Nos acusan –a Raúl Zaffaroni y a mi– de “ejercicio ilegal de la abogacía“ cuando la presentación de Amicus Curiae en los ámbitos locales es una prerrogativa de cualquier persona, ni siquiera hace falta ser abogado. El ejercicio «ilegal“ de la abogacia (pedir a migraciones que „investigue“ si estamos en el pais cuando no estamos en él hace meses, impedirle a Zaffaroni ver a Pedro Castillo porque no tenia encima su carnet de abogado… emitir comunicados extravagantes para que los abogados extranjeros “no puedan visitar las cárceles de Perú, decir que las protestas masivas son de «ponchos rojos“ enviados por Evo Morales para “sabotear“ la política peruana cuando sin respetar las normas procesales destituyen en forma irregular a un presidente, usurpando indebidamente el poder politico y constitucional y conspirando en sus funciones para cometer graves crimenes de Estado. 70 muertos son un escándalo internacional insostenible para cualquier gobierno democrático. Ayer murió otro chico. 22 años tenia. 36 marcas de perdigones en el cuerpo. No era manifestante siquiera. Estaba escondido detrás de un árbol. La policia le disparó a quemarropa. Sin piedad. Pura barbarie. Está todo filmado. Rosalino Flores era su nombre.
Hay un reglamento específico para emplear perdigones pero no se respeta. Se debe estar a 35 metros de distancia de una persona para dispararle. La policia de Perú lo emplea ¡a menos de un metro!
Cada vez que se mencionan los muertos, los medios del Perú (con alguna honrosa excepción como La República o el medio de Hildebrant, peleado con Castillo pero honesto en su ejercicio periodístico) miran para otro lado. Nadie quiere decir nada. Parece increíble que se puedan esconder casi 70 cadáveres. Pero el cerco mediático en Perú es muy fuerte. Lo que es ya intolerable es el silencio del resto de los países latinoamericanos, con dos honrosas excepciones: López Obrador, en México, principal apoyo de Castillo y su familia (cultor del Grupo Puebla), y Gustavo Petro, en Colombia, tal vez el presidente más lúcido y preparado de la región en la actualidad. Evo Morales (amigo de Castillo, quien apoya la salida al mar de Bolivia, exiliado en Argentina luego del golpe de Janine Agnes, respaldado por la OEA, el querido Evo tiene prohibido su ingreso a Perú) y Gabriel Boric (el único presidente en hablar del golpe de Perú en la Celac en Buenos Aires) también se han manifestado con claridad. Pero todos los líderes deberían hacerlo ahora. Callar cuando hay que expresarse es ser cómplice del horror. Y en Perú sucede una masacre.
En Argentina se encuentran mujeres de AMPAEF, que vinieron a pedir justicia y reparación en el foro internacional de DD.HH. Son mujeres del sur andino, que fueron esterilizadas por la fuerza en la dictadura de Fujimori. Castillo las apoya. Desde que Castillo fue ilegalmente destituido, la casa de las mujeres de Huancabama fue despojada y las mujeres, víctimas de esterilización forzada que vivían alli, tiradas a la calle. No tienen dónde vivir.
La embajada peruana en España tampoco respeta el ejercicio serio de la libertad de expresión. Han llegado al papelón internacional –típico de cualquier dictadura- de quejarse formalmente ante un diario (El Pais, de España) por el mero hecho de haber(me) realizado una entrevista. No se pueden acallar las voces disidentes. Menos las que denuncian crímenes graves. Piensan que Europa maneja a sus medios con el mismo arbitrio que en Perú, donde la inmensa mayoría no se anima aún a denunciar los 70 muertos y la represión de centenares que prefirieron no pisar los hospitales por miedo, pese a estar heridos, por temor a ser denunciados por el mero hecho de manifestarse, de ejercer su derecho de protesta. En Perú ya no hay una democracia.
El ministro de Justicia de Perú (al igual que Cateriano, ex ministro, muy amigo de Vargas Llosa, que justificó la guerra ilegal en Irak y se atreve a hablar de “cinismo” cuando el gobierno que él reconoce asesinó a 67 personas) contesta mi entrevista con El País diciendo una barbaridad a-jurídica en Twitter: que Castillo está preso “purgando sus delitos”. Sorprende que un ministro de Justicia cometa ¡un error tan grave! ¡la prisión preventiva no es para purgar un delito!, señor ministro! Es para paliar un riesgo procesal, que es muy distinto. Cualquier estudiante de derecho lo sabe. Es derecho procesal penal básico. Algo básico, pero que en Perú no se respeta. (El juez Cesar San Martin, que firmó la preventiva contra Castillo, recibió y homenajeó en el palacio de Justicia peruano a Gunter Jakobs, cultor del derecho penal anti liberal del enemigo, que se usa para recortar garantías que nosotros, con Zaffaroni, sí defendemos!) En vez de responder mis entrevistas en la prensa internacional, el señor ministro debería pedirle perdón a los papás y hermanos de Rosalino Flores, asesinado durante su gobierno. «Nos faltan 70 hermanos», se lee en las paredes de Ayacucho. Estamos con ellos. No viajamos a Perú con Zaffaroni para ser abogados de nadie, como desinforma la prensa. Fuimos a recibir un doctorado honoris causa de Cusco (mismo lugar donde Rosalino fue asesinado) Pero el pueblo nos pidió ayuda con desesperación en la calle. Mujeres andinas con lágrimas de rabia y de dolor nos tomaban de la mano. Y se la vamos a brindar. Porque es un pueblo hermano con el que nos une la historia. Y porque uno es abogado para eso.