa mediante una estrategia del «velo de niveles» que comienza en un nivel bajo con pequeñas ONG de derechos humanos locales o nacionales.
Luego progresa a través de ONG internacionales de derechos humanos más grandes y también contratistas privados auxiliares hasta llegar a las instituciones regionales de derechos humanos, para finalmente llegar a las organizaciones de las Naciones Unidas y, en última instancia, a los niveles más altos del sistema jurídico internacional de derechos humanos. Al excluir la corroboración independiente, el intercambio de un nivel a otro imparte una espuria legitimidad mutua de grados variables entre las organizaciones e instituciones involucradas.
El proceso es cuasijudicial y las organizaciones no enfrentan ningún interrogatorio externo, de modo que intentar contrarrestar las falsas acusaciones es sumamente difícil, si no imposible, especialmente a corto plazo. En todo caso, la industria de los derechos humanos es aún menos regulada que las empresas multinacionales. Dos ejemplos recientes, entre otros innumerables, confirman la monopolización progresiva de la industria de los derechos humanos por las prácticas corruptas corporativas.
Tanto contra el gobierno de Ucrania en febrero de 2014 como contra el gobierno de Nicaragua en mayo de 2018, las ONGs occidentales de derechos humanos hicieron acusaciones muy similares de que sus fuerzas policiales asesinaron indiscriminadamente a manifestantes pacíficos. En ambos casos, las acusaciones eran falsas.En ambos casos, el contexto de las muertes fue un violento intento de cambio de régimen por parte de una oposición política financiada por el gobierno de los Estados Unidos.
En el caso de Ucrania, la oposición había sido apoyada durante más de veinte años con fondos del gobierno de los Estados Unidos que ascendían a más de US$5,000 millones, como confirmó en 2013 Victoria Nuland , entonces Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Esa financiación del gobierno de los Estados Unidos se sumaba a la financiación de parte de oligarcas corporativos de los Estados Unidos como Pierre Omidyaar y George Soros.
El acontecimiento más notorio de la campaña de cambio de régimen en Ucrania tuvo lugar entre el 18 y el 20 de febrero de 2014, cuando más de 70 personas fueron asesinadas en la plaza Maidan de Kiev durante los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La masacre condujo al derrocamiento del gobierno legítimo y su sustitución por un régimen fascista cliente de EE.UU.
Después del evento, incluso la CNN se sintió obligada a informar sobre una conversación filtrada entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea de Relaciones Exteriores, en la que Paet confirmó que un médico pro-oposición que atendía a los manifestantes heridos afirmó que eran los francotiradores de la oposición, y no las fuerzas de seguridad del gobierno, que habían disparado a los manifestantes.
Ese reporte fue seguido por la emisión de entrevistas del la televisión italiana aquí y aquí, con francotiradores mercenarios que confesaron haber disparado tanto a los manifestantes como a la policía durante las protestas de Maidan en febrero de 2014. Los mercenarios fueron agraviados por no haber recibido el pago prometido por las personas alineadas de la oposición que los contrataron. Aun así, las autoridades ucranianas anunciaron que su investigación sobre los disparos había concluido, simplemente repitiendo las falsas acusaciones contra el anterior gobierno ucraniano, a pesar de las pruebas categóricamente claras de lo contrario.
Una parte prominente de la falsa argumentación de los fiscales del nuevo gobierno de Ucrania fue una reconstrucción virtual de los acontecimientos por un contratista privado de Nueva York llamado SITU Research, cuyo trabajo en materia de derechos humanos es financiado por algunas fundaciones privadas de oligarcas estadounidenses, como la Fundación MacArthur, la Fundación Oak y las Fundaciones Open Society. En un detallado estudio académico, Ivan Katchanovski, de la Universidad de Ottawa, ha expuesto como falsa la reconstrucción por parte de SITU Research de los tiroteos de Maidan, demostrando, por ejemplo, que en varios casos las imágenes de SITU Research desplazaron la ubicación en los cuerpos de los víctimas de las heridas indicados en los respectivos informes de las autopsias forenses para así ajustarse a las conclusiones del vídeo.
