Si Kitty no es nicaragüense, no será magistrada

Si bien es cierto que el próximo martes la Comisión Especial creada en la Asamblea Nacional para ratificar las propuestas a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), recibirá a los miembros que el PLI designó como candidatos a ocupar esos puestos, la comparecencia de Carmela Marie Rogers o Kitty Monterrey aún no está segura.

 

De los candidatos designados por el PLI, solo Monterrey es miembro de ese partido, sin embargo ella ya fue rechazada en dos ocasiones anteriores que intentó optar a ese mismo puesto, por que no reúne los requisitos de ley, debido a que tiene doble nacionalidad (Nicaragua-EEUU), por lo que no puede ser calificada como una aspirante legalmente habilitada.

El presidente de la Comisión Especial, diputado Wilfredo Navarro, dijo que ante esta situación a los miembros de la misma les quedan dos opciones a tomar, la primera es rechazar de plano su candidatura porque al haber sido rechazada en dos ocasiones anteriormente lo convierte en cosa juzgada, o citarla para escuchar si tiene un asidero legal que argumentar.

¿Tozudez o mala intención?

Por su parte, el presidente nacional del PLI, Eduardo Montealegre, señaló que mantienen a Monterrey como postulante al cargo de Magistrada del CSE “por cuestión de principios y de legalidad, porque ella es ciudadana nicaragüense y tiene ese derecho”, y arremetió contra Navarro, a quien dijo había que destituirlo por adelantarse y pronunciarse  sobre el caso.

La situación de la directora ejecutiva del PLI, Kitty Monterrey o Carmela Marie Rogers, se torna más difícil luego de que el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), le rechazara un amparo que introdujera alegando que es hija de padre y madre nicaragüenses, y por lo tanto tiene derechos como cualquier otro ciudadano a optar a cargos públicos.

Lo cierto fue que el TAM le demostró a Kitty Monterrey que durante el rechazo a sus dos pretensiones para ocupar el cargo de magistrada del CSE en otras ocasiones, los argumentos que se aportaron sobre su doble ciudadanía fueron legalmente soportados,  por lo que su amparo es improcedente.

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