Por Jorge Capelán.
Lo que se vive en el país andino es un golpe de larga duración orquestado desde Washington.
La fase de preparación tuvo lugar durante el casi año y medio, desde la toma de posesión de Pedro Castillo tras ganar unas elecciones con una votación récord para un candidato popular en Perú, hasta el pasado 7 de diciembre, cuando un congreso dominado por fuerzas acérrimamente opositoras lo declaró “incapacitado moralmente” acusándolo de conspiración y de rebelión, y dictando en su contra, primero 18 meses de prisión “preventiva”, y más tarde 36.
En diciembre pasado, el presidente Pedro Castillo fue víctima de una conspiración para alimentarlo con información falsa con el fin de promover su destitución y posterior enjuiciamiento a la espera de que el movimiento popular que lo apoya en las calles se desmovilice y renuncie a liberar a ese estratégico país de los Estados Unidos. Esa fue la fase de ejecución del golpe.
La fase actual es la de normalización.
El pueblo en las calles no deja de protestar, reclamando el regreso de Castillo y una asamblea constituyente.
Por otro lado, la clase política del modelo neoliberal fujimorista apoyado por Estados Unidos, espera que la represión y el cansancio surtan su efecto.
Según diversos estimados, a estas alturas van unos 60 o 70 muertos.
Una observación: Mientras que el Comando Sur asegura que entre sus prioridades en la región está la lucha contra el crimen organizado, el récord de los operadores políticos a su servicio en el Perú muestra exactamente lo contrario.
El pasado 12 de septiembre, es electo presidente del Congreso el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general retirado José Williams Zapata, conocido por su conexión con los carteles mexicanos de la droga durante su jefatura en la Región Militar Norte de Piura en 2004–2005.
De acuerdo a informes de la División Antidrogas de la Policía Nacional (DIVANDRO), la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el portal WikiLeaks, cuando el general José Williams Zapata fue jefe de esa región militar, en esa zona del Perú el cártel de Tijuana exportaba droga por mar en presunta complicidad de militares de alto rango e incluso la transportaba a pocos metros de las instalaciones del Ejército.
Además, en el año 2006 Williams Zapata fue acusado de corrupción y de encubrir el asesinato de 69 personas en Accomarca en agosto de 1985, uno de los capítulos más sangrientos de la guerra contra el grupo terrorista denominado Sendero Luminoso.
En esa ocasión resultaron asesinadas 69 mujeres, hombres, ancianos y niños.
De hecho, Williams Zapata, tuvo a su cargo también la Operación Chavín de Huantar, muy celebrada por los fujimoristas como una gran victoria contra el terrorismo.
En esta operación militar para rescatar a 72 rehenes en la embajada de Japón el 22 de abril de 1997 hubo 17 muertos (los 14 miembros de la guerrilla del MRTA y otras 3 personas), de las cuales 8 fueron asesinadas por los soldados.
Representante del partido de extrema derecha Avanza País y apoyo activo de Keiko Fujimori, Williams Zapata ha probado ser un valioso operador del golpe contra el presidente Pedro Castillo.
La elección de Williams como presidente del Congreso no ha desatado airadas críticas de los Estados Unidos, a pesar de que sus relaciones con los carteles de la droga de México ya eran conocidas desde hace muchos años.
Entre otras cosas, 48 horas antes del golpe contra el presidente Castillo, el 5 de diciembre pasado, Williams Zapata le “recomendó” al general del Ejército, Walter Córdova, que renunciara “por el bien de la institución” a causa de “graves denuncias” en su contra.
En concreto, Williams le habría dicho a Córdoba que contaba con una carpeta que contenía varias denuncias en su contra, lo que estaba afectando a la institucionalidad del Ejército.
Córdoba era el único general que no se había querido prestar a la movida golpista contra Castillo, que consistía en proveer al mandatario con informes falsos sobre la situación política del país para provocar errores de su parte, que serían aprovechados por el Congreso y demás poderes del Estado controlados por la derecha y el fujimorismo como pretexto para destituirlo.
