Fabrizio Casari
Trump sale de la escena dictando nuevas sanciones contra Nicaragua. Totalmente afín a su perfil, hay que decirlo: ilegítimo, en abierta violación del Derecho Internacional, indecente para el sistema de relaciones internacionales por ser injerencia ilícita en la política interna del país centroamericano. De escaso efecto práctico para los receptores, que no tienen interés en los Estados Unidos, desde un punto de vista económico general tienen sentido y sirven para lograr dos resultados.
El primero es económico. Asustar a los inversores nacionales y extranjeros, contener el movimiento de capitales nacionales y sobre todo extranjeros, frenar la generación de empresas y limitar la red de comercio. ¿Objetivo? Ralentizar la evolución sistémica y doblar el país hacia el crecimiento exclusivo de la economía informal, reduciendo sus ambiciones y su modernización.
El segundo es todo político. Las sanciones, en el caso de Nicaragua, forman parte del proyecto de desestabilización que se inició con el intento de golpe de Estado en 2018. Indican la voluntad de los Estados Unidos de subvertir el orden político e institucional del país, y viven en una jugada con la oposición que las reclama repetidamente. El proyecto compartido es crear un clima difícil que incluye violencia, caos político y boicots económicos como menú de la nueva temporada subversiva. ¿Objetivo? Dañar la celebración de las elecciones previstas para noviembre de 2021.
Con fondos de la USAID y otros organismos – que se hacen pasar por neutrales pero que, según reconocen ellos mismos, cumplen una función sobre el terreno en apoyo de la CIA – el golpe piensa en un nuevo plan golpista para obligar al gobierno a usar la fuerza y así pedir la solidaridad internacional contra la «represión». Washington, que pretende desestabilizar a Nicaragua, quiere una ardiente campaña electoral, a la que añade sanciones económicas y agresión diplomática, promesas de paz y amenazas de guerra. El objetivo es llegar en noviembre con el país en el caos, donde la votación se celebraría en un clima de poca confianza internacional que, en un escenario que algunos de sus medios de comunicación definirían inmediatamente como «guerra civil», alimentaría las mentiras golpistas de una rebelión generalizada.
A complicar la operación conjunta entre el golpismo y los EE.UU. llegó la respuesta del gobierno sandinista, con una ley que afirma la “inelegibilidad de quienes dirigen o financian un intento de golpe de Estado, alteran el orden constitucional, piden la invasión del país, aplauden o piden sanciones, embargos o intervención militar contra el país». Un llamamiento directo a la Constitución, que establece: «La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos inalienables del pueblo y la nación nicaragüense». Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de socavar estos derechos es un ataque a la vida del pueblo. Es el deber de todos los nicaragüenses defender y preservar este derecho».
La ley aprobada es en aplicación de este principio. Y si alguien cree que se trate de obstinación legislativa contra la oposición, debe saber que no es así. De hecho, idénticos términos están contenidos en la Ley 192, aprobada el 10 de febrero de 1995 por el gobierno liberal de Violeta Chamorro. La ley, por lo tanto, no expresa conspiraciones políticas, sino que se aplica a cada estación, en continuidad con el dictado constitucional.
La ley señala con el dedo la incompatibilidad entre las funciones institucionales y la asociación con los intereses de las entidades extranjeras. El significado es el siguiente: aquellos que expresan una línea política alternativa, una fuerte crítica, un proyecto opuesto al sandinismo, han tenido y tendrán todo el espacio para proponerlo a la nación. Pero aquellos que piensan que pueden operar como una quinta columna o como un frente interno de los Estados Unidos para desestabilizar el país, no lo tendrán fácil. La oposición golpista protesta, pero es difícil apelar a la libertad de opinión: en todos los países del mundo aliarse con el extranjero que te ataca se llama inteligencia con el enemigo.
Evitar un año de horror
Esperando a ver si, qué y cómo cambiará con la nueva administración de Biden, la Casa Blanca en manos de Trump había planteado con los golpistas un plan similar al que se usó para Venezuela que se activara para las próximas elecciones nicaragüenses. Básicamente, estos son los pasos: no reconocer el voto y el presidente elegido; elevar el nivel de violencia y caos en el país; declarar una crisis política; constituir un frente parlamentario interno que se presente como un contrapoder institucional y pida ser reconocido internacionalmente; nombrar un presidente interino en los Estados Unidos y pedir a la comunidad internacional que lo reconozca como presidente de facto con el apoyo de la OEA y la UE, que ya han ofrecido repetidas expresiones de hostilidad política hacia el gobierno sandinista. Se buscaría un Guaidó nicaragüense. Esto, en resumen, el rasgo de la nueva intentona de golpe de estado.
Para cortar de raíz este plan subversivo, la nueva ley intervino. Con ello, el Parlamento nicaragüense advierte a Estados Unidos: no podrás elegir a sus mercenarios en el Parlamento para que luego utilicen el papel institucional para la estrategia golpista. En efecto, la confirmación de la independencia y la soberanía nacional en el plano legislativo sirve para mantener a los Estados Unidos y su carga subversiva fuera de las elecciones nicaragüenses, para mantener la campaña electoral en el seno de la disputa política nacional y para respetar el marco legal y constitucional que regula la institucionalidad del país. Por ello, no sólo es legítimo, sino necesario, impedir que aparezcan en la lista aquellos sujetos o fuerzas políticas que comparten planes con los Estados Unidos de forma coordinada y operativa y que de ellos dependen en términos políticos y financieros.
