Cuba Debate
Los más recientes acontecimientos en la región confirman al gobierno de Estados Unidos y a las oligarquías reaccionarias, como los principales responsables de la peligrosa convulsión e inestabilidad política y social de América Latina y el Caribe.
El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la Doctrina Monroe y apela al Macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales de la región, impedir el ejercicio de la soberanía nacional y las aspiraciones de integración y cooperación regional; tratar de restablecer su hegemonía unipolar a escala mundial y hemisférica; eliminar los modelos progresistas, revolucionarios y alternativos al capitalismo salvaje; revertir las conquistas políticas y sociales e imponer modelos neoliberales, sin importarle el Derecho Internacional, las reglas de juego de la democracia representativa, el medio ambiente ni el bienestar de los pueblos.
El secretario de Estado Mike Pompeo acusó amenazadoramente, este lunes 2 de diciembre, a Cuba y Venezuela de sacar provecho y ayudar a elevar la agitación en los países de la región. Tergiversa y manipula la realidad y oculta, como elemento central de la inestabilidad regional, la permanente intervención de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe.
Las legítimas protestas y las masivas movilizaciones populares que se registran en el continente, en particular en el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil, son causadas por la pobreza y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza; la certeza de que las fórmulas neoliberales agravan la excluyente e insostenible situación de vulnerabilidad social; la ausencia o precariedad de los servicios de salud, educación y seguridad social; los abusos contra la dignidad humana; el desempleo y la restricción a los derechos laborales; la privatización, encarecimiento y cancelación de servicios públicos y el incremento de la inseguridad ciudadana.
Ellas revelan la crisis de los sistemas políticos, la falta de democracia verdadera, el descrédito de los partidos conservadores tradicionales, la protesta contra la corrupción histórica típica de las dictaduras militares y los gobiernos de derecha, el escaso apoyo popular a las autoridades oficiales, la desconfianza en las instituciones y en el sistema de justicia.
Protestan igualmente contra la represión policial brutal, la militarización de esta con el pretexto de proteger infraestructuras críticas, la exención de responsabilidad penal a los represores; el empleo de armas de guerra y antimotines que provocan muertes, lesiones graves, incluidos cientos de jóvenes con irreversibles lesiones oculares por el uso de balines; la criminalización de las manifestaciones; las violaciones, golpizas y violencia contra los detenidos, entre ellos menores; e incluso, el asesinato de líderes sociales, guerrilleros desmovilizados y periodistas.
Estados Unidos defiende y apoya la represión contra manifestantes con el pretexto de salvaguardar el supuesto “orden democrático”. El silencio encubridor de varios gobiernos, instituciones y personalidades muy activos y críticos contra la izquierda, es una vergüenza. La complicidad de los grandes medios corporativos de información es vergonzosa.
Los pueblos se preguntan con razón ¿dónde está la democracia y el Estado de derecho; qué hacen las instituciones supuestamente dedicadas a la protección de los derechos humanos; dónde está el sistema de justicia cuya independencia se pregona?
Repasemos algunos hechos. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firma una insólita Orden Ejecutiva que declara a la República Bolivariana de Venezuela “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la economía y la política exterior” de la gran potencia. En noviembre de 2015, ocurre la costosa derrota electoral de la izquierda en Argentina.
La ofensiva neoliberal tuvo un momento decisivo en agosto de 2016, con el golpe parlamentario-judicial en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, la criminalización y el encarcelamiento de los líderes del Partido de los Trabajadores, y posteriormente del propio expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, con la temprana participación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mediante la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, para instalar un gobierno dependiente, dispuesto a revertir importantes conquistas sociales mediante ajustes neoliberales, al cambio nefasto del modelo de desarrollo, a permitir la destrucción de la empresa nacional y la privatización expoliadora; a la venta barata de los recursos y la infraestructura del país a las trasnacionales norteamericanas.
A finales del 2017, se produjo en Honduras la protesta contra el resultado electoral y la terrible represión de esta.
En enero de 2018, Estados Unidos aborta la firma de un acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición manejada desde Washington. Un mes después, el Secretario de Estado proclama la vigencia de la Doctrina Monroe y llama al golpe militar contra la Revolución bolivariana y chavista.
En marzo de 2018, se produce el atroz asesinato de la concejal brasileña Marielle Franco, que levantó una ola de indignación en su país y el mundo y del que permanecen ocultas las oscuras implicaciones de grupos de poder. En abril, Lula es apresado mediante espurias maniobras jurídicas. Hay copiosa evidencia de la intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas, a través de compañías especializadas que usan tecnologías de “big data” y polimetría para manipular individualmente la voluntad de los votantes, como las manejadas por el ultra-reaccionario Steve Bannon y otras israelíes.
