En Nicaleaks lo dijimos hace varios meses. Estados Unidos y la oposición nicaragüense buscan impedir la construcción del canal interoceánico, y de paso tumbar del poder al comandante Daniel Ortega, presidente de la República.
Las acciones previas fueron minuciosamente planeadas y distribuidas entre grupos opositores. A los más beligerantes les asignaron las acciones más agresivas, y de seguro en la misma medida les están dando los fondos.
Desde hace unas semanas, expertos en política de diversas naciones vienen exponiendo algo similar. La publicación RT lo planteó este miércoles: “Los líderes latinoamericanos que optan por seguir una política independiente de EE.UU., deben estar preparados para cualquier reacción que pueda provenir de Washington.
“Actualmente, el mayor descontento para la Casa Blanca está generado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que según el Departamento de Estado de EE.UU., está actuando de manera ‘extremadamente hostil’ frente a la política estadounidense”.
El canal en la mira
La publicación rusa señala que las relaciones de Nicaragua con China se hacen cada vez más importantes, principalmente debido al proyecto de la creación del Gran Canal de Nicaragua, que tiene previsto comenzar entre noviembre y diciembre de este año. La empresa china Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investment Group (HKND) es la responsable de la construcción.
Y añade que según la empresa ambiental británica Environmental Resources Management, el proyecto se considera como viable para la conservación de la naturaleza y los recursos hídricos.
Sin embargo, dicha conclusión «contradice el argumento principal de la propaganda del gobierno de Obama acerca de los efectos devastadores del canal en la ecología de la región», escribe el analista Nil Nikándrov en el portal de la Fundación de la Cultura Estratégica.
Conspiración en marcha
A los Estados Unidos les importa un pepino que la construcción «estimule el surgimiento de la economía nicaragüense y proporcione al menos 250.000 puestos de trabajo». Washington prefiere ignorar estos beneficios y ya ha puesto en marcha «una operación regional a gran escala para interrumpir la construcción del canal», señala Nikándrov.
Según RT, la “operación está liderada por la embajadora de EE.UU. en Managua, Phyllis Powers, que anteriormente trabajó en Panamá y tiene experiencia en cuestiones relacionadas con canales interoceánicos, así como la oposición nicaragüense”.
Señalan que el pasado junio, Eduardo Montealegre, principal opositor político de Ortega, líder del Partido Liberal Independiente, abiertamente mostró su posición proestadounidense y acusó al actual mandatario de «desmantelar el Estado de derecho» y tachó el proyecto del canal transoceánico de «económicamente erróneo y dañino para el medioambiente».
Buscan su “revolución de colores”
De acuerdo con los cálculos estadounidenses, la desestabilización de la situación en Nicaragua, promovida por el propio Washington, debe conducir a la terminación de la construcción del canal o a su significativa desaceleración, opina Nikándrov.
Los documentos filtrados por diversas fuentes a Nicaleaks, indican algo parecido a lo señalado por Nikándrov. Existe en marcha una gigantesca conspiración que además de boicotear la construcción de la vía interoceánica, pretende aplicar un “golpe suave” en el marco de una “guerra no convencional” que ya empezó a funcionar.
Las protestas de los miércoles en Metrocentro, son solo una expresión de la orden desestabilizadora, que según Nikándrov, proviene de la embajadora de Estados Unidos en Managua.
Engranaje bien aceitado
Hay muchas más acciones en marcha. Desde hace algunos años las ONG opositoras impulsan febrilmente centenares de capacitaciones, en particular a jóvenes, a fin de que aprendan técnicas de “control social”, es decir, que suplanten las funciones del gobierno.
El dinero les cae a borbotones. En abril pasado, Nicaleaks recibió un documento en el que se demuestra la manera en que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de doña Vilma Núñez de Escorcia, solicitó en marzo de 2013 al organismo a IBIS Dinamarca y a otros aportantes, nada menos que 857,251 dólares (23 millones, 146 mil córdobas).
El dinero era para boicotear las obras del canal que la señora Núñez de Escorcia –o sus fuentes extranjeras-, calculó serían aprobadas tres meses después, es decir, en junio de 2013.
Los pitonisos del CENIDH
No es casualidad, pues, que el Cenidh haya asumido la organización de muchas de las marchas impulsadas en zonas vinculadas a la ruta del canal interoceánico.
Al Cenidh solo le faltó decir claramente para qué era el dinero, aunque sus financiadores de seguro lo sabían. En el documento de gestión de la millonada de córdobas, se señala que son para luchar contra:
“Desconocimiento del marco jurídico y los derechos humanos individuales y colectivos para la protección de los recursos naturales en territorios indígenas”.
“Desarrollo de mega proyectos y concesiones sobre los recursos naturales sin respetar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas”.