Quienes creen que la lucha de clases es una cuestión del pasado, están equivocados. Las élites económicas de Ecuador, a través del gobierno de Lenín Moreno, han declarado la guerra económica al pueblo ecuatoriano, con la imposición de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que incluyen el aumento de los precios de los combustibles, más despidos de servidores públicos, recorte de los derechos de los trabajadores y medidas para favorecer a importadores, exportadores y a las cámaras de la producción.
En respuesta a este “paquetazo”, los sectores afectados inmediatamente iniciaron movilizaciones, exigiendo la derogatoria de las medidas adoptadas por el gobierno que impactan a la mayoría de los ecuatorianos. Las protestas se iniciaron con el paro de los transportistas y ahora continúan con la activa participación de los pueblos indígenas en la sierra y en la Amazonía, así como sectores populares urbanos, obreros, estudiantes y mujeres.
En lugar de atender las demandas ciudadanas, el gobierno decretó el estado de excepción por 60 días, disponiendo la movilización de las fuerzas armadas y de la policía, para reprimir las manifestaciones. Como resultado de esta medida, hay un muerto, centenares de personas detenidas, agresiones a periodistas, jóvenes heridos con armas de fuego y bombas lacrimógenas, personas apaleadas y vejadas.
La guerra está declarada. Las peores manifestaciones del neoliberalismo están de vuelta.
Muchas razones para protestar
El alza de los combustibles es el detonante de las recientes movilizaciones, pero el descontento general que reina en Ecuador tiene raíces más amplias y profundas, y hay que buscarlo en el momento en que Lenín Moreno le da la espalda al programa de gobierno que le permitió asumir la presidencia.
El gabinete inicial de Moreno fue reemplazado por representantes de las cámaras de la producción y de los medios de información privados, que están imponiendo su propia visión e intereses grupales y de clase para favorecerse enormemente de la gestión estatal.
Cuando la economía daba señales de recuperación, estos sectores trabajaron en un relato de que el país vivía la peor crisis de la historia, de la que responsabilizan al gobierno anterior. Luego de adoptar una serie de medidas, como el perdón de las multas e intereses a los morosos de los grandes grupos económicos que tienen deudas con el Estado, que suman más de 4.500 millones de dólares, la economía ha ido de tumbo en tumbo. Entre los principales impactos están el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, la reducción del empleo adecuado, el crecimiento del subempleo, el despido de servidores públicos, mayor inseguridad y violencia, y la incapacidad del gobierno para atender problemas graves como la violencia en las cárceles, la minería ilegal y la situación de las fronteras.
Paradójicamente, mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano atraviesa graves problemas económicos y sociales, sectores minoritarios aumentan sus ganancias en medio de la crisis. El sector bancario, por ejemplo, en el año 2017-2018, obtuvo una ganancia de 554 millones de dólares, que representa un incremento de 39,8% con relación a diciembre de 2017.
Por otro lado, el gobierno, en lugar de buscar financiar el presupuesto con una política impositiva para que paguen más los que más tienen, cobrar las deudas de los grandes empresarios y combatir la evasión y elusión fiscal, recurre al endeudamiento externo en condiciones sumamente desventajosas para el país.
A pesar de criticar del endeudamiento de gobierno anterior, el gobierno de Moreno en los primeros 19 meses (de mayo 2017 a enero 2019) se endeudó en 11.722 millones de dólares, superando el total de la deuda contraída por el gobierno de Rafael Correa, que en 9 años y 3 meses de gestión pasó de 10.205,3 millones en agosto de 2007 a 22.575,2 millones en junio de 2016 (Fuente: Banco Central del Ecuador).
En estas condiciones, el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional, con el cual firmó un acuerdo de Servicio Ampliado del FMI, SAF, en el, que a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, se compromete a cumplir los condicionamientos de este organismo, que incluyen el aumento del IVA, el alza y liberalización de los combustibles, la privatización de los sectores estratégicos, la denominada flexibilización laboral, que en realidad significa atentar a los derechos de los trabajadores, la reforma del estatuto del Banco Central, reducción del tamaño del Estado con despidos de servidores públicos, entre otros, en función de lograr el “equilibrio fiscal”. Cabe recordar que el último acuerdo con el FMI se dio en el 2003, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, que no terminó su período por el rechazo popular.
