El presidente mantiene su amenaza de declarar una emergencia nacional pero asegura que «no es algo que contemple hacer ahora mismo»
El último contacto a primer nivel entre el presidente y los líderes demócratas, para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al cierre parcial del Gobierno, terminó el pasado miércoles con un portazo del primero. Un acuerdo que satisfaga a las dos partes, enrocadas en sus posturas, se antoja complicado. Así las cosas, el presidente Trump, tal como ha admitido reiteradamente en los últimos días, estudia declarar una emergencia nacional que le permita sortear al Congreso y aprobar él mismo los fondos para levantar el muro con México. Pero este viernes por la tarde, el presidente ha asegurado que «no es algo que contemple hacer ahora mismo». No lo voy a hacer tan rápido», ha advertido.
La Casa Blanca está estudiando la opción de declarar una emergencia nacional, que supondría un uso poco ortodoxo de los poderes excepcionales del presidente, y con toda probabilidad conduciría a una aparatosa batalla constitucional. Sus asesores, temerosos de una probable derrota en los tribunales, exploran también la posibilidad de obtener esos fondos sin declarar una emergencia nacional.
La Constitución, que establece que ningún dinero podrá ser desviado desde el Tesoro si no es con una ley del Congreso, no concede al presidente una autoridad general para emergencias. Pero la legislación del Congreso sí ha garantizado poderes particulares al comandante en jefe para hacer frente a determinadas crisis. Una de esas leyes otorga al secretario de Defensa, una vez el presidente haya declarado una emergencia nacional, el poder de llevar a cabo “proyectos de construcción militar” sin una ley que lo autorice. Esa parece ser la vía que estudia la Casa Blanca. De ahí la machacona insistencia de Trump en que la gente que cruza la frontera supone una amenaza a la seguridad nacional: eso podría llevarle a defender que el muro es una construcción militar.
En concreto, la Casa Blanca ha pedido al cuerpo de ingenieros militares que evalúen si pueden desviar los fondos para la construcción del muro de los 13.900 millones de dólares que se les asignó el año pasado, y que aún no han gastado, para hacer frente a los efectos de devastadores huracanes e incendios en Puerto Rico, California, Carolina del Norte y Florida. Trump ya les ha pedido, según The Washington Post, que determinen si podrían empezar la construcción en 45 días. No está claro que los ciudadanos a los que prometió que México pagaría por el muro estarían de acuerdo con que se financie, en cambio, con dinero destinado a reparara los daños de las desastres naturales.
La declaración de emergencia nacional, en virtud de una ley de 1976 que trata de ordenar una serie de poderes excepcionales contemplados en leyes históricas, requiere que el presidente especifique qué leyes invoca. Una vez declarada la emergencia, el Congreso puede desautorizar la acción del presidente, en principio, con dos tercios en cada cámara, algo complicado en las circunstancias actuales. Más factible sería pelear contra la declaración en los tribunales, cuestionando su base constitucional. Los demandantes deberían demostrar que la declaración de emergencia les afecta personalmente. Por ejemplo, podrían demandar los propietarios de los terrenos donde se planea construir el muro.