Marina Menéndez Quintero | Juventud Rebelde
El politizado sistema judicial brasileño que de manera tan tendenciosa y cruel actúa contra Lula, tiene una oportunidad de oro para restituir, al menos en algo, su imagen, y recuperar un poco de su credibilidad sin tener que rasgarse totalmente las vestiduras.
Solo el interés político —y obviamente, ese es el que lo mantiene en prisión—, y ese mismo fuerte poder domeñando a los jueces honestos, podría impedir ahora que a Luiz Inácio Lula da Silva se le conceda, cuanto menos, el habeas corpus, y que se desestimen los procesos por los cuales se le ha condenado injustamente a 12 años de prisión en dos causas separadas, de un total de siete abiertas contra él desde 2016.
El panorama en torno al sucio ejercicio de la justicia está más a la vista que nunca. De junio a la fecha, los entresijos de Lava Jato que han sido develados, poco a poco, por los investigadores de The Intercept, encabezados por Green Greenwald, exhiben, detrás de las acusaciones, un escandaloso acto de corrupción moral que bastaría para derrumbarlo todo, y mucho más pecaminoso que los falsos hechos de corrupción financiera que se le imputan al líder popular brasileño.
Los chats sostenidos por el cabeza de Lavo Jato y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con fiscales de la investigación en torno a las corruptelas en Petrobras —operativo convertido en cacería contra la izquierda—, contienen elementos suficientes para corroborar que todo es una farsa; a pesar de que las leyes de Brasil prohíben tomarlas técnicamente como pruebas, debido a que son diálogos personales y fueron obtenidos… subrepticiamente.
Esos chats, sin embargo, dan cuenta de que los cargos contra Lula fueron montados para una puesta en escena, al punto de que el coordinador de Lava Jato, Deltan Datagnol, llegó a dudar en determinado momento si algunas de las situaciones fabricadas resultarían convincentes ante los jurados y la opinión pública.
También se ha revelado la baja catadura moral y ética de los fiscales, al conocerse el humor negro que se gastaron a propósito de las muertes de la esposa, el hermano y un nieto pequeño de Lula, lo que añade alevosía a la manipulación judicial y la persecución política.
Nada de eso, sin embargo, ha funcionado hasta hoy.
Apenas se ha anunciado que la ejecutoria de Datagnol podría ser revisada, en tanto el Tribunal Supremo ha pospuesto, también para este mes, un análisis acerca de si Moro fue imparcial en el proceso contra Lula. Ese dictamen podría provocar también un giro en los casos.
Pero la sinceridad de esas revisiones está en dudas, habida cuenta de que Moro sigue siendo ministro de Justicia, y Jair Bolsonaro, el presidente, le debe a él la primera magistratura, por haber encerrado a tiempo a su principal contrincante en las elecciones de 2018.
A la espera del habeas corpus
Ahora todo depende de que el Tribunal Supremo enjuicie y acepte el nuevo pedido de habeas corpus presentado luego de las develaciones de los chats, a lo que se ha negado, a priori, Edson Fachim, uno de sus magistrados.
La vista de la solicitud se dilata a pesar de que otro juez, Gilmar Mendes, ha declarado que Lula «merece un nuevo juicio» y que la operación Lava Jato se politizó y sus fiscales llegaron demasiado lejos. Ello señala divisiones en la Corte Suprema.
Hay estimados optimistas de parte de políticos del Partido de los Trabajadores (PT), como el ex candidato presidencial Fernando Haddad, quien manifestó hace unos días que Lula debería ser liberado este mes.
Nos ha parecido a muchos, tal vez, un exceso de confianza en el maniatado sistema judicial brasileño, pues a este se le ve hasta hoy sujeto al ejecutivo. Ello, sin olvidar la ligazón de Moro con Estados Unidos, donde se formó, y país en el que algunos aducen que se le preparó, justamente, para penetrar el sistema de justicia de Brasil y convertirse en lo que ha sido: verdugo de la izquierda.
Pero Haddad no es el único en pensar que se ha abierto, al menos, un resquicio de las puertas tras las cuales sigue encerrada la verdad.
Además del peso de las denuncias de The Intercept, analistas han valorado que el entorno político brasileño ha cambiado en las últimas semanas en contra de Bolsonaro.
No se trata solo de que sus impopulares decretos han enflaquecido las simpatías con que contaba en esa parte de la población que lo votó, al punto de que encuestas recientes le adjudican una baja en la aceptación de 57 a 41 porciento, a lo que se suma su neoliberal manejo del tema agroforestal, criticado incluso fuera de Brasil en medio del desastre causado por los incendios en la Amazonía, frente a lo cual Bolsonaro sigue actuando con autoritarismo irracional y sospechosa pereza.
Además, se dice que estaría mermando también el apoyo que brindan al Presidente los militares, de cuyas filas Bolsonaro procede, y entre quienes repartió puestos de Gobierno cuando asumió la primera magistratura en enero.
