Adalberto Santana
El próximo 6 de junio de 2021 se realizarán elecciones en la República Mexicana, se afirma que serán las más grandes de la historia contemporánea del país. La disputa se centra en lograr la mayoría de la Cámara de Diputados (federal), pero de igual forma se disputan 30 congresos locales de diversos estados, así como 900 ayuntamientos y juntas municipales, así como 15 gubernaturas de la federación. El estimado es que estarán en juego 21,383 mil cargos de elección popular.
Aproximadamente están registrados para concurrir a votar más de 94 millones de mexicanos de un total de 129 millones. Dentro de los retos de esa elección figuran vencer al abstencionismo, alcanzar resultados favorables para los partidos en el poder o bien para la oposición y enfrentar los niveles de violencia alcanzados en la coyuntura electoral.
En el proceso de las campañas políticas diversos son los contendientes, así como sus plataformas políticas e ideológicas. De manera general la confrontación electoral se centra por parte de los partidos de oposición a nivel nacional en alcanzar una votación capaz de reducir el control que en la Cámara de Diputados detentan los partidos que apoyan al gobierno progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Son tres las entidades partidarias en el poder político que ostenta la mayoría de los diputados y que encabezan el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). En tanto que el principal bloque opositor, “Va por México”, lo integran la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esencialmente es un bloque de partidos que representa a los grupos desplazados del poder durante las elecciones federales de 2018 y que tienen orígenes distintos pero que hoy en la coyuntura se han unificado en una plataforma neoconservadora identificada con las posiciones de la llamada derecha latinoamericana. Su propósito principal es alcanzar la mayoría de votos en la disputa electoral de los diputados nacionales.
Para con ello minar el poder del gobierno federal del presidente López Obrador. A nivel local pretenden ganar las gubernaturas en disputa en torno esos 15 estados y de sus respectivas cámaras locales de diputados. Así como alcanzar diversos puestos de elección local en distintos municipios del país. La tendencia es que esa coalición logrará algunas gubernaturas que están en su poder (14) y perderá otras tantas (10 o 9) que podrían quedar en manos del bloque progresista o de izquierda.
En las elecciones de 2021, también figuran otros partidos políticos que participan de manera independientes, es decir, aquellos que no forman ninguna coalición política como es el caso del Movimiento Ciudadano (MC), entidad partidaria que en otras elecciones apoyó la candidatura de AMLO, pero que en la elección de 2018, se sumó a la oposición antiobredorista y hoy en 2021 va sin alianzas en la contienda electoral. Puede pensarse por su tendencia “socialdemócrata”, buscará capitalizar el voto opositor a la coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD) pero también de aquellos sectores que ya no votarán por el bloque progresista que apoyan al gobierno federal (PT, PVEM, Morena).
Un cuarto segmento lo encabezan los nuevos partidos que en ese mismo escenario electoral en disputa, tiene como su principal objetivo alcanzar una votación mínima requerida para obtener su registro. Ahí se ubican diversos partidos como las Redes Sociales Progresistas (RSP) que tiene su apoyo principal en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Organización sindical que se le considera la más numerosa en los países latinoamericanos. De esa manera podría lograr tanto su registro como un número significativo de diputados nacionales y locales. Otras entidades partidarias de reciente formación tienen una situación más difícil, especialmente cuando buscan lograr su registro y determinada representación si logran el número de votos requerido.
Estas organizaciones partidarias carecen en algunos casos de una estructura capaz de sumar votos de los distintos electores nacionales y sociales, tales son los casos de los partidos: Fuerza por México (FxM) entidad también de origen sindical y que se autocalifica como progresista. Otro agrupamiento es el Partido Encuentro Solidario (PES), de marcada orientación religiosa identificada una tendencia cristiana conservadora.
A la vez en distintos estados figuran partidos locales tales como en la ciudad de México con el llamado Partido Equidad, Libertad y Género (ELIGE) entre otros de esa índole. Otro de los actores que funciona en el actual proceso electoral mexicano pero sin registro legal pero con una relativa fuerza es el crimen organizado.
Actor que no es nuevo en el proceso político, económico y social de la sociedad mexicana. Las organizaciones del narcotráfico que actúan en diversas partes del territorio nacional, por la inercia de su poder delincuencial ha generado una tremenda ola de violencia que en el curso de 15 años ha sembrado el país con más de 260 mil muertos.
Recordemos que el presidente derechista Felipe Calderón Hinojosa, inició la llamada guerra contra el narcotráfico, ola de violencia que no ha podido ser frenada. Conviene traer a la memoria que aproximadamente el 80% de los homicidios acontecidos en el escenario mexicano son ejecuciones generadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Hasta el momento de la actual coyuntura electoral se contabilizan 82,241 desaparecidos oficialmente hasta enero de 2021, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Así, gran cantidad de los miles de cadáveres llegan a terminar en las fosas comunes al no poder ser identificados.
De esta forma el actual proceso electoral ha estado inmerso en esa ola de violencia. Ocho días antes del día de los comicios, habían asesinado a más de 90 actores políticos y 34 aspirantes y candidatos a cargos de elección popular.
Incluso el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, el mismo 28 de mayo en gira electoral por el estado de Tamaulipas (donde prevalece la inseguridad y el gobernador derechista de ese Estado, Francisco Cabeza de Vaca, a quien se le ha acusado judicialmente por sus vínculos con el crimen organizado), fue detenido por un grupo armado en la carretera entra la ciudad de Matamoros y Reynosa.
Así, se podría llegar a pensar que el poder del narcotráfico y de la delincuencia organizada también votan en las elecciones mexicanas al crear un clima de violencia y terror para desestabilizar el proceso electoral. Su apuesta es favorecer a los remanentes de los políticos conservadores vinculados con la corrupción y los partidos derechistas.
Pero sobre todo para intentar frenar las políticas de la llamada Cuarta Transformación (4T) que impulsa el presidente López Obrador y sus partidos aliados (PT, Morena y PVEM) para minar la capacidad de respuesta política y con ello impedir que se profundicen las reformas económicas y sociales a favor de los amplios sectores sociales del pueblo mexicano.