La oposición venezolana es hoy cuestionada por sus seguidores tras conocerse la participación de cabecillas en un entramado de corrupción con fondos destinados a la entrada de supuesta ayuda humanitaria.
De acuerdo con el ministro de Comunicación del país sudamericano, Jorge Rodríguez, el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, y otros dirigentes de la derecha defalcaron capital para financiar actos de desestabilización desde Colombia y otras naciones de la región.
En rueda de prensa este lunes, el titular presentó las conversaciones de Guaidó con Rosana Barrero y Kevin Rojas, ambos militantes del partido Voluntad Popular (VP), quienes manejaban los recursos robados para sufragar la entrada de sicarios con el objetivo de apoyar actos terroristas en el país sudamericano.
Rodríguez acotó además que 800 millones de dólares pertenecientes a la empresa Citgo, filial de la estatal Petrolera Venezolana (PDVSA), en Estados Unidos, fueron desplazados a cuentas de personas de confianza del autoproclamado mandatario.
“La oposición no tiene interés político en Venezuela, por eso la situación de división que existe entre los partidos de VP y Primero Justicia; queda evidenciada la gigantesca trama de corrupción que promueve la extrema derecha local”, denunció.
Más tarde, el ministro adelantó una probable investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ad hoc a la junta directiva nombrada por Guaidó a la empresa Citgo.
Las investigaciones, que de acuerdo con Rodríguez se conocerán en las próximas horas, vinculan a los dirigentes opositores en el exilio con la alteración de la contabilidad para excederse en 70 millones de dólares en el pago de los intereses de un supuesto bono.
“Al parecer la persona directamente involucrada de tomar el dinero es Carlos Vecchio, también militante de VP”, indicó.
Vecchio es coordinador político nacional del partido Voluntad Popular y desde enero de este año fue designado por Guaidó como encargado de Negocios de Venezuela en Estados Unidos con apoyo de la Casa Blanca.
Mientras, ACNUR abulta cifras y los venezolanos son blanco de precarización
En tanto, el canciller de la República, Jorge Arreaza, condenó este lunes que mientras ACNUR manipula las estadísticas para abultar los ingresos que recibe por la migración y la ONU no dice nada con respecto al bloqueo que lo origina, en Colombia, Ecuador y Perú, los migrantes venezolanos son blanco de pésimas condiciones laborales y explotación.
El canciller, hizo referencia, en su publicación, a una nota de Misión verdad, en la que reportan que los medios corporativos han retomado la campaña sobre el “éxodo venezolano” luego de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), presentaron una nueva cifra de migrantes y refugiados totalmente escandalosa.
Según estas agencias, existirían más de 4 millones de venezolanos fuera del país, posicionándolo como un “fenómeno migratorio excepcional” en la región. De esta cantidad, 3.3 millones estarían disgregados en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, siendo Colombia (1.3 millones), Perú (768 mil), Chile (288 mil) y Ecuador (263 mil), los países con mayores cantidades.
Anterior a estas cifras, ACNUR había anunciado a mediados de febrero que 3.4 millones de personas estaban fuera de Venezuela. En diciembre del año pasado “proyectaron” que en 2019 ascendería a 5 millones de migrantes y refugiados, lo que impactaría sobrecargando las capacidades institucionales y financieras de los países receptores.
El manejo de este balance surgió luego del Proceso de Quito, reunión efectuada por los países del Grupo de Lima en septiembre de 2018 y que trajo como respuesta de acción a la “crisis migratoria” un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) dirigido a 2 millones de venezolanos y 580 mil personas en comunidades de acogida en 16 países.
Basándose en el supuesto de que seguirá prevaleciendo este flujo migratorio, se determinó que para atender las necesidades de los venezolanos en el exterior era necesario desembolsar la cantidad de 737 millones 611 mil dólares, que sería distribuida a 95 organizaciones asociadas, entre gobiernos, iglesias y organizaciones civiles. Más de 300 millones de ese dinero estarían destinados a Colombia.
El informe, que narra al detalle los problemas que están enfrentando las naciones latinoamericanas para abordar los requerimientos de migrantes venezolanos que requieren algún tipo de asistencia, es un llamamiento encabezado por el enviado especial de ACNUR y la OIM Eduardo Stein, a los países desarrollados e instituciones financieras internacionales para que aumenten la cantidad de inversión en “operaciones humanitarias”, siendo que solo está cubierto hasta ahora en un 21 por ciento.
Individualmente, los países hacen valoraciones presupuestarias sobre los fondos que demandan. Colombia determinó que debe destinar el 0.5 por ciento de su PIB para atender la llegada de venezolanos, esto se traduce en un millón 500 mil dólares anuales. Por su parte, Ecuador demanda 550 millones de dólares para sus planes hasta 2021.