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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, se solidarizaron con Venezuela por la confiscación de la empresa CITGO, filial de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos.
«El gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua denuncia, compartiendo la indignación del pueblo y gobierno bolivariano, hermano y compañero de rutas de liberación, frente a las políticas colonialistas e imperialistas de los Estados Unidos de Norteamérica, que continúan saqueando los recursos de los pueblos, y, en este caso, los recursos de nuestros hermanos venezolanos, con la confiscación ilegal e ilícita de la empresa de petróleos CITGO», señalaron en un comunicado.
Asimismo, Ortega y Murillo condenaron los hechos, los cuales calificaron como «absurdos atropellos» que Washington continúa haciendo al mundo.
«Nuestro abrazo fraternal y solidario al presidente Nicolás Maduro Moros, a su Gobierno, a sus movimientos sociales, en la fuerza del gran espíritu liberador de nuestros grandes y extraordinarios seres que han guiado, y guían, nuestros combates, nuestras batallas por justicia, verdad y derechos en todos los planos», puntualizaron.
Posteriormente, el presidente y la vicepresidenta nicaragüenses rechazaron el actuar de EEUU hacia las naciones latinoamericanas.
«Hacemos esta denuncia y esta condena a nombre de nuestro pueblo, que ha sabido trascender luchando [contra] todas las injerencias, intervenciones y ocupaciones que las ambiciones y codicia del imperialismo yanqui, a lo largo de la historia, ha desatado contra un pueblo trabajador, luchador, valiente y decidido, que, como el gran pueblo de Bolívar, Chávez y Nicolás, no se vende, ni se rinde jamás», expusieron.
Esto fue lo que ocurrió
A principios de enero de 2023, el Ministerio Público (Fiscalía) venezolano emitió una orden de detención y de alerta roja internacional contra los miembros de la junta directiva de la denominada Asamblea Nacional de 2015, un parlamento opositor que funciona en EEUU de forma paralela.
El órgano, que se propone funcionar hasta que haya «elecciones libres» en Venezuela, puso fin al «interinato» de Juan Guaidó como «presidente» del país caribeño, pero se atribuye la representación del Estado para «proteger» los activos venezolanos que han sido bloqueados en el exterior. Este grupo ha sido señalado por el Gobierno venezolano por afectar a la nación sudamericana con acciones como la perpetrada en el caso CITGO.
El 8 de enero de 2024, la Corte Suprema estadounidense rechazó revisar un fallo judicial que autoriza la venta de acciones de CITGO, y permitió a un grupo de 10 acreedores participar en la subasta de acciones de la petrolera con sede en Houston.
El Gobierno venezolano calificó la decisión como un «vulgar despojo» y un paso adicional en la «agresión multiforme» de Washington contra Caracas.
El 17 de junio, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que los involucrados en este caso sean encarcelados.
«Tiene que haber justicia, tiene que haber cárcel para todos los involucrados y promotores del robo de CITGO, justicia y defender lo nuestro, defender las empresas básicas y la mejor forma de defender las empresas básicas es seguir en su recuperación, en su desarrollo», indicó el mandatario en su programa semanal Con Maduro más, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.