Este es un ejemplo de manipulación periodística de aliados al imperio norteamericano. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pidió la libertad inmediata del editorialista de La Prensa, Luis Sánchez Sancho, quien manejando ebrio, lesionó con su camioneta a un motociclista en Managua.
La colombiana María Elvira Domínguez, presidenta de la SIP y de seguro contertulia de Sánchez Sancho en las reuniones anuales que hacen los empresarios periodísticos de América Latina, omite mencionar el alcohol presente en la sangre del empleado de los Chamorro, pero se apresura a asegurar que lo detuvieron por “razones políticas”.
La agencia española Efe termina de hacerle el volado a la SIP al asegurar que la Policía de Nicaragua ha arrestado a más de 700 personas por motivos políticos (por golpistas), pese a que las autoridades judiciales han aclarado que no llegan ni a 300.
Aparentemente muy conocedora de nuestras leyes, la colombiana Domínguez calificó el arresto “como una represalia en contra de Sánchez, pues el incidente fue una infracción menor y no un delito”.
Es conocido que en Nicaragua la burguesía acostumbra llegar a arreglos económicos con las familias de las personas que perecen en accidentes de tránsito provocados por sus camionetonas, a como hizo el gerente general Hugo Holmann Chamorro en 2003, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y mató a un ciclista de 24 años en el kilómetro 76 de la carretera Granada-Nandaime.
La víctima inocente de Hugo Holmann Chamorro fue Juan Carlos Cruz Ortez, por quien la SIP nunca se preocupó a como lo hace ahora por otro ebrio de La Prensa, a quien, omitiendo adrede información (el estado acohólico del sujeto), presenta como una víctima del gobierno sandinista.
Pese a que en Nicaragua los periodistas opositores a diario denigran a como les da la gana a funcionarios de gobierno, incluyendo al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, la colombiana sostiene que en nuestro país “el régimen se ensaña con los periodistas independientes. Aprovecha cualquier situación para reprimir”.
Vale recordar que en 2003, los Chamorro y otros empresarios habían conformado un club denominado pomposamente “Amigos de la Policía”, que tenía el propósito de alinear a las autoridades del orden público en favor de la clase social pudiente. Dicho amarre fue disuelto por el gobierno del presidente Ortega.