Orlando Rangel
Un peligro amenaza directamente a toda América Latina y el Caribe, y es la posibilidad de que EE.UU. decida ejecutar por cuenta propia una intervención militar directa contra cualquier país de la región, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo.
Hay antecedentes concretos, evidenciados especialmente en el accionar militar en Oriente Medio, donde EE.UU. se puso su propia luz verde para actuar en varios países, tras declarar terroristas a organizaciones como Al Qaeda, Estado Islámico, Hamás y Hezbolá. La reciente designación de los cárteles latinoamericanos podría incluir una estrategia bélica similar por parte del Pentágono.
El riesgo de esa intervención armada parece estar en puertas. Desde que Donald Trump asumió el poder, el republicano recrudeció el tono contra las organizaciones criminales, al advertir que su administración será dura y aumentará la ofensiva contra estas.
La política «antiterrorista» de Trump, acompañada por la campaña de deportaciones masivas contra migrantes indocumentados a los que también considera «criminales» —sin tener mayor cuidado en distinguir el estatus de cada persona—, está dirigida contra los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana; así como a organizaciones transnacionales como la Mara Salvatruca (MS-13), originaria de El Salvador; y el llamado «Tren de Aragua», que tuvo sus inicios en Venezuela hasta reestructurarse en otros países.
De acuerdo con el Departamento de Estado, estos grupos irregulares son clasificados como «organizaciones terroristas extranjeras», según lo describe una publicación oficial del Registro Federal, que argumenta la existencia legal de «una base fáctica suficiente» establecida en la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Con esas normativas como base, la potencial acción bélica de EE.UU. fuera de su territorio contra grupos «terroristas» se ampararía en sus propias leyes extraterritoriales, sin importar que estas violen de forma flagrante el derecho internacional vigente, la soberanía e independencia de los países, su derecho a la autodeterminación y resolución de los conflictos por cuenta propia y, la declaración como zona de paz acordada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
«Borrarlos de la faz de la Tierra»
A inicios de febrero, el llamado ‘zar de la frontera’ y encargado de las deportaciones masivas de Trump, Tom Homan, advirtió que EE.UU. no dudará en utilizar al Ejército, si los cárteles mexicanos atacan a sus tropas en la frontera. «La ira del presidente Trump caerá», advirtió, tras añadir que el inquilino de la Casa Blanca «tiene la capacidad de borrarlos de la faz de la Tierra».
Una postura similar la expuso el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien no descartó la posibilidad de que EE.UU. lance ataques militares contra los cárteles mexicanos dentro del país vecino. «Quiero ser claro: todas las opciones estarán sobre la mesa si nos enfrentamos a lo que se considera organizaciones terroristas extranjeras que atacan específicamente a los estadounidenses en nuestra frontera», dijo a inicios de febrero.
A mediados de enero, previo a la toma de posesión de Trump, Marco Rubio, quien para entonces era candidato a secretario de Estado, indicó que la acción militar era una «opción que está a disposición» de Ejecutivo republicano.
Integrantes del Cártel del Norte
No obstante, Rubio matizó que, aunque la fuerza militar era una posibilidad, «obviamente» no sería la medida favorita del Departamento de Estado en el caso de México. Además, señaló que a pesar que esas organizaciones sean calificadas como «terroristas», el escenario ideal para combatirlas sería «la colaboración por encima de la opción militar».
Pese a ello, el historial de intervenciones militares de EE.UU. en las últimas décadas asoman un manto de duda a esas afirmaciones, especialmente cuando hay intereses geopolíticos, económicos, energéticos o de recursos naturales de por medio.
El caso venezolano
Bajo ese escenario, llama la atención el caso específico de Venezuela, al que Trump recientemente lo tildó como país «enemigo». La etiqueta contra Caracas genera suspicacia, sobre todo, porque se da en medio de la designación del ‘Tren de Aragua’ como «organización terrorista», aval que podría usar EE.UU., con base en la Ley de Enemigos Extranjeros, para eliminarlos.
Semanas atrás, el Ministerio Público de Venezuela resaltó que las autoridades de ese país lograron desarticular al Tren de Aragua en su territorio, con varias decenas de sus integrantes detenidos y otros fallecidos en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.
La Fiscalía venezolana además advirtió que varios de los miembros de esa banda delictiva escaparon a otros países, entre ellos, Colombia y EE.UU. En ese sentido, el ente expresó su disposición de colaborar y «retomar la cooperación penal con el Gobierno de EE.UU. para lograr la extradición de cualquier integrante venezolano de los grupos delictivos trasnacionales que cometen crímenes a lo largo del continente».