Según tales análisis, los uniformados han operado en más de una ocasión como muro de contención ante los desaguisados del mandatario y la fiebre neoliberal de su titular de Economía, Pablo Guedes.
Y también entre ellos habría empezado a mermar la convicción de que liberar a Lula significaría «un problema social». Esos analistas estiman que el ejército podría estar anuente a permitir ahora que se revisen los juicios a Lula o, cuanto menos, a que se le cambie la reclusión en Curitiba por prisión domiciliaria.
Sin embargo, el bien ganado prestigio del líder del PT como presidente, durante cuyos mandatos la gente vivió incomparablemente mejor, crece en medio de la debacle social provocada por Bolsonaro.
Por ello no debe desestimarse que Lula siga siendo percibido como «un peligro» para la derecha brasileña y continental y, obviamente, es lo que lo mantiene tras las rejas. De eso se trata el lawfare o judicialización de la política.
No obstante, habría que ver cuánto resisten los barrotes de la mentira en el ámbito judicial, donde a la maquinaria le ha saltado un resorte.
El caso Bendini
Hay un resquicio abierto hacia la posibilidad de justicia más acá del círculo político, en el dictamen de la sala segunda de la propia Corte Suprema que, la semana pasada, exoneró de culpas al ex presidente de Petrobras, Aldemir Bendini, bajo el argumento de que el reo no gozó durante el juicio del derecho a la defensa amplia que le concede la legislación al acusado cuando, como es el caso, los cargos se imputan sobre la base de las llamadas delaciones premiadas.
Tal consideración vale igual para Lula y muchos de los condenados durante la operación Lava Jato.
La constitucionalidad de las delaciones premiadas, que se obtienen de un acusado o de un reo a cambio de rebajar sus penas, es cuestionada desde antes de la condena a Lula y de su apresurado encarcelamiento en la sede de la Fiscalía en Curitiba, cuando los recursos de la defensa no estaban agotados, por lo que se violó la presunción de inocencia que vale sobre todo acusado mientras la culpabilidad no ha sido probada.
Ahora, los jueces que dejaron sin vigor la condena a Bendini —quien debe ser objeto de un nuevo juicio— antepusieron el principio de que cuando las acusaciones son obtenidas mediante delación premiada, el enjuiciado declara después; es decir, tiene el «derecho a la última palabra». Eso también se violentó en el caso de Lula.
Juristas del Tribunal se apresuraron a advertir que el precedente de Bendini derribaría el sostén de otras muchas condenas impuestas en el marco de Lava Jato. Ello invita a creer, por tanto, que la Corte lo pensará bien antes de abrir también esa ventana a Lula.
Correspondía a la magistrada Carmen Lucia, presidenta de la misma segunda sala del alto Tribunal que juzgó el caso Bendini, haber convocado esta semana a esa instancia para la vista donde se resolverían de una vez el nuevo pedido de habeas corpus para Lula, y el dictamen en torno a la imparcialidad o no de Moro.
El hecho de que esa convocatoria no fuera realizada hasta ahora, indica que las presiones políticas prevalecen.
Queda en manos de la movilización popular brasileña, y de la comunidad internacional, ejercer la presión que quite los grilletes a la justicia.
Telaraña de mentiras
La persecución contra el líder del PT conformó una espesa telaraña de procesos y cargos sin pruebas, algunos de los cuales se han ido derrumbando.
Estas fueron las siete causas judiciales abiertas contra él desde 2016.
—Apartamento triple del balneario de Guarujá: Se basa en la presunta aceptación por Lula de sobornos de la transnacional OAS consistentes en el alegado arreglo del apartamento —que no es de su posesión—, a cambio del otorgamiento de inversiones a la firma. (Causa juzgada en segunda instancia, pendiente del habeas corpus, y por la cual se le condenó finalmente a 12 años de prisión).
—Sitio de Atibaia: Presunta reforma de otro inmueble por Odebrecht y OAS a cambio de contratos de esas firmas en Petrobras. (Caso juzgado en junio de este año mediante las mismas falsedades usadas en Guarujá. Se le condenó a 12 años y 11 meses. Pendiente del habeas corpus).
—Instituto Lula: Se le adjudica haber aceptado sobornos de Odebrecht para la compra de un terreno que debía servir como nueva sede para ese Instituto. (La defensa está pidiendo su cancelación).
—Caso Cerveró: Se le acusaba de intentar comprar el silencio del ex ejecutivo de Petrobras Nestor Cerveró. Acusación desestimada en julio de 2018 por falta de pruebas.
—BNDES: Presunto uso de influencias para que el Banco de Fomento Estatal (Bndes) ayudara a la constructora Odebrecht a conseguir contratos en Angola. Los cargos fueron desestimados en julio por falta de pruebas.
—Caza Gripen: Se le acusa de facilitar contratos con el Estado a la consultora Marcondes-Mautoni. Entre los convenios estaría la compra de 36 aviones caza Gripen.
—Automotrices: Se alega que en 2009 Lula supuestamente recibió fondos para el PT a cambio de favorecer con inversiones las empresas automotrices MMC y Caoa.