Dina Boluarte comentó que la investigación de la que es objeto la ex primera dama no es un impedimento para que se acoja a esa medida.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que el Gobierno de México otorgó asilo político a la familia del destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo, luego de su fallido intento de disolver el Parlamento y establecer un gobierno de excepción.
Boluarte explicó que la canciller Ana Cecilia Gervasi le informó que México decidió acoger a la esposa y a los dos hijos del exmandatario que, según los medios, se encuentran en paradero desconocido.
«Hace unos días me comunicó la canciller que el estado mexicano ya había dado el asilo político. Yo lo que le dije a la canciller que proceda conforme a ley, todo lo que enmarca el marco legal», declaró en el programa televisivo Panorama.
La ex primera dama Lilia Paredes y su hermana están bajo investigación por formar parte de una supuesta «organización criminal» que repartía contratos públicos a cambio de dinero y que estaría dirigida por el propio exmandatario.
«Probable asilo político»
Según Boluarte, esa investigación no sería un impedimento para que ambas se acojan a esa medida.
«Lo que la canciller me dice es que la investigación que se está dando en la Fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político», detalló.
Violentas manifestaciones estallaron después de que Castillo, un humilde maestro rural izquierdista, fuera destituido por el Parlamento y encarcelado después de que el 7 de diciembre intentara sin éxito disolver el legislativo y establecer un gobierno de excepción, antes de someterse a un nuevo juicio político.
Por ahora, las protestas, que exigen adelantar los comicios generales al próximo año, la liberación de Castillo y la renuncia de Boluarte, entre otras cosas, han dejado al menos 25 muertos y más de 70 hospitalizados.
El exmandatario fue detenido cuando intentaba llegar a la Embajada de México para asilarse, pero se quedó atrapado en el tráfico limeño. La Justicia dictó en su contra 18 meses de prisión preventiva para ser investigado por rebelión.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es uno de los que ha respaldado al expresidente peruano, junto a los de Colombia, Bolivia y Argentina.