Stephen Sefton
Nadie necesita buscar más para explicar los fracasos de la política exterior de Estados Unidos y sus aliados de los últimos años, que los interminables fracasos informativos correspondientes de sus gobiernos y sus medios de comunicación.
Omiten deliberadamente hechos fundamentales, excluyen sistemáticamente los testimonios incómodos de testigos, nunca brindan un contexto adecuado y rara vez cuestionan seriamente los datos oficiales.
El resultado es una especie de ficción, de fantasía malévola que proyecta como si fuera normal la cosmovisión demente de los psicóticos estadounidenses y los políticos aliados que están completamente fuera de contacto con la realidad.
Un buen ejemplo de esto es el reciente artículo típicamente falso de The Guardian sobre Nicaragua, de Tom Phillips, que bien podría haber sido escrito por algún agente de la CIA o del MI6. Quizás lo fue.
El elemento básico de su informe y prácticamente todos los informes similares sobre Nicaragua es tergiversar las preocupaciones de derechos humanos para cambiar la realidad de Nicaragua, haciendo que la oposición parezca víctima inocente, cuando es todo lo contrario. Claramente, ni a Tom Phillips ni a sus editores les importan un bledo los derechos humanos en Nicaragua, ya que nunca han informado sobre las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidas por la oposición de Nicaragua en 2018.
Reporteros honestos como Max Blumenthal , Dick Emanuelsson , Dan Kovalik, Steve Sweeney, John Perry, Ben Norton y yo , entre otros, hemos publicado numerosos informes, muchos de los cuales incluyen testimonios indiscutibles de los salvajes crímenes que informadores erróneos sin escrúpulos como Phillips y colaboradores de USAID como Carlos Fernando Chamorro o su cómplice Wilfredo Miranda, otro colaborador de The Guardian, han reprimido deshonestamente.
En esto siguen la denuncia profundamente fraudulenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dominada por el gobierno de Estados Unidos, y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualmente dirigida por la incondicional aliada del gobierno de Estados Unidos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
En esta ocasión, Tom Phillips intenta ordeñar la simpatía de sus lectores al informar sobre una entrevista con la hija del excanciller nicaragüense Francisco Aguirre, que vive en Estados Unidos, quien fielmente retrata a su padre como un anciano inofensivo que no representa una amenaza para nadie. Phillips coloca ese retrato entre una galería de supuestas injusticias perpetradas por el presidente Ortega.
Él informa que «la policía ha arrestado al menos a 32 personas desde finales de mayo, incluidas importantes figuras de la oposición que estaban desafiando al héroe revolucionario convertido en autócrata mientras busca un cuarto mandato consecutivo».
Más aún de lo habitual, el informe de Philips omite hechos básicos y testimonios contrarios, pero también un contexto nacional y regional de enorme importancia, de los que no puede dejar de ser consciente. El hecho básico fundamental que Philips omite, es que en agosto del año pasado salió a la luz un plan bastante detallado de USAID para desestabilizar a Nicaragua, que explica cómo el gobierno de Estados Unidos espera lograr el cambio ilegítimo de régimen en Nicaragua que no logró en 2018.
El plan se llama Asistencia Responsiva en Nicaragua (RAIN) y establece una serie de opciones inconstitucionales para asegurar un “gobierno de transición”, una frase que el documento utiliza más de 100 veces. El texto explica cómo Estados Unidos ayudará a las nuevas autoridades del «gobierno de transición» de derecha a purgar la policía, el ejército, los tribunales, el sistema electoral y la vida pública en general de los sandinistas y reprimir al Frente Sandinista de Liberación Nacional como un partido político legal para siempre.
Dado que alrededor de la mitad de los seis millones y medio de habitantes de Nicaragua se identifican como sandinistas, naturalmente, durante los últimos meses, las autoridades nicaragüenses han actuado dentro de la ley para desarmar esa flagrante amenaza del gobierno de Estados Unidos de interrumpir las elecciones de este año y provocar otro violento intento de golpe de Estado.
Por lo tanto, la mayoría de las personas que actualmente están siendo investigadas por las autoridades nicaragüenses, son colaboradores desde hace mucho tiempo con USAID y otras organizaciones asociadas al gobierno de los Estados Unidos, como el Fondo Nacional para la Democracia.