Además, como el golpismo sigue apostándole al derrocamiento violento del sistema, considerando que la paciencia se ha agotado, otras respuestas serán posibles en los próximos meses. Serán respuestas de geometría variable, directamente proporcionales a las amenazas. Es fácil imaginar que los que piden sanciones recibirán a su vez sanciones, que los que reciben dinero para fomentar la violencia sentirán el peso del dinero y la violencia sobre ellos mismos. Lo que es cierto es que no se permitirá transformar un ejercicio fundamental de la vida democrática de un país en una incursión subversiva, de alterar primero la campaña electoral y luego su resultado. Con el rigor de la ley y con la fuerza si es necesario, se evitará que se vote en un clima de tensión y terror. El sandinismo garantizará que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada y pacífica y, como la historia ha demostrado, respetará y exigirá que todos respeten el resultado de las urnas.
Las bellas almas de la izquierda europea, guerrilleros de sofá y estrategas del aperitivo, entre una boquita y un vaso de vino, plantearán críticas y dudas: aman a la izquierda que pierde, nunca a la que gana. Pero no hay lugar para un debate sobre la idoneidad de las nuevas leyes o el impacto en la escena internacional. Cualquier medida para defender la paz y la legítima disputa política debe emprenderse sabiendo que no reconocer el proceso democrático nicaragüense y la cierta victoria sandinista es una decisión que ya han tomado los Estados Unidos, la OEA y la UE, independientemente del curso de la campaña electoral. ¿Por qué quieren deslegitimarlo? Porque la deslegitimación del voto trae consigo la deslegitimación del sistema democrático, que es un paso fundamental para desencadenar un golpe de estado internacionalmente aceptable. El objetivo no es ganar o perder una elección, sino acabar con el sandinismo, y no dejarán intentos en este sentido.
La OEA condenó la promulgación de la nueva ley nicaragüense en defensa de la soberanía nacional, y eso era de esperar. En un comunicado inútil recordó los acuerdos de asesoría técnica para cambios en la ley electoral, pero olvida que en Bolivia se ha enterrado la credibilidad política y técnica del organismo y la autoridad moral de su Secretario. La OEA es ahora una cáscara vacía, un contenedor asfixiado de la subcultura malinchista, un ventrílocuo de los dirigentes neocoloniales, una muestra de rodillas desgastadas a los pies del imperio. No es un lugar para el diálogo y la cooperación continental; es un cuerpo político que puede superponerse al infame Grupo de Lima, el aquelarre de los gobiernos latinoamericanos donde algunos están en manos de los EE.UU., otros en las de los narcos y otros más de ambos.
Si se producirán cambios en los procedimientos y normas relativos a la campaña electoral nicaragüense, éstos serán el resultado de una decisión soberana de hacer aún más efectiva la participación de los ciudadanos en el voto. Ninguna potencia extranjera, a través de sus asalariados, deberá perturbar la paz, las elecciones y el voto de los nicaragüenses, propietarios exclusivos de su nación.
Gobernar el crecimiento en seguridad
En los últimos días de 2020, el Parlamento nicaragüense aprobó una ley por la que se transfieren las empresas que operan la red eléctrica en todo el país a propiedad del Estado. Con la energía en manos de la comunidad y ya no destinada a los beneficios privados, se consagra aún más el modelo solidario y socialista del gobierno. Y el programa de entrega de propiedades a las familias nicaragüenses también continúa; sólo en 2020 se entregaron 26.000 títulos. En el mismo período entró en vigor la ley aprobada hace dos meses, que castiga los delitos cibernéticos actualizando la lista de delitos previstos en la legislación anterior. Nada extraordinario, dado que hay leyes idénticas en vigor en otros 57 países, pero es un indicio de un gobierno que protege a su población en el plano socioeconómico, como en el de la seguridad de cada ciudadano.
Es una demostración más de cómo el sandinismo indica otras prioridades: autodeterminación política, crecimiento económico y extensión de los derechos sociales. El sandinismo, en efecto, es la afirmación del Derecho contra la arbitrariedad, de la soberanía nacional contra la injerencia extranjera, de la protección de la integridad del país contra el mercenarismo, del patriotismo contra el colaboracionismo, de la paz contra el terrorismo.
El derecho de Nicaragua a darse el futuro que los nicaragüenses desean se reafirma con el rigor y la fuerza necesarios, construido sobre el sueño de superar el hambre y la impotencia y borrando para siempre hasta la sola idea de rendición. Son sueños que se han convertido en principios, terreno que ya no es negociable. Porque para los nicaragüenses el orgullo de ser sandinistas se ha convertido en una forma de pensar, de vivir y de gobernar. Y de ganar, cualquiera que sea el enemigo al que se enfrente.
Fuente: www.altrenotizie.org