La operación para poner a salvo a los vecinos paraliza temporalmente la búsqueda de los 305 que siguen desaparecidos tras colapsar una balsa de residuos el viernes.
Eran las cinco de la madrugada del domingo cuando sonaron las alarmas en Brumadinho, el pueblo de Brasil golpeado por una catástrofe humana y medioambiental dos días antes. Bomberos y miembros de protección civil han ido avisando casa por casa porque el nivel de una segunda presa (que contiene agua) había subido y corría el riesgo de romperse. Unas 24.000 personas, más de la mitad de esta pequeña ciudad minera, han sido evacuadas en una operación que ha obligado a suspender temporalmente la búsqueda de las víctimas de la rotura de balsa de residuos que ha causado al menos 58 muertos. Los desaparecidos suman aún 305 personas. En paralelo a las tareas de rescate, arrecia el debate, dentro y fuera de las instituciones, sobre los procesos para dar licencia a las operaciones mineras y fiscalizarlas.
Los bomberos han drenado la presa que ha hecho saltar las alertas —contiene en torno a un millón de metros cúbicos de agua— para aminorar el riesgo de que cause una segunda catástrofe en la mina de hierro Córrego de Feijão y han iniciado las evacuaciones como medida de prevención. La población de Brumadinho, en el estado minero de Minas Gerais, fue avisada también por altavoces: “Atención, evacuación general del área. Busque el lugar más alto de la ciudad. Evacuación de emergencia. Busque el lugar más alto de la ciudad”. Por la tarde han levantado la emergencia y retomado el rastreo.
Decenas de helicópteros peinan este domingo desde el aire la extensa zona cubierta por el lodo rojizo de residuos férricos que se convirtió en un letal torrente al romperse el viernes el dique de una represa. Buscan cualquier indicio de vida. O cadáveres. El mar de barro se tragó instalaciones de la mina y casas de los alrededores.
El dolor e impotencia son dos sentimientos que afloran en Brumadinho (40.000 habitantes), que se desespera con las matemáticas morbosas del recuento de víctimas de la rotura de la represa de la empresa Vale, la mayor firma minera de Brasil y vinculada también a la propiedad de la mina Mariana. Allí en esa mina, ubicada a 100 kilómetros de esta, se produjo en 2015 una rotura similar que causó el mayor desastre ambiental conocido en el país.
Los fallecidos confirmados suman 58 y algunos han sido identificados, pero existe la certeza de que la cifra aumentará. El sábado, las noticias de que se había localizado a supervivientes dieron algo de esperanza a los allegados de los desaparecidos. La compañía minera Vale tiene un listado que va actualizando cuando logra contactar con alguno de sus empleados. Pablo Aniceto Gomes es uno de los que espera encontrar a su hijo, Everton Guilherme, que trabajaba en el área de ingeniería en una subcontrata de Vale. El último contacto que tuvo con Everton Guilherme fue a través del WhatsApp a las 12.18 del viernes. Pablo Aniceto no sabe cuántas veces ha mirado el último mensaje que intercambiaron.
“Todavía tengo esperanzas de encontrar a mi hijo. Hay que tener fe”, dice emocionado. «Hemos dado a los bomberos la geolocalización del celular de él, tenemos que tener fe”, repite. Gomes hijo comenzó a trabajar para Vale hace menos de un mes. La mayoría de ese tiempo estuvo en una ciudad cercana, Itabirito. “Era la primera vez que venía a la mina (Córrego) de Feijão”, recuerda angustiado Pablo Aniceto.
Al dispositivo de rastreo se unirán este lunes 136 militares israelíes, enviados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, uno de los principales aliados del nuevo presidente de Brasil, el nacionalpopulista Jair Bolsonaro.
Desde que el viernes se rompió el dique de la mina de Brumadinho —en 2015 se quebró uno similar en la mina Mariana de la misma empresa, que mató a 19 personas y creó un río de lodo que recorrió 600 kilómetros— se suceden las voces que, desde ámbitos dispares, exigen una revisión seria de los procedimientos por lo que se concede autorización para que este tipo de instalaciones operen.
El ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, declaró que “es urgente que las balsas (mineras) de todo el país que supongan mayor riesgo sean sometidas a un nuevo estudio». Las autoridades de Minas Gerais cifran en 22 de las 450 existentes las que tienen problemas de estabilidad. Heleno, general retirado, uno de los más cercanos colaboradores del presidente, mencionó la posibilidad de introducir cambios en los procedimientos para otorgar licencias porque, recalcó, “algo está fallando”. La balsa que colapsó contenía casi 12 millones de metros cúbicos de residuos generados por la producción minera. Contaba con todas las licencias pertinentes.
Greenpeace Brasil puso en el punto de mira esos mismo trámites, con mucha mayor contundencia, al acusar a “los grupos económicos con fuertes lobbiesentre los parlamentarios (que) insisten en querer relajar las reglas para otorgar licencias ambientales”. Para la ONG, eso supondría crear una fábrica de Marianas. La organización ecologista remató diciendo que estos casos “no son accidentes sino crímenes ambientales que deben ser investigados, castigados e indemnizados”.
El fiscal federal José Adercio Sampaio, que dirige las negociaciones para pactar con Vale una indemnización por los daños ocasionados por el desastre de 2015, ha asegurado a Reuters que, en función de la culpabilidad de la empresa en el caso actual, su postura podría cambiar. Ahora mismo reclama 155.000 millones de reales (36.000 millones de euros) a la compañía, que en 2017 facturó casi 34.000 millones de euros. El alcalde de Mariana, Duarte Junior, ha criticado la lentitud en la respuesta a las peticiones de indemnización de sus vecinos.