La máxima corte venezolana declaró inconstitucional este lunes una ley de amnistía aprobada por la oposición parlamentaria para liberar a sus dirigentes presos, acogiendo un pedido del presidente Nicolás Maduro, en un fallo que los analistas estimaban previsible.
Cuatro días después de que Maduro sometiera la norma a un control de legalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su Sala Constitucional falló que viola la Carta Magna al incluir, por ejemplo, «delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos».
El TSJ «declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de marzo de 2016», señala la sentencia, que se suma a otros fallos sobre disposiciones y leyes revanchistas asumidas por el Parlamento, dominado por la oposición desde hace tres meses.
Algunas horas después de la publicación del fallo, el presidente Nicolás Maduro se refirió a la decisión del TSJ, indicando que es «inapelable» y que debe acatarse.
«El Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que es inapelable, declarando inconstitucional la ley que pretendía el auto perdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 al año 2015», dijo Maduro durante un evento con sus seguidores en un barrio popular en el oeste de Caracas durante la noche de este lunes.
En su larga sentencia, la Sala Constitucional aduce además vicios de forma, la inclusión en la iniciativa de delitos administrativos que «vulneran la defensa del patrimonio público y la lucha contra la corrupción», y «efectos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer los derechos de las víctimas».
Maduro pidió la semana pasada al TSJ declarar la inconstitucionalidad de la ley, advirtiendo que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia en el país.
Con esa ley, la oposición buscaba liberar por lo menos 76 de sus dirigentes presos, todos ellos están imputados por hechos ocurridos en el marco de protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.
En contrapartida de la amnistía, a favor de la cual se habían pronunciado Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro instalará este martes una «comisión de la verdad» con participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
«El objetivo central es la verdad, el reconocimiento y la reparación de la víctima, la garantía de la no repetición, ni de golpes de Estado, ni de ‘guarimbas’ (desórdenes públicos)», manifestó el mandatario socialista. Maduro dijo haber convocado a la comisión a delegados de la oposición, que designó a cuatro representantes.