La batalla entre militares y el crimen organizado en Culiacán por la detención de Ovidio Guzmán abre nuevos interrogantes sobre la estrategia de seguridad del Estado mexicano.
A la hora de la comida, las céntricas calles de Culiacán (Sinaloa) se convirtieron este jueves en la zona cero de una guerra que todos en México conocen: la del narco. Una batalla campal entre hombres de uniforme y otros, uniformados a su modo, que vaciaron toda la munición posible contra camionetas, chalecos antibalas y al aire. Ocho muertos, cinco de ellos atacantes, según las autoridades, y 16 heridos. También, 49 presos fugados de la cárcel local. El terror que se vivió en Culiacán esa tarde fue suficiente para que el Gobierno mexicano diera marcha atrás y liberara a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, que acababa de detener. Y México quedó en menos de seis horas doblegado ante la capacidad de fuego de uno de los herederos del poderoso cartel de Sinaloa.
El operativo ha sido calificado por el secretario de Defensa mexicano, Luis Cresencio Sandoval, como «fallido, deficiente e improvisado». Y 24 horas y tres ruedas de prensa después, los cabos sueltos de esta misión militar siguen sobre la mesa sin que una autoridad los haya resuelto.
El nuevo papel de la Marina y la ausencia de la DEA
Tradicionalmente, desde que en 2006 el Gobierno de Felipe Calderón emprendiera la guerra contra el narcotráfico —sembrando de cadáveres el país, con casi 200.000 muertos— y que Peña Nieto continuara hasta el fin de su mandato, el papel de la Marina como la institución encargada de los operativos de alto riesgo no había variado. Los marinos fueron los responsables de detener, con apoyo de la inteligencia estadounidense y la DEA, a los grandes capos de la droga como Joaquín El Chapo Guzmán. Y se convirtieron en uno de los cuerpos más respetados del país.
En este operativo, la Marina ha quedado a un lado y ha sido el Ejército quien ha tomado el papel protagonista. Las autoridades no han explicado si la nueva estrategia de seguridad incluye prescindir de este cuerpo para este tipo de operaciones y tampoco del aparato de inteligencia de Estados Unidos. La Guardia Nacional, un cuerpo diseñado por López Obrador en el que los militares tienen una fuerza preponderante, ha sido el encargado de esta misión fallida contra el narco en Culiacán.
La resurrección de una guerra contra las cabezas de los cárteles
La decisión de detener a uno de los presuntos herederos del imperio del Cártel de Sinaloa, revive una de las estrategias de seguridad que López Obrador prometió no repetir. Hasta ahora, el descabezamiento de los grandes cárteles había sido la prioridad de los Gobiernos anteriores. Y la consecuencia: miles de muertos, fragmentación en grupos del crimen más pequeños y sanguinarios y la pelea de las plazas de la droga que habían dejado libres. Pero la persecución y detención de Ovidio Guzmán repite lo que hicieron sus antecesores: la captura de los grandes líderes. «¿Se trata entonces de un cambio de estrategia hacia una campaña contra blancos especiales?», se pregunta el experto en asuntos de seguridad, Alejandro Hope. Ninguna autoridad lo ha aclarado con rotundidad todavía.
Las contradicciones sobre la planeación del operativo
Durante la primera rueda de prensa que ofreció el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el día del enfrentamiento se explicó a la ciudadanía que la detención de Ovidio Guzmán se había producido de forma fortuita. «Una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena [Ejército] se encontraba realizando un patrullaje de rutina (…) cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López», fueron las palabras del secretario. Según esta primera versión de los hechos, mientras los militares esperaban una orden de cateo que no llegaba, los criminales rodearon la vivienda y los superaron en número y fuerza y por ello tuvieron que cancelar la misión.
La versión de lo sucedido la desmintieron la mañana siguiente. El operativo sí había sido planeado —aunque de forma deficiente— y el delincuente fue retenido. Después, valoraron que «estaban en riesgo muchos ciudadanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso», defendió el presidente López Obrador este viernes. Desde el Gobierno han insistido en que no hubo una negociación con los criminales, pero después de tres horas de enfrentamiento, en el que hubo también miembros del Ejército tomados como rehenes, se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Durante al menos tres horas de balazos y camionetas incendiadas en el centro de Culiacán, fallecieron cinco miembros del crimen organizado. Una de las preguntas realizadas a las autoridades este viernes fue sobre la posible ejecución extrajudicial por parte del Ejército a los presuntos criminales. Las autoridades no han negado que esto se hubiera producido, aunque tampoco lo han confirmado. Y no hay explicación oficial de por qué no fueron detenidos y puestos a disposición judicial.
49 nuevos prófugos
En mitad de la batalla, un motín dentro del penal de Aguaruto (en Culiacán) permitió la fuga de 55 presos, seis de ellos fueron detenidos poco después. En diferentes vídeos de vecinos y cámaras de seguridad se observa a decenas de hombres corriendo entre coches, subiéndose a algunos de ellos y huyendo del penal. La fuga ha puesto de manifiesto el poder del cartel de Sinaloa no solo en las calles, sino también en las prisiones. Las autoridades no han aclarado si los funcionarios locales fueron cómplices del motín —exponiéndose a un delito federal, penado con hasta 20 años de prisión— y permitieron agregar más caos al terror que vivía Culiacán.