El análisis detallado de Katchanovksi se basa en otras pruebas omitidas por SITU Research que también contradicen las afirmaciones de su reconstrucción virtual, por ejemplo, el testimonio de 25 manifestantes heridos de la oposición que declararon que les dispararon desde edificios controlados por la oposición. Katchanovski señala que numerosas imágenes de vídeo y de diferentes canales de la televisión muestran a francotiradores y tiradores de la oposición en edificios controlados por la oposición. Esas imágenes están respaldadas por más de 150 testimonios que confirman que los francotiradores dispararon desde esos lugares.
Katchanovski también señala que Brad Samuels, socio fundador de SITU Research «dijo en un video [que comienza a las 55:16] que ‘…eventualmente, hay un consenso de que había un tercero actuando. Está claro por las pruebas forenses que la gente fue disparada por la espalda. Alguien estaba disparando desde los tejados». » Katchanovski comenta que la «impactante observación de Samuels no fue incluida en ningún lugar del informe del modelo 3D de SITU que él produjo.» El análisis crítico de Katchanovski del material de la investigación de SITU Researchy de la investigación oficial del nuevo gobierno de Ucrania sobre la masacre de Maidan nunca ha sido seriamente cuestionado.
Similares acusaciones falsas que ignoran mucha evidencia contradictoria, fácilmente disponible y también usando un modelo virtual de SITU Research, se han hecho contra el gobierno de Nicaragua. El 30 de mayo un órgano subsidiario de la Organización de Estados Americanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense y SITU Research publicaron conjuntamente un video que supuestamente prueba que la policía de Nicaragua disparó y mató a manifestantes desarmados en una manifestación el 30 de mayo de 2018.
Sin embargo, un análisis detallado del vídeo muestra que también en este caso SITU Research ha tergiversado los datos, específicamente la distancia entre la policía y los manifestantes en el lugar, que en realidad era de unos 175 metros, a fin de armonizar la realidad de lo ocurrido con su reconstrucción virtual, que afirma que los francotiradores de la policía dispararon desde una distancia de unos 250 metros. En las imágenes de vídeo de las protestas en Nicaragua no hay escenas en las que la policía nicaragüense utilice sus armas de fuego.
Del mismo modo, al igual que en su falsa reconstrucción de los acontecimientos en la plaza Maidan de Kiev, SITU Research omitió un importante conjunto de información que contradice su relato de los tiroteos en Managua el 30 de mayo. El contexto en este caso también fue de protestas extremadamente violentas de organizaciones financiadas por el gobierno de los Estados Unidos con más de 15 millones de dólares sólo en el período2017-2018.
Por ejemplo, tres organizaciones nicaragüenses de derechos humanos recibieron más de US$3 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos ese año, al igual que una ONG parte de los medios de comunicación locales alineados con la oposición. Aunque dos organizaciones de solidaridad escribieron y publicaron una carta abierta a las organizaciones que produjeron el vídeo, cuestionando respetuosamente sus conclusiones, hasta la fecha sólo ha recibido un acuse de recibo formal de la carta sin responder a las preguntas.
Tanto en Ucrania como en Nicaragua, el Gobierno de los Estados Unidos financió a ONGs locales y otras organizaciones de la oposición política en esos países para que hicieran denuncias falsas de violaciones muy graves de los derechos humanos. Un contratista de una empresa privada estadounidense fue financiado por intereses corporativos de los Estados Unidos para producir falso material pseudocientífico que incriminaba injustamente a los gobiernos por esas violaciones. Las ONG internacionales de derechos humanos repitieron las falsas acusaciones sobre la base de esas mismas pruebas falsas y suprimieron abundantes pruebas contradictorias.
En su turno, las instituciones regionales de derechos humanos también acusaron a los gobiernos e individuos en cuestión en base a ese mismo material defectuoso. Las acusaciones son falsas, pero al gobierno nicaragüense y a los miembros acusados del antiguo gobierno ucraniano se les niega una defensa justa. Este mismo proceso se ha repetido una y otra vez contra los gobiernos que se resisten a las políticas de los Estados Unidos y sus aliados.
