La “Operación Padrino” de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) alcanzó su objetivo con la detención, en el aeropuerto de Los Angeles, del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se le acusa de tener nexos con el narcotráfico, lavado de dinero y otros. Será trasladado ante un fiscal a la ciudad de Nueva York. Los delitos que se le imputan son similares a los de Genaro García Luna.
En un gesto de cortesía diplomática el embajador de los Estados Unidos, Christopher Landau, informó a Marcelo Ebrard. En su cuenta de Twitter el canciller dijo: “He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California. La Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho. Les mantengo al tanto.”
No existe antecedente en México sobre la detención de un secretario de la Defensa Nacional. El gobierno mexicano no fue notificado sobre la investigación que se realizaba, aparentemente, desde hace diez años sobre el general Salvador Cienfuegos. Podría enfrentar cargos por hechos que realizó cuando fue comandante de la novena y quinta regiones militares, con sede en Guerrero y Jalisco, con las que habría colaborado en el traslado y tráfico de drogas.
En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador comentó que la detención de Salvador Cienfuegos es “una situación inédita porque está detenido por la misma acusación del que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto es una muestra inequívoca de la descomposición”.
El gobierno de López Obrador fue sorprendido con la detención del general Cienfuegos que, se informó, no era investigado en México. La DEA siguió su plan hasta tener a su alcance al general, lo que sucedió cuando se disponía a disfrutar con su familia unas vacaciones.
La discreción con la que llevó la DEA su investigación, al no informar sobre su indagatoria, nos habla de su desconfianza en las autoridades mexicanas, la que es posible interpretar como un efecto por el “fracaso” de su investigación, de hace un año, relacionada con la localización y detención de Ovidio Guzmán López, en Culiacán.
El 17 de octubre de 2019, según comentó meses después, el presidente López Obrador, ordenó liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo Guzmán”, detenido para responder a una petición de extradición de Estados Unidos, gestionada por la DEA.
Ese día, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas llevó a cabo un operativo para capturarlo. Sabían dónde estaba Ovidio Guzmán. Subestimaron la respuesta del Cartel de Sinaloa en caso de peligro para sus dirigentes.
El Cártel bloqueó las carreteras que conectaban con Culiacán y tomó el aeropuerto. Puso barricadas con vehículos incendiados en las principales calles de la ciudad y amenazó con matar a los familiares de los militares que participaban en el operativo. El presidente López Obrador justificó su orden de liberar a Ovidio Guzmán, como una medida para evitar un baño de sangre.
El hecho histórico de la detención del general Cienfuegos, para ser juzgado por vínculos con el narcotráfico, pone en evidencia la actividad de investigación que la DEA lleva a cabo, desde hace décadas, en el país. Periodo que no se caracteriza por la cooperación, intercambio de información y resultados, en México, como la detención del exsecretario de la Defensa.
Que la DEA no informará al gobierno de López Obrador es señal de que desde Estados Unidos se percibe estancamiento en el combate a la delincuencia organizada, principalmente al narcotráfico, que en este gobierno tiene como máximo exponente al Cartel Jalisco Nueva Generación.
Detener a dos exsecretarios de gobierno, García Luna y Cienfuegos, indica que las investigaciones de la DEA se dirigen a la localización y documentación de las acciones de los funcionarios de alto nivel, que desde el Gobierno se benefician protegiendo al narcotráfico.
La detención del general Cienfuegos contiene también un mensaje para el presidente López Obrador, en el sentido de que no debe depositar su total confianza en los militares, como lo está haciendo, porque también son presa de la corrupción. La pregunta es ¿quién dice que los militares no son corruptos?
La percepción sería que, desde Estados Unidos, se considera que la corrupción viene de lo más alto del poder. López Obrador etiquetó a los cinco presidentes anteriores. Ahora debe cuidar que no lo “manchen” ni sus colaboradores ni sus familiares. No está fácil.