El nuevo presidente deberá decidir sobre permanencia o no de la Comisión Internacional contra la Impunidad, establecer una estrategia para enfrentar a las pandillas y afrontar la situación migratoria en uno de los puntos calientes del Triángulo Norte.
El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien resultó electo en el balotaje este domingo 11 de agosto, tiene varios desafíos que enfrentar, heredados por el actual gobierno de Jimmy Moraales, cuando asuma el mando en enero de 2020.
Tres de los temas más controversiales para el mandatario electo son: migración, el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la seguridad en el país centroamericano.
Contra plan de Trump
Giammattei hereda de Morales un acuerdo firmado con EE.UU. el pasado 26 de julio.
El Gobierno guatemalteco denominó al documento Acuerdo de Cooperación respecto al Examen de Solicitudes de Protección e informó que incluye, en materia migratoria, la «cooperación conjunta entre los dos gobiernos mediante la correcta ejecución de un plan de implementación, el cual será aplicado a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña».
Esto implica convertir a Guatemala en un «tercer país seguro» que requerirá que los migrantes que lleguen al país centroamericano en su camino hacia EE.UU. soliciten asilo en ese territorio, considerado «seguro», y no en la frontera estadounidense.
Giammattei calificó como «una lamentable noticia para Guatemala» la firma de ese convenio y señaló que es imposible para el país hacerse cargo de lo acordado.
Ese plan se firmó luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con posibles sanciones a Guatemala, que incluían tarifas a las remesas que envían los inmigrantes desde EE.UU. al país centroamericano, así como la imposición de aranceles a productos de exportación y restricciones migratorias.
En favor de Guatemala, el convenio contempló el otorgamiento de visas para trabajadores temporales guatemaltecos, en el área de agricultura, para laborar en las granjas y ranchos de EE.UU. A mediano y largo plazo, estas visas se otorgarán también para los sectores de construcción y servicios.
Disminuir la emigración
En su denominado Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, su guía para gobernar, presentado durante la contienda electoral, Giammattei señala que «el principal problema de migración de guatemaltecos se da por la falta de empleo y por la violencia persistente en el país«.
El tema migratorio tomó mayor relevancia el año pasado y fue parte de la contienda electoral, luego que miles de guatemaltecos se sumaron a una caravana que partió desde Honduras hacia EE.UU.
Al respecto, anunció que «impulsará una política económica que tienda a atraer inversiones y generar la mayor cantidad de empleos», y con ello buscará que los guatemaltecos puedan quedarse y desarrollarse en su propio país, junto a su familia, «teniendo un ingreso que les permita vivir dignamente».
Plan de seguridad
De acuerdo al plan del mandatario electo, el desafío de generar empleo estará acompañado de una política de seguridad interna «que permita a los guatemaltecos vivir en paz, transportarse sin problemas y realizar sus actividades laborales, estudiantiles, religiosas y de cualquier índole en completa armonía».
Guatemala forma, junto a Honduras y El Salvador, el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, por su integración económica. Pero, estos tres países también tienen en común que están entre los principales con mayor índice de criminalidad de esa región.
El año pasado, según el portal especializado InSight Crime, Guatemala, aunque tuvo una disminución en sus índices de asesinatos, registró una tasa de homicidios de 22,4 por cada 100.000 habitantes, ubicándose en el décimo puesto del ranking entre los países de América Latina y el Caribe.
En el país, de casi 17 millones de habitantes, hubo 3.881 asesinatos en 2018, un descenso desde las 4.409 muertes violentas y la tasa de 26,1 por 100.000 habitantes de 2017.
Pena de muerte
Otro de los graves problemas de Guatemala son las pandillas. En el país operan, entre otras, la Mara Salvatrucha o MS-13, la organización delictiva que surgió en la década de 1980 en Los Ángeles (EE.UU.), y Barrio 18, que también nació en esa urbe estadounidense. Ambas funcionan con células en todo el país centroamericano.
«Adoptaremos acciones estratégicas contra los grupos de delincuencia común y delincuencia organizada, fronteras más seguras y una persecución frontal al narcotráfico, tráfico ilegal de personas y de armas, así como al contrabando», dice Giammattei en su plan.