Las organizaciones occidentales de derechos humanos comparten la misma metodología corrupta que sus patrones corporativos y gubernamentales. Hacen afirmaciones falsas, suprimen pruebas inconvenientes, hacen todo lo posible para evitar el escrutinio independiente y evitan sistemáticamente una rendición de cuentas adecuada.
Derechos humanos, terrorismo y crimen organizado
Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 27 de octubre de 2020
Una característica destacada de la industria occidental de los derechos humanos durante mucho tiempo ha sido la forma en que politiza su producción para servir a las necesidades de la política exterior de los gobiernos de sus países. Para ello, las grandes corporaciones occidentales y los gobiernos que controlan, invierten para financiar a los principales productores de la industria como, entre muchas otras organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House o la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Los informes formales y el contenido de los medios sociales de estas organizaciones productores tienden a minimizar los abusos y las violaciones de los gobiernos apoyados por los gobiernos de la OTAN y sus países aliados. En cambio, estas ONGs occidentales exageran o incluso, cuando sea indicado, inventan abusos de los derechos humanos en países que son blancos de la agresión de los gobiernos norteamericanos y europeos.
En América Latina, los abusos generalizados de derechos humanos bajo regímenes aliados de o controlados por Estados Unidos o la Unión Europea, por ejemplo, Colombia, Honduras, Haití o el Brasil se mencionan con perfil bajo, si es que se mencionan. En cambio, las falsas afirmaciones de los grupos de oposición financiados por los Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela se amplifican y difunden en efecto sin ningún esfuerzo de corroboración responsable.
Ni la propia industria proveedor de productos de marca derechos humanos, ni sus principales consumidores que, aparte de las clases políticas, son los medios de comunicación y las entidades académicas, hacen ningún esfuerzo serio de investigación, porque también están financiados por los mismos o similares inversores corporativos y gubernamentales.
Por motivo de la estrecha integración entre estas diversas industrias occidentales del conocimiento y la información, les ha sido imposible evitar la complicidad en el apoyo criminal de sus gobiernos al terrorismo y la delincuencia organizada alrededor del mundo. En América Latina, Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua son los paises emblemáticos de esta realidad.
En el caso de Nicaragua, el violento intento fallido de golpe de Estado de 2018 implicó el uso tanto del terrorismo como del crimen organizado por apoderados locales, financiados y dirigidos por los gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados europeos.
Existe abundante material, por ejemplo aquí y aquí, basado en fuentes fiables, a menudo de primera mano, que narran y documentan crímenes muy graves y atroces violaciones de los derechos humanos en Nicaragua por la violenta oposición financiada por los EE.UU. y sus aliados entre abril y julio de 2018.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha producido material valioso sobre la utilización de la delincuencia organizada con fines políticos en su «Serie de módulos universitarios sobre los vínculos entre la delincuencia organizada y el terrorismo». Esta Serie de Módulos de la ONUDD en inglés ofrece varias definiciones de terrorismo, por ejemplo:
• el uso ilícito de la violencia y la intimidación, especialmente contra civiles, para lograr objetivos políticos.
• la realización de actos violentos premeditados o la amenaza de violencia perpetrada por miembros de un grupo organizado, con el fin de crear temor en un adversario o en un segmento específico de la sociedad
• la creación y explotación deliberada del miedo a través de la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda del cambio político
• la amenaza o el uso real de la fuerza y la violencia ilegales para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación.
• el uso ilegítimo de la fuerza contra las personas inocentes para lograr un objetivo político
Todas estas definiciones se aplican a las acciones violentas de la oposición política nicaragüense financiada y controlada por los Estados Unidos en 2018. Ellos y sus financiadores y estrategas estadounidenses buscaron derrocar al gobierno democráticamente elegido de Nicaragua. Utilizaron la amenaza de la violencia y los actos de violencia reales para crear miedo y lograr el cambio político que buscaban. Utilizaron la fuerza ilegal, la extorsión violenta y el asesinato para coaccionar e intimidar a personas inocentes para lograr sus objetivos políticos.
Además, la serie de módulos de la UNODC en inglés explica que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define la delincuencia organizada como «un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el fin de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material».
