Stephen Sefton
Durante los tres meses de abril a julio de este año, la oposición política en Nicaragua y sus aliados aterrorizaron a la población en casi todo el país. Durante una serie de ataques muy bien coordinados, con uso de armas de fuego e incendios provocados, destruyeron o dañaron las oficinas de ministerios del gobierno central y de las alcaldías municipales en más de una docena de ciudades. Atacaron ambulancias, invadieron hospitales y escuelas y destruyeron cientos de negocios privados y residencias domiciliares. Sus activistas armados y sus delincuentes a sueldo extorsionaron o intimidaron a todas las personas que pasaban por los miles de tranques y barricadas que operaron en las carreteras y ciudades para impedir la libre circulación de las personas y el transporte. Abusaron y torturaron a cientos de personas identificadas como simpatizantes sandinistas.
El costo total de los daños y la destrucción sumó a mucho más de los US$200 millones. La respuesta inmediata del gobierno el fin de semana 21 y 22 de abril fue una llamada al diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. Luego, los obispos católicos impusieron como precondición al diálogo el retiro de la Policía Nacional a sus cuarteles, lo cual el gobierno aceptó y cumplió en los primeros días de mayo. En seguida, los dirigentes de la oposición política exigieron la rendición inmediata del gobierno y, desde la primera semana de mayo en adelante intensificaron, su campaña de terror. Frente a estos acontecimientos la población se organizaba para defenderse. Cuando los dirigentes de la oposición rehusaron detener su campaña de terrorismo a mediados de junio, el gobierno ordenó a la Policía Nacional limpiar todos los tranques y barricadas, lo cual se cumplió con un mínimo de pérdidas de vidas humanas.
En ese momento, harta del terror y la extorsión de la oposición y sus aliados, la gran mayoría de la población en Nicaragua apoyó la decisión del gobierno de restablecer el orden público. Para el fin del mes de julio el intento de golpe de estado de la oposición derechista en Nicaragua fue completamente derrotado. Entonces, las autoridades nicaragüenses empezaron a buscar, detener y enviar a juicio a las personas culpables de los terribles crímenes cometidos tanto contra simpatizantes sandinistas como contra personas sin afiliación política alguna. Estos crímenes incluían el asesinato de 24 oficiales de la Policía Nacional, además de 400 oficiales policiales heridos de bala. Otros crímenes graves cometidos incluían cientos de casos de asesinato o lesiones físicas graves, violaciones, torturas, incendios provocados, extorsión, robo y daños criminales. Alrededor de 300 personas han sido arrestados por delitos comunes como estos en relación al fallido intento de golpe de Estado y más de 200 personas son fugitivas de la justicia.
Prácticamente ninguno de todos estos acontecimientos, plenamente documentados y demostrados, ha sido reportado fielmente por los medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales internacionales, o por organismos como las Naciones Unidas. La información recogida de manera exhaustiva y presentada por el gobierno de Nicaragua ha sido ignorada de manera sistemática. En cambio, efectivamente sin ninguna investigación o verificación responsable, se ha repetido de manera sistemática e intensiva la falsa propaganda de la oposición política nicaragüense. La mentira principal inicial, desde hace rato completamente desmentida, fue que la Policía Nacional masacró a muchos estudiantes los días 18 y 19 de abril. De hecho, nadie falleció el día 18 de abril y los primeros tres fallecidos del día 19 de abril fueron todos asesinados por las activistas de la oposición y sus delincuentes a sueldo. Después del éxito de esa primera gran mentira, los activistas de la oposición inundaron sin cesar las redes sociales con otras mentiras similares, por encima de todo para fingir que las protestas eran pacíficas cuando de hecho los activistas armados de la oposición constantemente aprovecharon las manifestaciones legítimas para encubrir sus ataques letales.
Para mediados de junio, la mayoría de la población había sufrido los efectos devastadores de la campaña de terror de la oposición y entonces la difusión masiva de las mentiras golpistas perdió su impacto. Es por ese motivo que ahora, dentro de Nicaragua, muy poca gente toman en serio los falsos cuentos de parte de la oposición golpista de una represión generalizada o de un asalto de parte del gobierno sobre la libertad de expresión. Todo el mundo sabe que la oposición política en Nicaragua controla todos los medios de prensa escrita, la mayoría de los radios y canales de televisión por cable locales y por lo menos la mitad de los canales de televisión a nivel nacional. Tampoco preocupa a la mayoría de las personas la decisión de las autoridades nacionales de cancelar la personería jurídica de nueve organizaciones sin fines de lucro, que constituye el 0.2% de las casi 4,300 organizaciones sin fines de lucro inscritas el Ministerio de Gobernación.
