Eduardo Hernández*
Nicaragua, un valiente país centroamericano, celebra este año, junto al resto de naciones de la región, doscientos años de independencia. También celebrará elecciones generales en noviembre. Reflexionaremos sobre ambos desarrollos en la vida social y política de este país.
Comencemos diciendo que estos serían dos eventos que se llevarían a cabo de forma natural; el primero en cuanto a sus celebraciones histórico-políticas, y el segundo cívico-democrático, si no fuera por la recurrente y deplorable injerencia extranjera en los asuntos internos del país.
En cuanto a su independencia, los países de América Latina, en particular los que han consolidado procesos de transformación progresistas y / o revolucionarios, entre ellos Nicaragua, consideran que la independencia lograda en el siglo XIX fue nominal. Para ellos, es fundamental e imperativo alcanzar una nueva etapa en la madurez de su soberanía y autodeterminación. De ahí el discurso de una segunda independencia.
Profundizar su soberanía implica dejar de ser, en la medida de lo posible, dependiente en diversas esferas: económica, financiera, productiva, cultural, tecnológica, científica y epistemológica. Es fundamental aclarar que la pobreza, dependencia y desigualdad de estos países tienen su origen dentro de un proceso que se inició con la constitución del capitalismo colonial eurocéntrico, como patrón de poder y despojo; es decir, ha sido inducida.
En América Latina, lo que David Harvey llama acumulación por despojo ha funcionado muy bien a favor del tejido imperial colonial. Es un proceso de transferencia de riqueza de este continente a los países dominantes, liderado en el último siglo por Estados Unidos y sus aliados subordinados. Sin embargo, a pesar de la imposición de este sistema, ya sea por la fuerza, «seductoramente» o por engaño, los países de la región siempre han estado en la búsqueda de su ansiada segunda independencia.
Ahí radica el cruce con el otro acontecimiento nicaragüense: las elecciones de noviembre. En primer lugar, hay que decirlo con todo el peso de la verdad: los procesos electorales democráticos, garantizados, libres, transparentes y legales fueron instaurados en Nicaragua por el sandinismo en 1984. Esas elecciones marcaron el camino.
A partir de ese momento, se constituyó el Consejo Supremo Electoral como un poder estatal solvente y autónomo, cuyas leyes hicieron que las elecciones fueran transparentes y auditables. Luego vinieron las elecciones de 1990, en las que Estados Unidos financió a la oposición contrarrevolucionaria y, aunque fue un golpe para la Revolución, el sandinismo, con plena entereza y madurez democrática, entregó el poder. Esto marcó un nuevo hito.
A partir de entonces, las elecciones siguieron siendo la vía para elegir gobiernos. En algunas de estas elecciones, los partidos de derecha que asumieron el gobierno se vieron envueltos en graves irregularidades electorales. Sin embargo, debido a que quienes «ganaron» eran leales aliados de Washington, los resultados fueron aceptados sin el menor cuestionamiento.
Otro tema que debemos resaltar es que, en este momento, el pueblo nicaragüense acudió a las urnas condicionado, porque los representantes de Estados Unidos hicieron campaña libremente, criminalizando el sandinismo. La amenaza de guerra fue una de las amenazas más utilizadas para provocar miedo en la población nicaragüense, que guardaba en su memoria la reciente guerra contrarrevolucionaria, promovida y financiada por Estados Unidos, que había cobrado más de 50 mil muertos.
Nada más despreciable que intimidar a una población: recurrir a campañas basadas en la amenaza del horror de la guerra. Esto lo hicieron los representantes estadounidenses (Colín Powell, fue uno de ellos) en connivencia con sus aliados internos, entre los que se encontraba la familia Chamorro y otros miembros de la casta oligárquica.
En noviembre de 2006, el pueblo de Nicaragua perdió el miedo y, ante tantos excesos de 16 años de gobiernos neoliberales, votó abrumadoramente por el sandinismo. Una vez más, se marcó un hito, porque las elecciones continuaron, como un proceso institucional establecido por el sandinismo, fortaleciendo la democracia en el país centroamericano.
Así, a través de las votaciones de 2006, fue posible cambiar un sistema neoliberal que había desmantelado al Estado, dejado desprotegidos a sus ciudadanos y convertido a Nicaragua en un país dependiente que había visto incluso reducido significativamente su nivel de soberanía.
En 2007, el sandinismo, por la vía electoral, por el proceso democrático iniciado en 1984, regresó al gobierno y cambió el sistema neoliberal -multiplicador de desigualdades que había destruido los derechos humanos de los ciudadanos- por un modelo de justicia social en el que la meta sería erradicar la pobreza y la desigualdad, velar por los derechos humanos de los pueblos, dar continuidad a la Revolución, fortalecer la Democracia, recuperar la soberanía y, por tanto, intensificar la búsqueda de la segunda independencia.
