Cerca del 75 por ciento de la población de Nicaragua opina que el conflicto interno iniciado en 2018 debe ser resuelto por sus ciudadanos, según encuesta de la firma M&R Consultores, dada a conocer el lunes en Managua.
El 73.6 por ciento de la población considera que el conflicto debe tener una solución a lo interno del país y el 62.2 por ciento desaprueba la injerencia de otros países en asuntos internos de Nicaragua, reveló la pesquisa titulada Nicaragüenses y sus perspectivas acerca del entorno internacional.
Para que el país esté bien, Nicaragua debe actuar con libertad de decidir qué quiere como país sin injerencias externas, apuntó el 90.3 por ciento de la muestra entrevistada.
En esa misma cuerda se manifestó una mayoría (66.5) para la cual el conflicto iniciado a mediados de abril del año pasado fue un intento apoyado desde el exterior a fin de desestabilizar el país y dañar la paz.
Para el 72 por ciento de los encuestados está claro que los organismos internacionales y otros países deben limitarse a ayudar en eventuales negociaciones siempre y cuando lo solicite Nicaragua.
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que la soberanía del país se coloque bajo la tutela de otras organizaciones u organismos internacionales es otra de las opiniones colectivas recogidas por la encuesta, la cual contó con el respaldo del 83 por ciento de los entrevistados.
El hecho de que un grupo de países encabezado por Estados Unidos (bajo la sombrilla de la OEA) conformaron una comisión, sin que Nicaragua lo solicitara para abordar los problemas políticos de este país, tuvo una condena de 64 puntos porcentuales.
La ley estadounidense Nica Act, formulada para impedir que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, concedan préstamos a Nicaragua recibió en la encuesta el 71 por ciento de desaprobación.
En contraposición, el estudio refleja que 78.9 por ciento considera como beneficioso para el país y para la población el empréstito recién otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al Gobierno de Nicaragua.
Los personeros de la oposición que promueven sanciones internacionales contra su propio país recibieron un 72 por ciento de rechazo, mientras 82.3 por ciento consideró que tal práctica de lobby político afecta a la democracia.