El 7 de abril la prisión política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplió un año. En esta fecha movimientos populares y organizaciones políticas de 16 países, incluido Brasil, realizaron una serie de acciones en el marco de la Jornada Internacional Lula Libre. Las movilizaciones serán realizadas hasta el día 10 de abril.
Según los organizadores, “las manifestaciones dentro y fuera de Brasil van a denunciar el carácter político de la prisión del ex presidente Lula”. El ex mandatario fue detenido mientras lideraba los sondeos de las elecciones presidenciales de 2018. El juez que condenó a Lula, Sérgio Moro, ahora es ministro de Justicia del gobierno Jair Bolsonaro, quien se benefició tras la detención del ex mandatario y la posterior prohibición de su candidatura.
En Brasil, está confirmada una agenda de movilizaciones en 17 ciudades. Otras 32 actividades están organizadas en ciudades de más de 15 países. “El proceso difamatorio e injusto del cual Lula es víctima, genera indignación en Brasil y en otros países”, señala un comunicado del Comité Lula Libre, que también informa que el caso del ex mandatario todavía es analizado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Lula fue postulado como candidato al premio Nobel de la Paz en enero de este año por su contribución al combate del hambre en Brasil y en otros países. La postulación del ex mandatario al premio recibió el apoyo de miles de personalidades en todo el mundo a través de una petición enviada al Comité Noruego del Nobel.
Un video de convocatoria para la Jornada Internacional Lula Libre ya circula en las redes sociales:
“Nosotros tenemos la expectativa de realizar dos grandes actos nacionales. Un acto en Curitiba con líderes, una actividad cultural y una ceremonia religiosa el día 7 en frente de la sede de la Policía Federal [donde Lula está detenido]; y un acto en São Paulo el mismo día, para reunir a la gente que considera que la prisión de Lula es injusta y arbitraria”, informa el coordinador de la Campaña Lula Libre, Igor Felipe.
El coordinador hace un llamado para que se organicen otras actividades en solidaridad con Lula y en defensa de la democracia.
“Si cree que la prisión de Lula es arbitraria, si cree que es una injusticia, que la prisión de Lula es una amenaza a la democracia y a los derechos civiles, organice una actividad, una reunión, un debate, un acto, una comida en defensa de la democracia y por la libertad de Lula y envíe la información a nuestro comité, para incorporarlas a nuestra programación”.
Lula fue detenido el 7 de abril después de una condena en segunda instancia en el caso conocido como “triplex de Guarujá”.
En Brasil, habrá manifestaciones en los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande del Norte, Rio Grande del Sur, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins y el Distrito Federal.
¿Por qué Lula está en la cárcel?
Ya era la noche del sábado 7 de abril, cuando el helicóptero de la Policía Federal aterrizó sobre el edificio de la Superintendencia de la PF en Curitiba, llevando consigo al presidente más popular de la historia reciente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Su prisión marcaría el destino de la política brasileña, decidido en las urnas, en octubre de ese mismo año.
Fue una larga jornada desde el decreto de prisión emitido por el entonces juez de la causa Lava Jato, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, en el día 5 abril, luego que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechace un pedido de habrás corpus preventivo, presentado por la defensa del ex mandatario.
La militancia petisa y de los movimientos populares de izquierda cercaron el sindicato de Metalúrgicos del ABC paulista, buscando en vano, impedir “el secuestro» de Lula. Antes de presentarse a las autoridades en Curitiba, el ex presidente dio un discurso emocionado, en el cual prometió resistir a la injusta prisión y seguir luchando para probar su inocencia.
Pero, ¿cuándo comenzó todo? ¿Qué llevó al mayor líder político del país a prisión? ¿De qué es acusado? ¿A quién le interesa su prisión? Esas y otras preguntas, Brasil de Fato busca responder a lo largo de los últimos años, desde el inicio de la persecución jurídica desatada pelos agentes de la operación Lava Jato.
Antecedentes
El país despertó el 4 de marzo de 2016 sorprendido por una acción de Fuerza de la Operación Lava Jato, que invadió, a las primeras horas de la mañana, el apartamento del ex presidente Lula, en la ciudad de São Bernardo do Campo, en el ABC Sao Paulo.
La acción coercitiva fue autorizada por el ex juez Sérgio Moro antes de haber convocado al petista a dar declaración. Todo fue transmitido en directo por algunos medios de comunicación nacionales que fueron advertidos previamente de la operación, según denunció el propio ex presidente Lula tras ser liberado.