En este periodo, se abren procesos judiciales contra los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Rafael Correa. En abril de 2018, intentan desestabilizar a Nicaragua mediante la injerencia externa y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales.
El 4 de agosto de 2018, es el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros. En enero de 2019, se produce la autoproclamación del desconocido y corrupto Juan Guaidó, organizada en Washington. En marzo de 2019, el presidente Trump renueva la Orden Ejecutiva que considera una amenaza a Venezuela. El 30 de abril, es el intento de golpe militar en Caracas que fracasa de manera estrepitosa, y Estados Unidos, vengativamente, escala en su guerra no convencional contra la nación sudamericana que resiste tenaz y heroica desde la unión cívico-militar de su pueblo.
En todo el periodo, el gobierno estadounidense aplica salvajes políticas antiinmigrantes y una conducta agresiva, llena de odio, para alimentar el miedo y la división en los electores. Intenta el muro xenófobo en la frontera con México, amenaza a este y a Centroamérica con terribles aranceles y sanciones si no detienen a quienes huyen de la pobreza y la inseguridad, y multiplica las deportaciones. Separa cruelmente a miles de niños de sus padres, ha detenido a 69 mil menores y trata de expulsar a los hijos de inmigrantes nacidos y criados en territorio norteamericano.
Mostrando desvergonzada subordinación a Estados Unidos, el gobierno ultraderechista de Brasil que encabeza Jair Bolsonaro acudió a la mentira, al discurso xenófobo, racista, misógino y homofóbico, combinado con proyecciones delirantes sobre fenómenos sociales y políticos como el cambio climático, las poblaciones originarias, los incendios amazónicos y la emigración, las cuales han generado el repudio de numerosos líderes y organizaciones. En la gestión del gobierno se han venido desmontando las políticas sociales que llevaron a Brasil durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores a reducir notablemente los niveles de pobreza y de exclusión social.
Desde mayo de 2019, decenas de miles de manifestantes se echaron a las calles contra los recortes en educación, las reformas al sistema de pensiones, las políticas discriminatorias y la violencia de género.
El gobierno de Brasil ha intervenido en los asuntos internos de países vecinos como Venezuela, Argentina, Paraguay y Uruguay, y ha asumido posiciones hostiles hacia Cuba, violatorias del Derecho Internacional. Como publicó la prensa brasileña en abril de 2019, la Cancillería cursó instrucciones a 15 de sus Embajadas de coordinar con las estadounidenses para instar a los gobiernos receptores a condenar a Cuba en foros internacionales.
Por primera vez desde 1992, Brasil votó este año en contra, sólo acompañado de Estados Unidos e Israel, de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas para pedir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero, que ahora Estados Unidos arrecia contra Cuba, y el cese de la aplicación extraterritorial de sus leyes contra terceros Estados.
Paralelamente, el gobierno de Colombia, se abstuvo en la votación de la resolución que apoyó desde 1992 y que reclama, en momentos en que se recrudece, el cese del bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba y el alcance extraterritorial de este. Para justificar esta censurable decisión, las autoridades de ese país acudieron a la manipulación, ingrata y políticamente motivada, sobre la altruista, consagrada, discreta e inobjetable contribución de Cuba a la paz en Colombia, un tema en el que la conducta de nuestro país es universalmente reconocida. Es conocido el amplio y crítico debate que este hecho generó en esa nación, a la que, pese a todo, seguiremos acompañando en sus esfuerzos para alcanzar la paz.
La calumnia norteamericana de atribuirle a Cuba supuestas responsabilidades en la organización de las movilizaciones populares contra el neoliberalismo en Sudamérica constituye una increíble excusa para justificar y endurecer el bloqueo y la política hostil contra nuestro pueblo. Igual, resulta inútil para esconder el fracaso del sistema capitalista, proteger gobiernos tambaleantes y represivos, ocultar golpes parlamentarios, judiciales, policiales; y agitar el fantasma del socialismo para amedrentar a los pueblos. Con ello, pretende también justificar la represión y la criminalización de la protesta social.
La única responsabilidad de Cuba es aquella que emana del ejemplo que ha brindado su heroico pueblo en la defensa de su soberanía, en la resistencia ante las más brutales y sistemáticas agresiones, en la práctica invariable de la solidaridad y la cooperación con las naciones hermanas de América Latina y el Caribe.
Duele al imperialismo que Cuba ha demostrado que sí hay otro mundo posible y que sí se puede construir un modelo alternativo al neoliberalismo, basado en la solidaridad, la cooperación, la dignidad, en la distribución justa de los ingresos, el acceso igualitario a la superación profesional, a la seguridad y protección ciudadanas y a la liberación plena de los seres humanos.