Hace un año, Nicaragua se adentró en una de las etapas más oscuras de su historia, cuando la estabilidad ciudadana y el crecimiento económico fueron interrumpidos por un intento de golpe de estado disfrazado de protestas cívicas.
Tras 11 años de gobierno sandinista la nación centroamericana se convirtió en un referente de progreso y buena gestión para la región y el resto del continente, condición reconocida por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Centroamericano de Integración Económica, por solo mencionar algunos.
Sin embargo para algunos sectores las prioridades no respondían a un proyecto de país próspero sin exclusiones, sino más bien a las ambiciones individuales.
Al no poder imponerse en las urnas, según analistas, el método empleado aquel 18 de abril de 2018 fue el de la violencia, tratar de sumir al país en el caos, lograr el respaldo de parte de la comunidad internacional, y así obligar al presidente Daniel Ortega a renunciar al cargo y abandonar el país.
Durante tres meses, Nicaragua se vio inmersa en el horror financiado y dirigido- las pruebas así lo demuestran- por parte del gran capital nacional, algunas organizaciones no gubernamentales, el disidente Movimiento de Renovación Sandinista, y otros actores internos y externos, todo con el visto del alto clero católico.
El saldo de aquellas jornadas de tranques, violencia extrema y directa, aun lacera a las familias nicaragüenses y al país en general, que desde entonces trata de retomar el rumbo de progreso sostenido que transitó durante más de una década.
La nación centroamericana, según cifras oficiales, perdió a cerca de 200 de sus hijos, otros cientos sufrieron heridas de mayor o menor gravedad, y la infraestructura del país se vio afectada al extremo por la destrucción de la propiedad pública y privada.
En lo económico las pérdidas superaron los mil millones de dólares, unos 300 mil nicaragüenses perdieron sus empleos, y el crecimiento del país para el 2018, estimado en un 4,3 por ciento se contrajo a un 3,8 según datos del Banco Central de Nicaragua.
Los números dan fe del daño que la intentona golpista generó al país, incluso a las cuentas de varios de sus patrocinadores, que nunca pensaron la situación llegaría a tan descontrolados niveles de violencia y vandalismo.
Los mismos que apostaron por un cambio político mediante la violencia entablaron un diálogo con el gobierno del presidente Ortega para dar solución a una crisis que entonces dejaba atrás sus más difíciles momentos.
La diversidad de opiniones, intereses, tendencias políticas, y compromisos contraídos con terceros de la variopinta oposición hizo imposible que los encuentros resultaran en acuerdos positivos para el país.
Los nicaragüenses descubrieron que fueron víctimas de la manipulación y las mentiras, y que las mayorías humildes fueron las afectadas por la inestabilidad y el caos que no respondían a demandas políticas o a crisis económica alguna.
Lo peor de la tormenta pasó, opinan estudiosos, el país poco a poco retornó a la normalidad enfrascado en recuperar lo perdido, y el gobierno sandinista salió fortalecido de cara a la negociación que inició en marzo pasado.
La oposición intentó reagruparse tras el fracaso del golpe y apareció en el panorama político del país la Unidad Azul y Blanco, a la que están subordinadas más de 40 organizaciones contrarias al gobierno sandinista, incluida la Alianza Cívica, una de las partes en la Mesa de Negociaciones.
La variedad de posturas sobre cómo conducir las negociaciones resulta en diferencias evidentes que demuestran la falta de un enfoque consensuado para buscar soluciones a los problemas actuales de Nicaragua, de ahí que algunos desconozcan los acuerdos firmados hasta el momento.
Las principales demandas de la oposición han sido respaldadas por la delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que aceptó liberar a todos los llamados ‘presos políticos’ y el regreso de aquellos que abandonaron el país en el contexto del intento de golpe de estado de 2018.
También aceptaron la presencia de expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja para supervisar el proceso de excarcelación y cotejar las listas de detenidos de las partes; la presencia de garantes internacionales, papel que asumen el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla.
El GRUN y la Alianza Cívica firmaron el Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías Ciudadanas, aunque grupos de la oposición desconocen esos pactos, siguen violentando las leyes y disposiciones de las autoridades, todo con el apoyo de varios medios de comunicación.
Sin embargo Nicaragua vive hoy una nueva etapa, la recuperación paulatina del país es visible, y los avances de las negociaciones, con sus altas y bajas, son una muestra de compromiso con el futuro de un país que no quiere revivir los sucesos que comenzaron el 18 de abril del año pasado.
Fuente: Prensa Latina.