Otro grupo son las personas que, como el propio Francisco Aguirre, han pedido públicamente o han acogido con beneplácito las medidas de Estados Unidos y la Unión Europea contra su propio país, incluidas medidas económicas y diplomáticas y otras medidas coercitivas unilaterales. Todos estos comportamientos son ilegales en Nicaragua, como lo son en los propios Estados Unidos y prácticamente en todos los países de la Unión Europea también.
Por lo tanto, es completamente falso que Tom Phillips sugiera que los arrestos recientes, incluido el de Aguirre, son una medida arbitraria relacionada de alguna manera con las preocupaciones electorales de los partidos políticos. En ese sentido, es ridículo afirmar que algunas de las figuras detenidas son “figuras importantes de la oposición” en sentido electoral.
Prácticamente ninguno de ellos es miembro de un partido político nicaragüense y ninguno de ellos había sido seleccionado como potencial candidato presidencial. Incluso si hubieran sido seleccionados así, las encuestas de opinión muestran consistentemente que ninguno de los partidos políticos de oposición ha estado, o está ahora, ni siquiera cerca de desafiar el apoyo electoral al presidente Ortega, que ha sido consistentemente en o más del 60% durante todo el año. Otro hecho básico que omite Phillips.
A nivel regional, Philips omite estudiadamente el actual asalto represivo del presidente de El Salvador, Najib Bukele, contra el expartido político de izquierda gobernante FMLN. Bukele está imponiendo en El Salvador exactamente el tipo de campaña represiva de exterminio político contra el FMLN que el documento de USAID RAIN trazó como su objetivo en Nicaragua contra el FSLN.
En Nicaragua, los investigados no son líderes de partidos políticos, si no personas con un historial bien establecido de haber abusado de fondos supuestamente sin fines de lucro de fuentes extranjeras para actividades políticas internas o de haber coludido con la intervención extranjera para dañar y desestabilizar la economía de Nicaragua o intimidar, calumniar y acosar a ciudadanos y funcionarios gubernamentales nicaragüenses.
Por otro lado, en El Salvador las autoridades están utilizando acusaciones infundadas de corrupción para destruir a la dirección del FMLN y a los partidarios del partido, exactamente en línea con la política del gobierno de Estados Unidos para ese país. A principios de este año, incluso Michelle Bachelet se sintió obligada a expresar su preocupación por la toma de posesión de los tribunales y la fiscalía por parte del presidente Bukele.
Sin embargo, Tom Phillips no tiene nada que decir sobre ese asalto vecino a la libertad política en El Salvador, a pesar de su extrema relevancia como ejemplo de lo que la derecha de Nicaragua y sus dueños estadounidenses planean hacer en Nicaragua si tienen la oportunidad.
Phillips aplica un doble rasero similar a las preocupaciones de derechos humanos que vincula con los arrestos recientes en Nicaragua. Cita a Juan Vivanco, de Human Rights Watch, quien también afirma falsamente que el presidente Daniel Ortega está apuntando a posibles oponentes electorales.
Ciertamente tiene sentido que Juan Vivanco y Human Rights Watch quieran encubrir el lavado de dinero, el abuso fraudulento de la condición de organización sin fines de lucro y la multifacética colusión traidora de los representantes de la desestabilización de Estados Unidos en Nicaragua.
Juan Vivanco y Human Rights Watch apoyaron el golpe fascista de 2002 contra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y han apoyado constantemente la agresión y desestabilización del gobierno de Estados Unidos contra cualquier gobierno y su pueblo que se resista a los esfuerzos occidentales para recolonizar de manera efectiva América Latina y el Caribe.
Más importante aún, en el contexto electoral actual en Nicaragua, está absolutamente claro que las autoridades están respondiendo a una preocupación pública muy real por cualquier posible repetición de la violencia asesina de la oposición de 2018.
Las muy respetadas encuestas de opinión de las empresas de M&R han demostrado repetidamente que más del 90% de los nicaragüenses rechaza cualquier intento renovado de desestabilización violenta. Ese hecho, por sí solo, también demuestra la absoluta falsedad de la gran mentira propagandística de Estados Unidos y la UE de que el fallido intento de golpe de Estado de la oposición en 2018 fue remotamente pacífico.
Combinado con un abrumador apoyo electoral al presidente Daniel Ortega, también significa que la gran mayoría de los nicaragüenses contradice diametralmente el tipo de reportajes de fantasía de mala fe de Tom Phillips sobre su país.