En el documento añade que atenderán «las causas de la delincuencia«, y consideran como una de ellas «la falta de oportunidades de empleo de una gran mayoría de la población, especialmente jóvenes». Se compromete, además, a impulsar «una política económica y social que propicie un nivel de ocupación importante», y con ello buscarán arrebatarle «los operadores a las estructuras criminales«.
Esta nación, también, presenta un problema carcelario. Según la base de datos de World Prison Brief hasta finales de julio había 25.178 presos —143 por cada 100.000 habitantes—, pese a que el sistema penitenciario del país tiene una capacidad oficial para 6.800 reclusos.
Esta cifra indica que hay una sobrepoblación carcelaria, puesto que el nivel de ocupación de estos recintos es de 357,6 %. En ese sentido, Giammattei se ha comprometido a reducir «el hacinamiento en el sistema penitenciario«.
Aunque en su plan no está explícito, el mandatario electo manifestó en varias entrevistas y en alocuciones públicas su intención de revivir la pena capital.
¿Qué pasará con la CICIG?
Una de las incertidumbres entre los guatemaltecos e, incluso, a nivel internacional, es si Giammattei permitirá la continuidad de la labor de la CICIG, organismo creado en 2007 con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar al Ministerio Público guatemalteco en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado.
En su tiempo de funcionamiento, este organismo presentó más de 100 casos, «varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país», dice Amnistía Internacional, en un informe publicado en julio pasado.
La labor de la CICIG permitió que más de 300 personas fueran sentenciadas por casos de corrupción, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes aún permanecen encarcelados.
No obstante, el 31 de agosto de 2018, Morales anunció que no prolongaría el trabajo de la CICIG en el país, acusando al organismo de violar la Constitución.
«En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala, ha montado un sistema de terror», dijo el mandatario durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2018.
La decisión fue confirmada el pasado mes de enero, por lo que las gestiones de esta comisión culminarán el 3 de septiembre próximo.
Morales tomó la decisión luego que la CICIG presentara ante las autoridades de la justicia local una investigación en su contra por presunta financiación electoral ilícita.
La posición de Giammattei frente a la CICIG
Sobre si Giammattei renovará el mandato de la CICIG existen dudas. El mandatario electo tuvo, en 2010, serias diferencias con el organismo, luego que este le abriera un proceso que lo condenó 10 meses de cárcel.
En concreto se trató del caso de la «Operación Pavo Real«, realizada en 2006, cuyo objetivo, según Giammattei, quien para ese momento fungía como jefe del sistema penitenciario del país centroamericano, era recuperar el control de la Granja Penal de Pavón, una cárcel ubicada en las afueras de Ciudad de Guatemala.
La operación se realizó con alrededor de 3.000 efectivos policiales, del ejército y guardias penitenciarios. Giammattei celebró el éxito de la acción, que dejó un saldo de siete reos muertos, según él por enfrentamientos.
Pero, cuatro años después de la operación, la CICIG presentó una investigación en la que aseguró que no se trató de una acción para tomar el control de Pavón, sino la ejecución extrajudicial de varios presidiarios. El organismo mostró fotografías que evidenciaron a los cadáveres con torturas y con heridas de bala desde corta distancia.
Por ello, Giammattei estuvo en la cárcel; no obstante, en mayo de 2011, el Tribunal Primero de Alto Riesgo decidió cerrar el caso por falta de pruebas.
En una conferencia de prensa el pasado 22 de julio, el ahora mandatario electo dijo: «La CICIG se acabó, el 3 de septiembre; el mandato de la CICIG se acaba porque este Gobierno (de Morales) tomó la decisión».
En esa misma alocución dijo que su estrategia para sustituir el trabajo de la CICIG y abordar otros temas, como el de la inteligencia, investigación, persecución penal, independencia de poder del organismo judicial para su toma de decisión y el sistema penitenciario, será buscar ayuda «con países amigos, aliados» con los cuales firmará acuerdos bilaterales; también, ha mencionado la posibilidad de pedir asistencia al FBI para investigaciones criminales.