El modelo sandinista comienza a dar resultados en todos los ámbitos: económico, social, político, cultural y productivo, además de garantizar el respeto a los derechos humanos, la seguridad y la protección de la población, entre muchos otros. Todos estos logros son verificados y reconocidos por organizaciones internacionales.
El gobierno sandinista logra así consolidarse, echar raíces una vez más en todos los segmentos y generaciones de nicaragüenses y ganar abrumadoramente, en sucesivas elecciones. Logra hacer de Nicaragua una democracia consolidada. Asimismo, el Consejo Supremo Electoral, como entidad autónoma, se ha convertido en un referente internacional para las instituciones electorales competentes.
Cabe señalar, sin embargo, que a partir de ese mismo momento, Estados Unidos, a través de sus embajadores, primero Paul Trivelli, luego Robert Callahan, y sus sucesores, a quienes Percy Alvarado describe como expertos en guerras sucias, junto con actores locales, comienzan a intentar desestabilizar el país, atacar el sandinismo desde dentro y tratar, cada vez que se acercaban las elecciones, condicionar los resultados.
En este sentido, Estados Unidos, al igual que hizo con Venezuela o Bolivia, ha intentado convertir las elecciones en Nicaragua en un momento propicio para atacarlo.
A través de esta estratagema, la red imperial que incluye a la Unión Europea, ha buscado socavar la democracia nicaragüense, ha tratado de obstaculizar la consolidación de su proceso libre y soberano y por supuesto, ha intentado por todos los medios, frenar el avance de su propio modelo, que, a través de políticas bien diseñadas y aplicadas, ha salvaguardado y ampliado los derechos del pueblo nicaragüense y, con ello, ha elevado su umbral de soberanía. Nada de esto es del agrado de las potencias imperiales.
Actualmente, el país centroamericano se prepara legal, legítima e institucionalmente, como lo establece su Constitución, para realizar elecciones en noviembre. La alianza imperial colonial y todas sus palancas, incluida la clase política, los medios de comunicación, las instituciones, los organismos internacionales, las ONG y otros, no han dudado en atacarla de todas las formas posibles.
Este infame sistema imperial vuelve a poner a Nicaragua en el centro de atención, lo hace tratando de restar valor a la vigencia de su democracia y una de sus expresiones vitales como son las elecciones. De esta forma, ha financiado a la denominada Fundación Violeta Chamorro que ha estado muy ocupada tejiendo una red, orquestando una ofensiva en las redes sociales.
Comenzaron a organizar una campaña para desacreditar al sandinismo difamando y, por si fuera poco, pidiendo públicamente y en los medios de comunicación, desde sanciones hasta una nueva intervención militar estadounidense en el país centroamericano.
Al respecto, las autoridades legítimamente constituidas siguieron adelante y la Fiscalía, en posesión de pruebas fehacientes de la conspiración, ordenó la detención de los principales involucrados, quienes ahora afirman – para engañar a los ingenuos – ser «pre presidenciales candidatos». Falso. Baste decir que la inscripción de candidatos presidenciales, según lo previsto en el calendario electoral, aprobado por los partidos políticos constituidos, está fijada para los meses de julio y agosto, por lo que aún no se ha abierto.
Todo esto es bien sabido, es un procedimiento común por el cual se crea la figura del «oponente» y se presenta como víctima para deslegitimar el proceso y sobre esa base, no reconocer las elecciones. Lo más significativo es que el imperio se autoproclama fiscal, juez y jurado, dicta sentencia y exige su cumplimiento, todo ello al margen de cualquier norma jurídica del derecho internacional.
El ataque ha consistido en amenazas, coacción y sanciones contra la Nicaragua sandinista, por parte del gobierno de Estados Unidos y sus partidarios europeos. Inhabilitan al Estado nicaragüense y sus instituciones para llevar ante la justicia, con todas las garantías constitucionales que establecen sus leyes, a quienes han atentado, no solo a la soberanía, sino también a la paz y estabilidad del país.
Obviamente, una vez más Estados Unidos y sus partidarios se equivocan. Chocan, no solo con el espíritu de resistencia, sino con la legitimidad y ratificación del pueblo nicaragüense que no dudará en votar abrumadoramente por el sandinismo, asegurando así la consolidación de la Democracia, y respaldando las transformaciones desarrolladas a través de un modelo que garantice las garantías sociales, justicia y, por supuesto, salvaguardar las elecciones como uno de los hitos democráticos más importantes establecidos por la Revolución Sandinista en la historia de Nicaragua.
* Arquitecto, escritor, miembro fundador del Frente Antiimperialista Internacionalista. Ha sido miembro del panel de expertos de la ONU para Hábitat y es Invitado Ilustre de la ciudad de La Habana.