Valeria Vegh Weis
Mucho de lo que nos espanta del lawfare es lo que pasa en el día a día en las causas penales ordinarias. Son problemas sistémicos de un sistema penal que hace rato se acostumbró a la injusticia: expedientes armados, medios de (in)comunicación construyendo culpables, abuso de la prisión preventiva, jueces a los que nadie les vio la cara, no saber cuándo se va a resolver la causa, ser impotente frente a lo que debería ser un servicio para el pueblo.
Quizás el aspecto más sensible de toda esta injusticia es que el daño que produce el sistema penal cuando actúa ilegítimamente es irreparable. Si un compañero sale en libertad después de haber sido incorrectamente detenido, nadie va a poder devolverle ese tiempo de vida arrebatado. ¿Se acuerdan del Rati Horror Show? Con el lawfare, ese daño irreparable va un poco más allá: es que no sólo afecta a la persona en concreto, si no a toda la ciudadanía.
¿Cómo es eso? Pensemos en el caso de Brasil. Estas últimas semanas tuvimos la gran noticia sobre la situación procesal de Lula que podrá volver a presentarse a elecciones y potencialmente rescatar al hermano país del descalabro humano que está viviendo como consecuencia del desmanejo letal de la pandemia. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Súmate. Sigamos haciendo historia.
Brevemente: Lula fue procesado por el juez Moro y excluido de las elecciones de 2018 (incluso encarcelado). A continuación del proceso, Moro fue nombrado Ministro de Justicia por el gobierno que ganó las elecciones gracias a que Lula no compitió. Solo cuando The Intercept publicó conversaciones entre Moro y el fiscal dejando en evidencia los arreglos espurios para sacar a Lula de juego, es que la causa comenzó a desmoronarse. Recién en las últimas semanas, el Tribunal Supremo Federal anuló las sentencias por falta de competencia del juez.
Sin embargo, ¿podemos decir que se le ganó al lawfare en Brasil? Es un gran logro, pero el daño irreparable ya está hecho: 1. Lula fue privado de su libertad injustamente y ese tiempo no es susceptible de ser devuelto. 2. Lula no pudo participar en las elecciones, y hoy, con Bolsonaro en el poder, muchos están muriendo debido a la (falta de) política de salud pública brasileña. 3. Incluso con el avance de la causa, muchos son los que hoy, luego de meses de bombardeo mediático, ya están convencidos irrevocablemente de que Lula es un corrupto.
Eso es el lawfare: incluso cuando se pueda reinstalar el armonioso ejercicio de la justicia anulando sentencias o impugnando a los jueces involucrados, el daño irreparable consistente en: 1. Arruinar la vida de las personas detenidas o imputadas, 2. Alterar el juego democrático y sacar de juego a un candidato y 3. Crear la idea de que tal es un corrupto, ya está hecho.
Esto significa que la respuesta al lawfare no puede venir sólo desde la pelea jurídica y la reforma judicial desde arriba porque el derecho llega tarde, cuando las vidas fueron ya arrasadas, la democracia manipulada y el etiquetamiento de los líderes como corruptos consolidado.
Ni hablar en el contexto de la pandemia: probablemente la discusión sobre si la Ciudad de Buenos Aires debe o no acatar el DNU federal va a continuar en los pasillos de tribunales por un largo tiempo. Posiblemente se llegará a la conclusión de que la Corte decidió motivada por razones ajenas al derecho. Se sabrá que el poder de policía del gobierno nacional dentro de las limitaciones constitucionales es inherente a la democracia.
También se clarificará que en una situación de pandemia como la que hoy vive el mundo entero es esencial que las decisiones sean coordinadas entre las jurisdicciones. Con pesar por las pérdidas, mesuraremos que la vida es más importante que la presencialidad. El gran problema de la judicialización de la política y el lawfare es que, lamentablemente, cuando todo esto quede claro, muchos argentinos con covid-19 ya no van a estar entre nosotros. Será tarde. Demasiado tarde.
¿Entonces? Entonces hay que actuar antes y desde abajo. ¿Un ejemplo? El 2×1 en los juicios de lesa humanidad. No esperamos a que la justicia reaccione y desdiga sus decisiones y no esperamos tampoco una respuesta espontánea de los demás poderes del Estado. En su lugar, el pueblo movilizado comprendió la injusticia que acarreaba la decisión del 2×1, salió a la calle y, desde abajo y antes de que los acusados recuperaran su libertad en masa, creó las condiciones para que institucionalmente se revirtiera el estado de cosas.
Con el lawfare es más complicado porque no es fácil comprender de qué se tratan las causas, cuándo son legítimas las decisiones y cuándo no, en qué expedientes se arrasa con la constitución y en cuáles se respeta el estado de derecho. No es fácil salir a la calle a tiempo. Menos en pandemia.
¿Cómo destrabar este enjambre? La propuesta es con más derechos: crear y consolidar una cultura legal popular desde los movimientos sociales para que todos podamos entender que está pasando en tribunales y evitar que las causas penales espurias avancen en primer lugar. Se trata de que si la justicia es un servicio para todos, por lo menos tenemos el derecho de entender cómo funciona.
¿Cómo desarrollar esta cultura legal popular? Con eventos que acerquen el derecho a la ciudadanía, que lo vuelven comprensible. Con el uso de medios alterativos y redes sociales explicando y aclarando las novedades de tribunales para que la única voz no sea la de los medios hegemónicos. Con entrevistas cortas con abogados, con las personas imputadas y con docentes que sirvan para paliar la desinformación y las acusaciones de corrupción vacías. Con la divulgación de información sobre los fiscales, defensores y jueces que mal usan el derecho en lugar de que solo conozcamos las caras de los acusados.
Esta es una tarea de formación para que los compañeros no sólo sepan que existe el lawfare y la justicia de clase, sino que puedan escuchar las noticias de los medios hegemónicos e identificar las trampas y manipulaciones. Es también una tarea hacia afuera para poder explicar el lawfare a familiares, vecinos y amigos desconfiados.
Quizás, sobre todo, es una tarea con proyección: crear una cultura legal popular es la base para el desarrollo de un control cívico de la justicia por parte de las organizaciones sociales y la ciudadanía interesada. Si el poder judicial no se quiere o no se puede autodepurar y si los gobiernos se encuentran constreñidos en su intento de avanzar en reformas estructurales, entonces al lawfare habrá que combatirlo desde los movimientos sociales y con ciudadanos formados.
En fin, nada nuevo bajo el sol: así como sucedió con la lucha por la democracia, con las conquistas de las mujeres y colectivos LGBTTQ+, con la férrea pelea de los pueblos originarios y muchas otras experiencias históricas de resistencia, también el lawfare y la injusticia se van a tener que desandar desde abajo.