El presidente Moreno, con un nivel de credibilidad que bordea el 16% y de aceptación de apenas el 22%, impone así un paquete de medidas económicas que ha recibido el respaldo público del Fondo Monetario Internacional, de las cámaras de empresarios, de los banqueros y de los medios de comunicación corporativos, que han cerrado filas para defender las medidas, señalando que el gobierno ha tenido la “valentía” de “retirar el subsidio” a los combustibles, “algo que no se ha hecho en los últimos 40 años”.
El alza del diésel de 1,03 a 2,30 dólares y de la gasolina extra de 1,85 a 2,39 dólares, precios que fluctuarán cada mes, tendrán un gran impacto en la economía popular, pues aumentan los precios de los productos de primera necesidad y del transporte público, deteriorando el poder adquisitivo de la mayoría de familias ecuatorianas, con mucha más fuerza entre quienes ganan el salario básico o tienen reducidos ingresos. Cada centavo que se suba en los pasajes y los víveres cuenta mucho para el millón 700 mil personas que subsisten con menos de $1.6 diarios, y para otros 4.4 millones que perciben menos de $2.9 diarios.
Paro de transporte y movilización popular
El jueves 3 y viernes 4 de octubre, el paro de transportistas afectó a todo el país, se suspendieron las clases y se recortó la jornada laboral por las dificultades de movilización. Este fue el detonante para que otros sectores se movilizaran contra las medidas del gobierno de Lenín Moreno en varias ciudades, especialmente en Quito, donde incluso algunos vuelos fueron suspendidos en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, debido a la imposibilidad de trasladarse hasta allí. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que hubo manifestaciones en 300 sitios en ese día. En Guayaquil, aprovechando la situación, se registraron saqueos.
Para contrarrestar el paro de los transportistas, el gobierno procedió a apresar algunos de sus dirigentes en Quito (Jorge Calderón) y Cuenca, quienes están siendo procesados por paralizar servicios públicos. Al mismo tiempo, algunos medios de comunicación privados orquestaron una campaña de desprestigio contra ciertos dirigentes. Tras esta campaña de amedrentamiento, el gobierno y los transportistas llegaron a un acuerdo mediante el cual estos últimos suspendieron el paro a cambio de alzas de los costos en fletes y pasajes en el transporte urbano e interprovincial, exoneraciones tributarias para la importación de repuestos y hasta permitirles que lleven pasajeros de pie en los buses que realizan el transporte interprovincial.
Con este acuerdo, el régimen de Moreno asestó un segundo paquetazo económico que repercutirá gravemente en la economía familiar, más aún cuando no se ha previsto ningún tipo de compensación. El levantamiento del paro, sin embargo, no fue acatado por todos los gremios del transporte, registrándose demostraciones de rechazo al alza de los combustibles en Sucumbíos, Quito y Portoviejo, entre otras ciudades.
Los transportistas, como casi siempre ha sucedido, actuaron defendiendo sus particulares intereses gremiales, sin considerar la afectación al conjunto de sectores populares.
Cuando los dirigentes empresariales, los medios de información y el gobierno pensaban que la finalización del paro de transportistas significaba el fin de las protestas, irrumpió con mucha fuerza la movilización de las comunidades indígenas en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Cañar y Loja, así como en la región amazónica.
El sábado 5, el domingo 6 y el lunes 7 de octubre, los indígenas cerraron las carreteras colocando barricadas y árboles, mientras efectuaban concentraciones en las capitales provinciales, como Ambato, Latacunga y Riobamba. El objetivo de la lucha indígena no sólo es exigir la derogatoria del paquete de medidas económicas, sino la suspensión de las concesiones a la minería de cielo abierto y otras reivindicaciones en defensa de la pequeña agricultura, por las que ya se habían manifestado previamente.
