Manuel Humberto Restrepo Domínguez | Nodal
* “El golpe blando es violencia, sus agenciadores apátridas y sus participantes delincuentes que causan profundas heridas en la cultura de legalidad democrática y el Estado de derecho, y sus directas responsables son las élites hegemónicas”.
El modelo neoliberal se incrustó en las constituciones políticas de los años 90 y delegó al poder judicial la garantía de equilibrio entre derechos y capital. Con el siglo XXI, la Organización Mundial de Comercio impone las reglas y el Fondo Monetario Internacional, con endeudamiento, afianza la dependencia.
La política le cedió su espacio a la ley y el poder se tornó en ejercicio económico. Sobre esas bases el “lawfare” combina ley y guerra, usa de manera estratégica los procesos legales para debilitar, inmovilizar o desprestigiar a un oponente al que no puede vencer en política y al tiempo es una guerra por medios legales o una táctica para derrocar gobiernos sin recurrir a la intervención de la fuerza militar, eso es el golpe blando y lo propician las élites para conservar el poder.
El “lawfare” en el siglo XXI ha ocurrido en América Latina al menos cinco veces, bajo acusaciones planeadas que inician con rumores, medias verdades, falsedades, posverdades, hasta convertirse en procesos judiciales, entregados al congreso, encargado del golpe final, “en democracia”, sin disparos, ni fusilamientos y con amplio despliegue mediático prefabricado, hasta legitimar la destitución y derrocar al presidente y su partido.
Las acusaciones han ido desde mal manejo gubernamental hasta intentos de perpetuarse en el poder. Los casos de Manuel Zelaya (Honduras), Evo Morales (Bolivia), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), y Pedro Castillo (Perú), comportan más similitudes que divergencias en las acusaciones, mecanismos e instancias que los juzgaron.
Manuel Zelaya, presidente de Honduras entre 2006 y 2009, fue destituido el 28 de junio de 2009, acusado de “haber convocado a un referéndum no vinculante” que “podría” abrir la puerta a la reelección presidencial, lo que, según sus opositores, violaba la constitución hondureña. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó su arresto y fue expulsado del país por las Fuerzas Armadas. Aunque Zelaya siempre sostuvo que su iniciativa era legal, fue removido por una alianza entre la Corte Suprema, el Congreso Nacional y el Ejército. Casos similares de reelección se han presentado en este siglo con Uribe a través del delito de cohecho, y Bukele, con evidente manipulación.
Fernando Lugo, presidente de Paraguay (2008-2012), fue destituido mediante un juicio político llevado en el senado en muy pocas horas el 22 de junio de 2012, bajo la acusación de “mal desempeño en sus funciones”. El detonante de su juicio fue un enfrentamiento armado en el que murieron campesinos y policías durante un desalojo en Curuguaty. Es quizá el golpe más rápido de la historia, practicado como “golpe parlamentario”, que contó con la “obediencia” de Lugo, quien aceptó la destitución bajo el temor de ser puesto en prisión ante falta de garantías procesales y de juicio real.
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil entre 2011 y 2016 por el Partido de los Trabajadores y elegida con 22 millones de votos, fue sometida a un juicio político que inició como un rumor de “cuentas maquilladas” y concluyó con su destitución el 31 de agosto de 2016. Fue acusada de «crimen de responsabilidad», delito que no existía, por supuestamente manipular las cuentas públicas a través de maniobras fiscales conocidas como «pedaladas fiscales», para ocultar el verdadero déficit presupuestal. El Senado, agrupado en la oposición, votó a favor de su destitución sin pruebas directas que relacionaran a Rousseff con corrupción personal.
Evo Morales, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019, renunció bajo presión el 10 de noviembre de 2019. La Organización de Estados Americanos (OEA), luego de una rápida auditoria acusó a Evo de quebrar la integridad de las elecciones para intentar perpetuarse en el poder y concluyó con un mensaje de “controvertida victoria en las elecciones de 2019”. No hubo formalmente destitución por un juicio político, pero su salida fue un golpe de Estado con apoyo militar y policial.
Pedro Castillo, presidente de Perú desde 2021, ante el asedio, acoso, investigaciones abiertas por corrupción y luego de soportar un tercer intento de vacancia (destitución) y víctima del bloqueo total a sus proyectos y gobernabilidad, el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción, cerrando el congreso, que actuó rápidamente destituyéndolo en pocas horas ese mismo día. Fue arrestado de inmediato, acusado del supuesto delito de “intento de autogolpe”.
Fujimori, aún líder del partido mayoritario del congreso, sí se reeligió y dio un autogolpe que consolidó una dictadura y convirtió al país en una patria de desesperanza, violaciones de derechos humanos, privatización, venganza, impunidad y olvido.
Las destituciones, aunque vistas como actos controvertidos, con ilegalidades, irregularidades y procedimientos inadecuados, han terminado por instalar en el poder a representantes de ultraderechas políticas. En la mayoría de los casos, las destituciones formularon acusaciones de mal manejo de recursos públicos o intentos de socavar las estructuras democráticas.
Las razones específicas variaron entre motivos económicos y administrativos. Dilma acusada de manipulación fiscal y Lugo de mal manejo de un conflicto interno; Intentos de mantenerse en el poder, Zelaya, Morales, Castillo, acusados de acciones para extender su tiempo en el poder, como amenaza a las democracias. En los casos de Rousseff, Lugo y Castillo, la táctica empleo mecanismos parlamentarios y en los casos de Morales y Zelaya hubo además directa intervención militar o judicial de disuasión.
Las destituciones presidenciales en América Latina reflejan la existencia efectiva de un modus operandi, diseñado, planeado para dar un “golpe de estado” mediante la destitución de presidentes progresistas y de izquierda e instaurar gobiernos ilegítimos e ilegales, pero con respaldo inmediato para su consumación de instancias regionales como OEA y gobiernos afines a los Estados Unidos y los partidos y alianzas de ultraderecha.
Las tensiones tienen por común denominador romper el equilibrio política-ley y luego pretender la decisión objetiva e imparcial del poder judicial y del congreso, que no lo son, bajo ninguna circunstancia. El golpe blando es violencia, sus agenciadores apátridas y sus participantes delincuentes que causan profundas heridas en la cultura de legalidad democrática y el Estado de derecho, y sus directas responsables son las élites hegemónicas.