En la Convención se define como delito grave todo delito que se castigue con una pena de prisión de cuatro años como mínimo. Asimismo, entre las definiciones de la Convención del Crimen Organizado Transnacional figura cualquier delito cometido en un Estado pero cuando una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tenga lugar en otro Estado.
Todas estas definiciones se aplican a los delitos violentos de la oposición nicaragüense financiada por los Estados Unidos en 2018. Entre los delitos enjuiciados por las autoridades nicaragüenses, muchos de los cuales han sido documentados y corroborados independientemente, figuran múltiples casos de incendio provocado, extorsión, toma de rehenes, agresiones graves que causan lesiones corporales graves, robo con violencia, tortura y asesinato.
Cuando en 2018 el Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentshcke, preguntó al entonces jefe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derehos Humanos en Nicaragua, Paulo Abrao, por qué la CIDH se negaba a investigar los asesinatos de la oposición de agentes de policía y trabajadores gubernamentales, Abrao respondió que esos crímenes quedaban fuera del mandato de la CIDH porque la doctrina de la CIDH era que los derechos humanos sólo pueden ser violados por los Estados.
Más tarde, cuando las autoridades nicaragüenses derrotaron el intento de golpe de Estado terrorista y aplicaron el debido proceso para enjuiciar a los culpables de los crímenes violentos de la oposición, la CIDH y el resto de la industria occidental de los derechos humanos se levantaron y acusaron al gobierno de Nicaragua de montar juicios políticos.
Por el contrario, el material reunido en la Serie de Módulos de la ONUDD es muy útil para revelar la naturaleza de los incuestionables crímenes sistemáticos cometidos por la oposición política financiada por los Estados Unidos y sus aliados en Nicaragua durante 2018. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 afirma expresamente que la toma de rehenes es un acto terrorista. En ella se define al secuestrador como:
«toda persona que se apodere o detenga y amenace con matar, herir o seguir deteniendo a otra persona para obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona física o jurídica o un grupo de personas, a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto como condición explícita o implícita para la liberación del rehén».
En relación con la financiación del terrorismo, la ONUDD observa que:
«el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 tiene consecuencias de gran alcance para la investigación y el castigo de las actividades financieras delictivas utilizadas para financiar actos de terrorismo. En el marco de este Convenio, una persona comete un delito penal si: Por cualquier medio, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, que proporcione o reúna fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que se van a utilizar, en su totalidad o en parte, para llevar a cabo: […]
b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto».
El testimonio de las víctimas y los informes de los medios de comunicación confirman que delincuentes terroristas y violadores de los derechos humanos financiados por los Estados Unidos, como Félix Maradiaga, Eva Coppens, Francisca Ramírez y Medardo Mairena, cometieron delitos de terrorismo en 2018 en Nicaragua.
Aun así, ellos y otros criminales terroristas han sido festejados por la industria occidental de los derechos humanos como heroicos defensores de los derechos humanos. Si bien es cierto que este hecho es escandaloso, no es en absoluto sorprendente, ya que las autoridades de los Estados Unidos y sus vasallos de los países de la OTAN durante décadas han sido patrocinadores y financiadores del terrorismo contra varios gobiernos y países alrededor del mundo.
De una forma u otra, los gobiernos e intereses corporativos financian a sus cómplices en la industria occidental de los derechos humanos, en la industria del conocimiento de las universidades occidentales y también en la industria de comunicación de los medios corporativos y alternativos occidentales. Más allá de Nicaragua, en sus informes sobre los acontecimientos desde Siria a Venezuela o desde Irán a Ucrania, todos son culpables en un grado u otro de promover el terrorismo y encubrir el crimen organizado.
Informe de Derechos Humanos de la ONU ignora los derechos humanos de la mayoría de los nicaragüenses
http://www.nscag.org/news/article/279/un-human-rights-report-ignores-the-human-rights-of-the-majority-of-nicaraguans
Nicaragua – Realidad virtual y derechos humanos
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9630
Derechos humanos al gusto – el ataque contra Tu Nueva Radio Ya
http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/9430