Eduardo Carmín*
Crece en la comunidad internacional la urgencia por la elaboración de una Declaración de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, cuya aplicación viola sistemáticamente los derechos más básicos de las poblaciones locales.
Este jueves, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, aprobó en el marco de su 42º período ordinario una resolución que condena las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela y afirma que la solución pacífica, democrática y constitucional a la situación de este país debe ser alcanzada por los venezolanos, sin ninguna interferencia extranjera.
El documento hace referencia expresa a las consecuencias negativas del bloqueo de EU contra Venezuela y expresa la preocupación por el impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos y afirma que cualquier solución de las controversias debe ser pacífica, democrática y constitucional, sin ninguna interferencia extranjera.
Es cierto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) por su característica supranacional no ejerce poder de obediencia sobre nadie, no obstante, cabe recordar que la garantía de obediencia, en cierta forma, esta ejercida por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aunque esa garantía es utilizada de forma casi permanente y unilateralmente por los EU.
Estos no se privan de utilizar aquellas resoluciones de la ONU, que les conviene para hacer avanzar su agenda nacional.
La responsabilidad de allanar los caminos de la paz se ha transformado en un sendero de involución permanente que desafía toda lógica, al producirse la sustitución de la paz por la guerra. Esta irracionalidad promulgada por los guardianes de la ortodoxia belicista, basada en una política de interpretaciones y razones especulativas actúa en realidad como razón legítima.
Recientemente el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) con sede en Ginebra, apoyó la iniciativa hacia la elaboración de una Declaración de Naciones Unidas sobre los impactos negativos de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos.
De hecho, señalo el CETIM que “las consecuencias perjudiciales de estas medidas son bien conocidas, gracias también al trabajo y a los informes del Relator Especial de la ONU, Idriss Jazairy , en los últimos años”. En efecto, la aplicación de estas medidas viola sistemáticamente los derechos más básicos de las poblaciones locales.
En este sentido, existen diferentes ejemplos particularmente preocupantes de las desastrosas consecuencias que han tenido estas sanciones y medidas. En Cuba rige un embargo unilateral, inmoral e ilegal desde 1962, endurecido nuevamente por el gobierno de Trump en 2017.
Estas medidas impiden a empresas estadunidenses (y sanciona a las extranjeras) de todos los sectores (energético, industrial, tecnológico, inmobiliario, de infraestructuras, bancario y financiero, e incluso del sector agrícola o de la construcción) de entretener cualquier tipo de actividad con el gobierno o empresas cubanas.
El objetivo alcanzado es atacar a la economía cubana privándola de los máximos ingresos en divisas, obstaculizando las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera directa y transferencias privadas de divisas. Los daños económicos superan los 100.000 millones de dólares.
Otro tanto sucede con la vapuleada Venezuela donde las sanciones se intensificaron significativamente en enero de este año y el país se encuentra bajo embargo económico total, con el intento de asfixiar el país.
El embargo impuesto por EU a la industria petrolera de facto llevó las exportaciones de petróleo a Estados Unidos de un promedio de 586.000 mil barriles diarios a cero en 2019 y las sanciones causaron una pérdida de ingresos estimada de 6.000 millones de dólares en un solo año, sostiene el CETIM.
Además, las sanciones tienen el efecto adicional de hacer mucho más difíciles las transacciones financieras para las importaciones de alimentos y medicamentos y han forzado a un número creciente de bancos de diferentes países de negarse a trabajar como intermediarios en transacciones financieras que involucren al gobierno venezolano o a empresas estatales.
El CETIM tiene algunas reservas o consideraciones sobre el contenido del proyecto de Declaración presentado por el Relator de Naciones Unidas. En primer lugar, estima que es importante que en el futuro borrador subraye los instrumentos cuyas normas son sistemáticamente violadas cuando se aplican este tipo de medidas.Entre ellos la propia Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos.
En segundo lugar, señala, que el futuro borrador tenga que ser más claro en cuanto a la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales como instrumento de la política exterior de un Estado, en particular cuando este último se impone sobre otros utilizando su posición dominante en los mercados mundiales y sobre el sistema financiero internacional. Creemos – insiste el CETIM, – que es necesario afirmar su ilegalidad sin condiciones y no solo en caso de que estas causen de manera directa violaciones de derechos, como lo prevé el actual borrador.
En algunos casos, estas medidas afectan indirectamente a los derechos humanos, pero siguen siendo la causa primaria de las violaciones y por eso tienen que ser ilegales. Por lo tanto es necesario afirmarlo sin rodeos, tal y como lo han consensuado todos los Estados en la Declaración de Viena.
La misma exige que los Estados «se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales de derechos humanos».
El CETIM apoya firmemente esta iniciativa, que considera necesaria para contribuir a un orden internacional pacífico y equitable, basado en la reciprocidad y la cooperación. En este sentido, insta a todos los Estados a participar de manera activa y constructiva en la elaboración de este instrumento.
De todo esto se desprende que el régimen estadounidense sigue siendo el abanderado de una lógica estructurada de forma arbitraria, encerrando países y dirigentes en una noción metafísica denominada él eje del mal, un abanico de países confrontados a la lógica de Washington.
Escenificados en esos movimientos guerreros protagonizados por hordas de marines, que nos pasman con su horror; esas tempestades del desierto al ritmo de sones y gritos en el que se agigantan el tremendo orden de hombres armados, ese gran furor, ardor y bravura de “pacotilla” producida en Hollywood, todo eso, que se agita a veces por muy vanos motivos y se extingue por causas no menos ligeras, esta ineptitud y vanidad humana, realmente preocupa.
Pero, en este juego de poder y masacre, quienes hoy definen el rol de brazo armado, aún más peligroso, puesto en evidencia por el (sub) derecho internacional, es sin duda el arrogante y sus recetas económicas de los centros decisionales financieros que se definen en los bancos y empresas afincados a Nueva York, transformando la humanidad en un hormiguero agitado y lleno de ardor.
En realidad, estas causas, encierran otras. Los instintos de dominio frente a las necesidades económicas del capitalismo y el control de las materias primas despiertan y desbordan las metas de implantación de un determinado orden de convivencia arrastrando la humanidad a un nuevo fenómeno histórico entre lo operable y lo especulativo.
Los Derechos Humanos son la ética de la democracia porque constituyen esas reglas sin las cuales el juego mismo de la convivencia carece de contenido valorativo e ideal y resulta indigno, inferior a nuestra condición moral común, y no merece por tanto la pena de ser jugado.
Entre los frágiles equilibrios de la paz, la ciencia de deshacernos y matarnos, de arruinar y perder nuestra propia especie, avanza a pasos agigantados.
*Analista uruguayo, acreditado en la ONU-Ginebra, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.