Las organizaciones afectadas por la cancelación de su personería jurídica como entidades sin fines de lucro son: Cisas, Ieepp, Hagamos Democracia, Cenidh, Instituto de Liderazgo de las Segovias, Ipade, Fundación del Río, CINCO y Fundación Popol Na. El comunicado del gobierno explicó:
“Esta cancelación obedeció al hecho de que estos Organismos incumplieron los requerimientos legales para su funcionamiento y violentaron la naturaleza de sus funciones al haber participado activamente durante el fallido intento de Golpe de Estado, promoviendo terrorismo, crímenes de odio, y alentando y celebrando la destrucción de Propiedades Públicas y Privadas, de Viviendas, Negocios, y de asalto a la Dignidad Humana de miles de personas y Familias, a quienes les fue infligido un trato denigrante, humillante, con secuestros, torturas, todo tipo de amenazas a su vida, en absoluto irrespeto a su Dignidad y a los Derechos Humanos de tod@s l@s nicaragüenses.
“Estas organizaciones gestionaron y gestionaban hasta su cierre; canalizaron y canalizaban hasta su cierre; fondos y recursos que disponían para cometer todas esas gravísimas violaciones y alteraciones a los Derechos Humanos, al Orden Público, y violentando el Derecho a la Seguridad y la Vida de las Personas y Familias en Nicaragua.
«Todos estos actos irregulares de promoción de odio, de Terrorismo y todos los crímenes derivados, constituyeron una completa desnaturalización del objetivo y la finalidad que había justificado el otorgamiento de su Personería Jurídica. Estos organismos violentaron a través de todo tipo de irregularidades, no solo la administración de los fondos gestionados y recibidos, sino atentaron gravemente contra la Paz, y los Derechos Humanos de l@s nicaragüenses».
Esta realidad está omitida de la falsa información impartida por los medios de comunicación y ONGs occidentales, por organismos como las Naciones Unidas y por los gobiernos de Estados Unidos y sus países aliados. Entre la minúscula minoría afectada por la decisión de las autoridades nicaragüenses, se encuentra el propagandista opositor financiado por las autoridades estadounidenses, Carlos Fernando Chamorro. Los medios y ONGs occidentales siempre describen a Chamorro como un periodista independiente.
Sin embargo, Carlos Fernando Chamorro ha recibido financiamiento de las autoridades estadounidenses como USAID durante más de diez años y durante todo ese tiempo él ha sido uno de los más prominentes voceros de la oposición política en Nicaragua. Aunque se le ha cerrado su ONG CINCO, sigue operando su medio de comunicación Confidencial con un rutinario contenido anti-sandinista de reportajes sesgados y deshonestos.
Igual es el caso de Miguel Mora, un activista muy agresivo de la derecha nicaragüense, quien dirige el medio televisivo 100% Noticias que difunde ciento por ciento de la propaganda falsa de la oposición derechista nicaragüense. En un intercambio con el escritor Max Blumenthal en el pasado mes de julio este año, Miguel Mora invocó una invasión estadounidense de Nicaragua al estilo de Panamá en 1989. Dijo a Blumenthal, «Yo lo que miro es a los Estados Unidos haciendo una operación tipo Noriega en Panamá. Va, agarra esa familia (Ortega), se lo lleva y que no se mete el Ejército. En dos días, 24 horas eso está solucionado.» A pesar de esta y otras constantes opiniones incendiarias, Miguel Mora y su equipo, como han hecho durante muchos años, siguen produciendo su falsa, venenosa propaganda sin ninguna intervención de parte del gobierno.
En efecto, Chamorro, Mora y las y los dirigentes de las ONGs aliadas de la oposición política en Nicaragua, han trabajado durante muchos años como agentes de poderes extranjeros, principalmente, pero no solamente, los Estados Unidos. Las autoridades nicaragüenses han mostrado una tolerancia excepcional frente al asalto permanente de estos medios y ONGs locales que contrasta fuertemente con las acciones de las autoridades estadounidenses, por ejemplo, en los casos notorios de sus ataques contra las organizaciones de los pueblos afrodescendientes y originarios, sus abusos de las leyes de espionaje para silenciar a disidentes, o sus ataques sobre Wikileaks y Julian Assange.
Por contraste, en Nicaragua individuos como Carlos Fernando Chamorro están abiertamente financiados por las autoridades estadounidenses para desempeñar actividades que promueven la política regional estadounidense. Sin embargo, lo único que le ha pasado a Chamorro y sus compañeros agentes de la política estadounidense en Nicaragua es que se les han cerrado sus organizaciones sin fines de lucro, mientras ellos siguen atacando al gobierno de Nicaragua de la misma manera agresiva y deshonesta de siempre y esto todavía después del infame decreto del Presidente Trump que designa a Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo cual en efecto es una declaración de agresión prácticamente sin límites.