Sefton | John Perry Stephen
Dos versiones contradictorias dominan el análisis de la violenta crisis de Nicaragua en 2018. Las autoridades nicaragüenses insisten en que la crisis fue impulsada por un violento y fallido intento de golpe de Estado. La oposición política y sus partidarios extranjeros sostienen que un levantamiento popular mayoritario pacífico sufrió una brutal represión asesina por parte del gobierno.
En general se ha prevalecido esta última versión, en gran parte porque ha sido adoptada categóricamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en particular por su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua (GIEI).
Sin embargo, la labor del GIEI ni siquiera cumple los requisitos básicos generalmente aceptados para la presentación de informes y documentación. De su análisis de la crisis de 2018 en Nicaragua, el GIEI ha suprimido o excluido sistemáticamente los testimonios de testigos, las pruebas documentales y el material audiovisual que contradicen su relato.
Esto se demuestra y se hace patente en sus informes sobre cada uno de los cuatro incidentes que ha priorizado en la presentación por Internet de sus informes sobre Nicaragua. Haciendo caso omiso de las críticas anteriores, el GIEI ahora ha repetido su enfoque equivocado y sus errores en su último informe sobre Nicaragua, publicado el 30 de mayo de 2020.
Por ello, en julio de 2020 se envió a la CIDH una carta abierta de personas de Nicaragua y de personas y grupos solidarios de toda América del Norte y del Sur y de Europa. El cínico engaño fundamental del GIEI es múltiple.
• El GIEI abusó de la confianza de las autoridades nicaragüenses violando los términos de su invitación a Nicaragua, al no coordinar sus investigaciones con la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz nombrada por la legislatura nicaragüense
• El GIEI pretende falsamente que durante la crisis, las autoridades nicaragüenses no se enfrentaron a ataques deliberados y extremadamente violentos de cientos de activistas de la oposición, a menudo bien armados, cuando en realidad así fue.
• El GIEI afirma que casi todas las víctimas de la violencia fueron manifestantes pacíficos, pero omite, sin investigar, informes bien fundados de que más de 400 agentes de policía sufrieron heridas de bala, 23 agentes fueron asesinados, un total de más de 60 partidarios de los sandinistas fueron asesinados y muchos centenares resultaron heridos, así como de que más de 100 personas no involucradas directamente en el conflicto fueron asesinadas y muchos centenares más de transeúntes resultaron heridos como resultado directo de la violencia de la oposición
• Aunque no ha tomado en cuenta el testimonio de los muchos cientos de víctimas de la violencia de la oposición, por el contrario, el GIEI ha repetido sin corroboración independiente informes y afirmaciones de partidarios y miembros de la oposición política de Nicaragua, así como de organizaciones no gubernamentales nicaragüenses explícitamente alineadas con la oposición política del país y todas ellas financiadas por el gobierno de los Estados Unidos.
En efecto, la CIDH, su órgano matriz la Organización de Estados Americanos y su órgano subsidiario el GIEI, han acusado falsamente al gobierno de Nicaragua de manera que:
•Basaron sus acusaciones casi exclusivamente en informes y testimonios de partidarios y miembros de la oposición política nicaragüense y sus organizaciones y medios de comunicación asociados, todas financiadas por el gobierno estadounidense.
• No lograron asegurar una corroboración genuinamente independiente de esas acusaciones.
• De manera negligente no tomaron en cuenta información documental creíble ni testimonio de testigos presenciales de los hechos que contradicen las falsas acusaciones avaladas por el GIEI.
• Suprimieron deliberadamente las pruebas presentadas por las autoridades nicaragüenses que contradicen esas falsas acusaciones
• Evadieron su deber de explicar por qué descuentan o descartan las versiones de los eventos sobre los que informan, que discrepan con sus propias falsas acusaciones.
La carta abierta y los artículos que la acompañan que se presentan aquí, sólo examinan uno de los diversos incidentes destacados por el GIEI en su informe sobre los acontecimientos de Nicaragua en 2018. Sin embargo, el material demuestra sin lugar a dudas que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Nicaragua no ha actuado o informado de buena fe.
También es una confirmación más de la realidad más amplia de que la OEA, como institución actúa deliberadamente al servicio de la política exterior regional del gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo por ejemplo en las elecciones bolivianas de 2019. Allí, facilitaron un golpe de Estado apoyado por el gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno legítimamente elegido de Bolivia. Seguramente, con las elecciones previstas en Nicaragua para 2021, la campaña de guerra psicológica de los Estados Unidos, con la ayuda de la OEA y sus órganos subsidiarios, continuará.
Además de la carta abierta, los artículos que la acompañan examinan los incidentes destacados por el GIEI en su más reciente informe y el contexto en el que se produce. John Perry examina en detalle la investigación realizada por el GIEI y muestra que contiene muchos errores y omisiones.
Jorge Capelán examina el trabajo previo de otra ONG involucrada, el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense), argumentando que en este caso se ha prestado a «una vil maniobra contra el pueblo nicaragüense». Stephen Sefton examina los antecedentes de SITU Research, una de las empresas encargadas de hacer este trabajo, y los principios cuestionables que ocupa para la metodología de su investigación.
La Alianza para la Justicia Global (Estados Unidos) y el Grupo de Acción de la Campaña de Solidaridad con Nicaragua (Reino Unido) enviaron la carta abierta, firmada por ambas organizaciones y también por varios destacados activistas y expertos internacionales y nicaragüenses.
Entre los firmantes se encuentran Blanca Segovia Sandino Arauz, hija del General Augusto C. Sandino; Camilo Mejía, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia de Amnistía Internacional; Patricia Villegas, Presidenta de TeleSur, Venezuela; S. Brian Willson, veterano de guerra, autor, abogado; y también los cuatro defensores de la embajada de Venezuela en Washington D.C.
Entre los demás signatarios figuran los principales sindicatos de Nicaragua y la mayor organización de trabajadores rurales del país, así como numerosas personas y organismos no gubernamentales de Nicaragua, los Estados Unidos y Europa.