A partir de entonces, la defensa del ex presidente pasó a denunciar públicamente la práctica del llamado «lawfare» contra Lula. En resumen, consiste en una estrategia que articula decisiones judiciales con acciones mediáticas, objetivando alcanzar moralmente al acusado, condenándolo antes incluso de concluidas las investigaciones.
Para Aury Lopes Júnior, jurista, especialista en Derecho Procesal Penal, la práctica del lawfare puede ser verificada en diversos momentos en que se percibe una tramitación diferenciada del proceso judicial con objetivos políticos. Pero, según Lopes, los problemas relacionados no pueden ser resumidos a eso.
«Nosotros tenemos cuestiones formales relacionadas con el juez natural, a la quiebra de la imparcialidad, que son evidencias, la contaminación del juez Sérgio Moro en ese caso es muy evidente, no sólo en ese pero en varios otros, en que se verifica un prejuzgamiento, una precomprensión, y eso es algo que salta a la vista».
La denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) contra el ex presidente vendría tan sólo cinco días después de la conducción coercitiva, cuando el procurador de la Operación Lava Jato Deltan Dallagnol, protagonizó la famosa escena, que más tarde sería tema de memorias en las redes sociales, de un power point que vinculaba los casos de corrupción de Petrobras a una foto del ex presidente, en el centro de la pantalla. En ese momento, Lula era acusado de ser «el jefe» de todo el esquema de corrupción.
El juego político de Sérgio Moro, el juez ministro
El 20 de septiembre de 2016, el entonces juez de la 13ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, decidió aceptar la denuncia del MPF contra Lula en el caso triplex. Según la causa Lava Jato, el ex presidente habría recibido propina de la constructora OAS, por via1 de una reforma de un apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral paulista.
Por el caso, acusaba al ex mandatario de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El 10 de mayo del año siguiente (2017), Lula da testimonio por primera vez al juez de Curitiba. Durante la audiencia, la defensa del ex presidente presenta pruebas de que el apartamento jamás habría sido de propiedad de la familia Lula da Silva, como explica el abogado Cristiano Zanin Martins.
«La acusación no hizo ninguna prueba de culpa del ex presidente Lula. La sentencia condenatoria, así como la confirmación de ella por el segundo grado se dio fundamentalmente sobre la base de un testimonio de un arrepentido, es decir, un testimonio prestado sin el compromiso con la verdad, y por una persona claramente interesada en obtener beneficios del Ministerio Público.
Por otro lado, nosotros hicimos la prueba durante varias audiencias, después de las declaraciones de 73 testigos, de que el ex presidente Lula no practicó ningún acto ilícito, no practicó ningún acto de oficio, no recibió ninguna contrapartida, a diferencia de lo que se afirmó por la denuncia hecha por el Ministerio Público».
Después de 10 meses de proceso, el 12 de julio de 2017, Moro condena a Lula a nueve años y seis meses de prisión en régimen cerrado. Una sentencia que, para abogado criminalista Fernando Hideo, carecía de criterios jurídicos bien definidos por la Constitución Federal y las leyes brasileñas. «[Se trata de] una sentencia que desconsidera todo el conjunto probatorio de la defensa y se afilia simplemente a la palabra de un delator informal».
La decisión de la primera instancia iba a ser confirmada por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4) el 24 de enero de 2018, cuando Lula era apuntado por todas las encuestas de intención de voto como el favorito a ganar las elecciones presidenciales de aquel año.
Incluso con la prisión del ex presidente el 7 de abril, el juez Sérgio Moro no se alejó totalmente del caso, como dice la regla del sistema judicial. El 8 de julio, el desembargador del TRF4 Rogério Favretto reconoce la ilegalidad de la prisión de Lula y determina su soltura. La decisión generó una guerra de liminares y terminó siendo incumplida por las autoridades de la ejecución penal, tras intervención directa del juez Moro.
El caso escandalizó el mundo jurídico. «Es un episodio lamentable, realmente lamentable, y lo que se vio este fin de semana fue un capítulo vergonzoso de la historia del proceso penal, precisamente porque nunca se vio nada similar con aquello: una guerra de decisiones en un fin de semana».
Las sucesivas intervenciones del juez Moro para mantener preso y en silencio el ex presidente durante el proceso electoral no sería en vano. La consiguiente inhabilitación del ex presidente para concurrir a las elecciones presidenciales facilitó el ascenso del liderazgo de la extrema derecha en el proceso, resultando victorioso Jair Bolsonaro. Después de la elección, Sérgio Moro fue anunciado ministro de Justicia del nuevo gobierno.