Misión Verdad
La amenaza concreta de liquidación de CITGO Petróleum Corporation, empresa radicada en suelo estadounidense y propiedad del Estado venezolano, tiene un nuevo momento de clímax.
Según el sitio web Argus Media, el juez Leonard Stark adscrito a un tribunal del estado de Delaware, en Estados Unidos, le dio luz verde a la transnacional canadiense Crystallex para seguir adelante con la venta de acciones de la empresa la referida filial de PDVSA, para hacer cumplir a su favor una adjudicación de $ 1.2 mil millones en detrimento a Venezuela, por reparos no reconocidos por la República.
La medida de este tribunal es nuevamente reiterada. Esta corte ha ordenado en varias oportunidades que se proceda a la venta de los activos de CITGO y su liquidación, mediante una orden de venta. El despojo de los activos de CITGO ahora solo depende de que la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) otorgue una licencia especial.
Esta oficina estadounidense otorgó una “protección” a todos los bienes y activos de CITGO con vigencia hasta el próximo 21 de julio de 2021, pero esta medida puede levantarse en cualquier momento de la nueva presidencia de Joe Biden o, incluso, solo emitirse una excepción para que la empresa canadiense siga adelante con su cobro.
Crystallex no es la única interesada en tomar a CITGO por trozos. En octubre del año pasado el Departamento del Tesoro emitió una extensión del “resguardo” de CITGO mediante la licencia 5E. Esto supone que los tenedores de los bonos de PDVSA 2020, que estaba respaldado con acciones de CITGO como garantía, no podrán avanzar con ninguna acción legal para cobrar la garantía sobre la filial que expira el 19 de enero, a menos que la OFAC lo permita de forma expresa.
CITGO, en las entrañas de los intereses estadounidenses
El destino de CITGO, sujeta a relaciones de arbitraje por la acción del Departamento del Tesoro y su sometimiento a las disputas en tribunales estadounidenses, sigue fuera de los designios de la soberanía venezolana, una vez que la Administración Trump conformara el gobierno fake representado por Juan Guaidó, “legitimando” así una confiscación de hecho del principal activo venezolano en el extranjero.
Las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela emitidas desde agosto de 2017, han impedido que la República asuma cumplimientos con sus acreedores de deuda. De esta manera, las autoridades de EEUU deliberadamente colocaron a CITGO en situación de alto riesgo, como un preludio al congelamiento del activo que se hizo efectivo en 2019, en simultáneo al auspicio estadounidense a Guaidó.
CITGO no ha contado con la defensa en tribunales estadounidenses mediante equipos legales bajo la coordinación de las autoridades legítimas de Venezuela. Adicionalmente, la empresa ha sido “defendida” por la procuraduría fake representada por José Ignacio Hernández, señalada de negligente y además claramente subordinada a los interesados en desmembrar la compañía, mediante viejas labores con las cuales Hernández habría servido a la demandante Crystallex.
Hasta ahora, la toma de los activos de CITGO para favorecer a Crystallex y a los bonistas del PDVSA 2020, había sido contenida por las formalidades que ha impuesto el Departamento del Tesoro de maneras teledirigidas políticamente por la Administración Trump.
De esta manera, el mandatario saliente había dilatado la fragmentación de los activos de CITGO para no lidiar con señalamientos que pudieran perjudicar la imagen de supuesta “protección” de los activos venezolanos, con la cual se justificó ante la opinión pública su despojo de facto.
En otras variables políticas, ha sido también evidente el alto costo político que lidiaría la oposición venezolana si CITGO definitivamente se perdiera. También, la campaña presidencial, que colocó a Joe Biden y a Donald Trump en una férrea disputa por los votos en el estratégico estado de Florida, tuvo al tema Venezuela como un eje clave de la campaña y la búsqueda del voto de la diáspora venezolana.
De esta manera, estas condiciones políticas habrían contenido los fallos a favor de los interesados en tomar los bienes de la estatal venezolana. Pero ahora estas circunstancias ya cambiaron o perdieron relevancia.
La Administración Biden ha heredado un importante nudo crítico. CITGO Petroleum, radicada en suelo estadounidense e históricamente sujeta a las garantías empresariales de la legislación norteamericana, está en el centro de las agresiones políticamente inspiradas del gobierno estadounidense para desmantelar el poder legítimo de Caracas.
Biden será ahora el responsable de continuar una cada vez más insostenible e indefinida “protección” de CITGO mediante los oficios del Departamento del Tesoro, o autorizar su desmembramiento a las empresas demandantes de Venezuela o, finalmente, devolverla a la nación, situación esta última, supuestamente prevista en un exitoso cambio de régimen en Venezuela.
Por ahora, y sin distensiones entre Caracas y Washington, no está previsto que desescalen las agresiones económicas a Venezuela y se produzca una devolución a la soberanía venezolana de este importante activo. Es altamente probable que la Administración Biden continúe (aunque en posibles nuevos términos) apoyando al gobierno paralelo de Guaidó, lo que implica una continuidad en el secuestro de CITGO.
Ello abre las posibilidades de que las nuevas “autoridades” nombradas por Guaidó para CITGO Holding, puedan en el corto plazo negociar con Crystallex y con los bonistas nuevos términos para ceder a las presiones y efectuar, entre varias posibilidades, un proceso de adjudicación ordenada de activos, venta pactada de activos, un cronograma de pago mediante la emisión de deuda para pagar a los demandantes o algunas otras estrategias de negociación para mitigar o disimular la pérdida de bienes físicos y financieros.
Lo importante en ese escenario, es que dicha medida quedaría a discrecionalidad de CITGO actuando bajo canales “amistosos” y no por una decisión que políticamente recaiga sobre el Departamento del Tesoro cediendo ante el tribunal de Delaware, quienes ya han ordenado a las partes llegar a acuerdos para la repartija de bienes. En ese contexto, habría un evidente “control de daños” y una administración de las responsabilidades políticas, lidiando la oposición venezolana con la mayor parte de ellas.
Sin embargo, con el cuadro político actual y en medio de una polarizada política estadounidense, que transcurre en una transición de mando desordenada y compleja, es probable que la Administración Biden de al traste con CITGO adjudicando su pérdida como una estela de malas decisiones de la fallida estrategia de Trump contra el chavismo, algo que podría políticamente manejarse en la opinión pública incorporando la supuesta negligencia del gobierno bolivariano como supuesta causa de la pérdida.
En definitiva, la situación de riesgo de CITGO es de tal magnitud, que sobre sus bienes hay una evidente componenda. En un comunicado la Cancillería venezolana rechazó la decisión del tribunal de Delaware y en referencia específica al juez Stark indicó:
“La actuación del juez estadounidense, Stark, es de tal manera hostil contra Venezuela que sugiere a otros acreedores, que no fueron parte en el juicio a su cargo, que se presenten a participar en la rebatiña que ha declarado sobre las acciones de CITGO”, apuntó el comunicado.