Aunque Williams Zapata niega haber chantajeado al jefe militar, el diario peruano La República dice que varias fuentes consultadas coincidieron en afirmar que sí existió el “pedido” de renuncia a Córdova.
El papel de Estados Unidos
Como es de costumbre en nuestra región, la Embajada de Estados Unidos en Lima estuvo directamente implicada en el golpe contra Castillo.
Un ejemplo de esta implicación fue la reunión de la embajadora y ex oficial de la CIA, Lisa Kenna, con el Ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, menos de 24 horas antes del golpe para ultimar detalles sobre la operación para deponer al presidente Pedro Castillo.
Igualmente llama la atención, la inmediata designación, aun con el golpe en curso, del exoficial de enlace en el Comando Sur, coronel retirado Juan Carlos Liendo Oconnor, como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hay que decir además que Oconnor es una figura prominente del fujimorismo.
El pasado 9 de marzo, al dar lectura al informe del Comando Sur para el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, la general Laura Richardson calificó al crimen organizado como amenaza “primaria” en la región, responsable de la muerte de 100 mil estadounidenses al año a causa de la droga.
Sin embargo, el USSOUTHCOM no parece tener mayores remilgos con sus contactos en el Perú, que abarcan desde militares con sórdidos expedientes con el narcotráfico hasta toda la gama delincuencial de exponentes del fujimorismo.
Bases de EEUU en el Perú.
EEUU tiene hoy en Perú un punto crítico para su estrategia de reajuste de correlación de fuerzas operacionales en América Latina, teniendo más de 10 bases militares en el territorio peruano, ubicadas en puestos estratégicos desde el punto de vista energético y minero.
Muchas de estas bases se sitúan en el Varem, una zona de valles encabezados por Apurimac, y otros, lugar estratégico para el Comando Sur.
Por cierto, la zona del Vraem ha sido escenario de diversas masacres en los últimos años, coincidentemente en coyunturas de ascenso de la lucha popular en las que quien resulta más beneficiado en que se despierte el fantasma de Sendero Luminoso es el fujimorismo.
De hecho, cada vez son más dentro y fuera del Perú, quienes creen que esa guerrilla “maoísta”, especializada en asesinar campesinos y activistas sociales, fue un producto de la CIA para debilitar estratégicamente a la izquierda.
Llama la atención la preparación de grupos tácticos ecuatorianos y el marcado interés del Comando Sur por acaparar el trabajo en los puertos ecuatorianos, muy cercanos con Perú, con el pretexto de atacar operaciones de drogas.
A inicios de este año, EE. UU. envió 20 000 cartuchos lacrimógenos a través de la empresa estadounidense Force Improvement LLC, en una licitación de dudosa legalidad, ya que según medios locales se pagó un sobreprecio excesivo por los mismos y el trámite solo estuvo abierto para esa empresa durante algunas horas.
Los congresistas
El Congreso peruano está dominado por diversas facciones del fujimorismo y por otros partidos que no gozan de apoyo popular.
Mientras que el pueblo en las calles reclama el regreso de Castillo y el llamado a una asamblea constituyente, la clase política hace oídos sordos a la espera de que la represión y el cansancio surtan su efecto.
Se esta atacando a los dirigentes sindicales, tal y como sucedió en Colombia, para descabezar las manifestaciones y desestimularlas. Ni siquiera organismos occidentales como Amnistía Internacional, que incluso llega a hablar de ejecuciones extrajudiciales, pueden ignorar la magnitud de la represión.
Mientras tanto, el Estado en manos de los golpistas, sigue otorgando a las multinacionales mineras, concesiones a 30 o más años bajo la ominosa figura del contrato-ley, introducida por Fujimori en 1993, según la cual los contratos firmados no pueden ser modificados por las leyes ni por ningún otro mecanismo democrático.
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