Los supervivientes del ataque aéreo egipcio a un convoy de turistas mexicanos ya han vuelto a casa. El avión presidencial que les transportaba desde tierras del Nilo aterrizó esta mañana en el aeropuerto de la Ciudad de México. El estado de los seis heridos (cinco mujeres y un hombre) es “delicado pero estable”. Sufren quemaduras, fracturas y problemas respiratorios, pero no se teme por su vida. Tras pisar suelo mexicano, fueron llevados en helicóptero a un centro de rehabilitación del sur de la capital. En el viaje les acompañó la canciller, Claudia Ruz Massieu, quien explicó que en los próximos días se repatriarán los cuerpos de los ocho mexicanos muerto en el ataque aéreo.
El Gobierno mexicano ha exigido a Egipto que pague una compensación a las familias de las víctimas de la matanza ocurrida el pasado domingo. El trágico incidente tuvo lugar a unos 300 kilómetros de El Cairo, en el desierto occidental, cuando un convoy de turistas fue atacado por militares que los confundieron con militantes yihadistas. Fallecieron ocho turistas mexicanos y cuatro de sus acompañantes egipcios, mientras que otras diez personas resultaron heridas.
“El Gobierno mexicano pide las necesarias garantías de que las víctimas de este trágico y lamentable ataque perpetrado el 13 de septiembre, todos ellos civiles, y sus familias, reciban una completa reparación por los daños causados”, reza una nota entregada por el Ministerio de Asuntos Exteriores mexicano a Yasir Sharbam, el embajador egipcio en Mexico tras ser llamado a consultas.
El Ejecutivo egipcio, que tardó casi tres días en ofrecer sus condolencias a las autoridades y el pueblo de México, aseguró que los turistas se encontraban en una zona restringida y que la compañía que organizó el recorrido, Windows of Egypt, no contaba con el permiso adecuado. Sin embargo, los responsables de la empresa mostraron una hoja con el calendario de actividades firmada por la policía turística. Además, un policía de este cuerpo acompañó el convoy.
A estas informaciones, que ponen en tela de juicio la versión oficial, se suman las primeras declaraciones de los supervivientes, publicadas en El Universal: “Nos bombardearon cinco veces desde el aire. Duró al menos tres horas”, declaró Susana Calderón, aún convaleciente. El que debía ser un viaje de ensueño por la tierra de los faraones se convirtió en un infierno. Amr Imam, familiar de uno de los asesinados de nacionalidad egipcia, afirmó que algunas víctimas fueron ejecutadas tras el bombardeo.
El escándalo es de tal magnitud que las autoridades egipcias han prohibido la publicación de artículos. En el manejo de la crisis, el Gobierno ha hecho gala de un marcado hermetismo. Durante la estancia de los heridos en el hospital Dar al Fuad, al oeste de El Cairo, la policía egipcia impidió que pudieran ser entrevistados por la prensa.
Tanto el presidente Enrique Peña Nieto como la canciller Ruiz Massieu han exigido al gobierno del mariscal al Sisi una investigación exhaustiva y rápida sobre los hechos. En una rueda de prensa con su homóloga mexicana, el ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shukry, afirmó que un comité había iniciado ya sus trabajos, y que las autoridades harían todo lo posible para aclarar lo sucedido. Sin embargo, más de cuatro años después de un convulso periodo posrevolucionario jalonado de masacres, rara vez las comisiones oficiales han servido parar depurar responsabilidades.