Como respuesta a la declaratoria del estado de excepción, a la represión desatada y al apresamiento de los dirigentes de Pachakútic, Marlon Santi y Jairo Gualinga, la CONAIE difundió un comunicado en el que declara el estado de excepción en todos los territorios indígenas e indica que “militares que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena”. La medida se da en respuesta a “la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública para comprender el carácter popular de las demandas del Paro Nacional contra el Paquetazo, que afecta al conjunto de la sociedad ecuatoriana y deteriora las condiciones de vida y existencia de los sectores más vulnerables del país.” La organización indígena denunció que contingentes militares y policiales reprimieron duramente las movilizaciones indígenas, atentando incluso contra mujeres y niños.
Los militares, según la CONAIE, ingresaron a los territorios indígenas en varios puntos de la sierra ecuatoriana, allanando casas, usando armas de perdigones y bombas lacrimógenas que impactaron en el cuerpo y los rostros de los manifestantes. En el sector de Panzaleo, en la provincia andina de Cotopaxi, los militares detuvieron a manifestantes, les colocaron capuchas, y se los llevaron con rumbo desconocido. En el sector de El Chorro, en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, km. 58, murió el campesino Raúl Chilpe quien fue atropellado por un vehículo desconocido en un bloqueo de la carretera.
En la comunidad de Nizag, provincia de Chimborazo, en Peguche, provincia de Imbabura y en Lasso, provincia de Cotopaxi, indígenas y campesinos retuvieron a militares y policías, para intercambiarlos por indígenas detenidos, denunciar la represión y aplicar la justicia indígena.
La CONAIE, junto al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y al Frente Popular, han convocado a una huelga nacional para el 9 de octubre, señalando que el lunes 7 y martes 8 efectuarán manifestaciones previas y que grupos de indígenas se trasladarán a Quito para protestar frente al Palacio de Gobierno y la Asamblea Nacional.
Los medios de información de información corporativos y los medios “públicos” han cerrado filas en torno al gobierno de Moreno y sus políticas. Se suman al relato oficial, silencian o minimizan las protestas, y hacen coberturas sesgadas intentadas transmitir la idea de que en el país “no pasa nada”. Esta son conductas ya conocidas y reiterativas que son rechazadas no solo por quienes participan en las movilizaciones sino por amplios sectores populares que se informan, se convocan y opinan a través de las redes sociales digitales y por los pocos medios comunitarios y públicos que quedan.
Una de ellos, es la Radio Pichincha Universal del Consejo Provincial de Pichincha. La cobertura que está haciendo de las movilizaciones tiene una amplia audiencia en Quito y la provincia de Pichincha y la gente de forma permanente participa en su programación, motivos suficientes para volverse objeto de persecución. El 3 de octubre, manos anónimas le cortaron la energía eléctrica y su página web (www.pichinchauniversal.com), la noche del 5 de octubre, recibió 4 denuncias por una presunta violación a los derechos de autor que hacen referencia a dos imágenes del Presidente Lenín Moreno, una del Vicepresidente Otto Sonnenholzner y una del Gabinete ampliado. Con esto se intenta, anular su página web.
Este método ya ha sido usado por el gobierno de Moreno contra los medios digitales ElEstado.net y Ecuadorinmediato.com. Las presiones oficiales fueron uno de los motivos para el cierre de este último medio.
Estado de excepción… mayor represión
El recurrir a la declaratoria del estado de excepción por parte de un gobierno con tan baja popularidad, antes que una fortaleza, es una muestra de debilidad y de que se prioriza la fuerza antes que el diálogo. El estado de excepción, que tiene vigencia 60 días, suspende el derecho de asociación y reunión durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito y dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la policía “para mantener el orden”.
Bajo este marco, se han movilizado 24.000 efectivos militares y miles de policías, para contener la protesta popular. Y como si estuviéramos en guerra, se están cometiendo una serie de atropellos, arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos, que han sido denunciados por ONGs nacionales e internacionales. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, hasta el domingo 6 de octubre, el número de detenidos era de 477.
Romo, quien se define como feminista y «de la izquierda que cree en los derechos y las libertades», fue asambleísta de Alianza País en el gobierno de Rafael Correa, luego, en las últimas elecciones presidenciales, se pronunció a favor del banquero Guillermo Lasso y ahora, al frente del Ministerio de Gobierno, dirige la dura represión policial contra los manifestantes.
Mientras vehículos blindados del Ejército, Urutu EE-11, y boinas rojas militares se ubicaban frente al Palacio de Gobierno la noche del 6 de octubre, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín lo negaba, y al mismo tiempo manifestaba a un medio público: “porque los militares saben defenderse, tienen experiencia en combate y de guerra, no pueden ser ultrajadas, tienen honor, tienen dignidad y se hará respetar”.
En la mañana del 7 de octubre, pudimos constatar que los blindados habían sido retirados, pero cientos de policías y boinas rodeaban el Palacio de Gobierno, en el centro de Quito, que se encuentra cercado con vallas metálicas que impiden la circulación peatonal.
Cuestionamiento internacional al gobierno de Moreno
El mismo día del anuncio de las medidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas cuestionaba al Estado ecuatoriano sobre la adopción y el impacto del ajuste estructural propiciado por el FMI en el goce de los derechos humanos. Al día siguiente, de manera inusual, el Comité emitió un fuerte comunicado en el cual señala que la reducción de la institucionalidad y presupuestos del Estado a través de la implementación del acuerdo con el FMI son incompatibles con las obligaciones internacionales del Ecuador y afecta negativamente el goce de los derechos económicos y sociales.
Las mismas preocupaciones fueron comunicadas a Argentina hace un año con relación a las medidas dictadas por el FMI.[3] En marzo de 2019, el Consejo de Derechos Humanos reconoció que los esfuerzos para estabilizar una economía en tiempos de crisis, afectan desproporcionan este escenario de agudización de las desigualdades y precarización laboral, es implementado de manera violenta, como se pretende hacer en Ecuador a través del estado de excepción.
De la misma forma, organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano[ han expresado su extrema preocupación por el desproporcionado uso de la fuerza y la falta de garantías procesales durante la represión y detención de docenas personas durante las manifestaciones. De igual manera, la declaración del estado de excepción nacional agrava el riesgo de violaciones de derechos humanos cuya legalidad debe ser revisada por la Corte Constitucional.
Estas medidas de última instancia, vigentes mediante el Decreto Ejecutivo 884[, tomadas a pocas horas del anuncio de las medidas económicas, podría suponer una restricción ilegítima al derecho de manifestarse pacíficamente, a la libertad de expresión y opinión, al suspender el derecho a la libertad de reunión y asociación durante las 24 horas del día.
Estos derechos garantizados en instrumentos internacionales y en la Constitución del Ecuador, serían vulnerados por el propio Estado, quien actúa de manera desproporcionada ante las exigencias de la situación. Además, constituye el marco en el cual han existido varias denuncias de vulneraciones a la integridad física y a los derechos procesales de ciudadanos retenidos.
La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas en el contexto de protestas en Ecuador y urgió al gobierno a evitar el uso excesivo de la fuerza, respetar derechos humanos, y buscar solución al conflicto a través del diálogo intercultural.
Finalmente, es importante señalar que si bien las actuales movilizaciones en el campo y la ciudad son las más significativas de los últimos años, durante el gobierno de Moreno, se han desarrollado diversas manifestaciones y protestas, en gran parte ocultadas por los medios de comunicación corporativos. Las más recientes protestas se cumplieron en la provincia norteña de Carchi, que se mantuvo en paro del 24 al 30 de septiembre, con el cierre de la carreteras, exigiendo la construcción de vías, un IVA diferenciado para la provincia, la creación de una zona franca y la devolución del IVA a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
En la provincia de Bolívar, miles de indígenas marcharon el 25 de septiembre en la capital provincial Guaranda, para que el gobierno deje sin efecto las concesiones mineras, que afectarían a más de 160 000 hectáreas, a las fuentes de agua y a los páramos. También se han hecho presentes las marchas de mujeres por la despenalización del aborto en casos de violación, tema que fue negado por Asamblea Nacional.