Misión Verdad
La corresponsal en Venezuela del medio brasileño Diario Do Centro Do Mondo, Fania Rodrigues, publicó un artículo donde explica que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) admitió haber entregado casi 467 millones de dólares en «asistencia humanitaria y de desarrollo» para Venezuela.
De ese monto, 128 millones han sido entregados a programas propuestos por el presidente fake, Juan Guaidó.
Sin embargo, dicho diputado, que opera bajo la dirección de un gobierno extranjero para imponer intereses corporativos en la política venezolana, ha afirmado que su «gobierno de transición» no maneja ni recursos ni fondos del Estado venezolano ni multilaterales.
Luego de la puesta en escena que pretendía estimular una invasión militar bajo la excusa del ingreso de «ayuda humanitaria», se hizo pública la denuncia de manejos fraudulentos de los fondos: en junio de 2019, el medio digital PanAm Post señaló a dos delegados de Guaidó, Kevin Rojas y Rossana Barrera, de desviar recursos destinados a costear gastos de los desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que llegaron a Colombia en febrero del año pasado.
Tales denuncias, con pruebas incluidas, erosionaron el liderazgo que, a punta de dólares y narrativa bombardeada desde los medios corporativos, logró incoar la Casa Blanca. Entre las irregularidades se muestran «facturas que demuestran excesos», gastos «de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta», además de alquiler de vehículos y pago de hoteles con sobreprecio.
Humberto Calderón Berti, expresidente de la estatal petrolera PDVSA, fue el representante de Guaidó en Bogotá hasta que en diciembre pasado denunció que la empresa petroquímica Monómeros, arrebatada al Estado venezolano, estaba prácticamente en quiebra y en proceso de desmantelamiento. Se trata de la empresa de fertilizantes más grande del territorio colombiano, líder en el mercado con una participación de más del 70% en la venta de fertilizantes.
También denunció que hubo malversación de fondos de la «ayuda humanitaria», confirmando lo publicado por PanAm Post. Dijo que «utilizaron prostitutas y alcohol, mientras una parte de la oposición puso la esperanza en ellos para lograr un cambio político», información que fue confirmada por las autoridades colombianas, quienes le dieron la alerta de lo que estaba ocurriendo en Cúcuta.
«Las autoridades colombianas me presentaron pruebas que incluían documentos ficticios y dinero destinado a prostitutas y licor, como embajador de Venezuela decidí iniciar una auditoría sobre lo ocurrido para determinar quiénes fueron los responsables», sostuvo.
En Estados Unidos, el embajador del gobierno fake de Guaidó, Carlos Vecchio, exejecutivo de la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil, está siendo investigado desde junio por los tribunales estadounidenses por un posible desfalco de 70 millones de dólares de la filial de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo Petroleum.
Indignados por la falta de transparencia de Guaidó, supuestamente 70 diputados se rebelaron ante la figura impuesta por la Administración Trump y dejaron de apoyarle, lo que permitió elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, expulsado del partido Primero Justicia (cuyo jefe es Julio Borges) por tamaña decisión.
En concreto: El plan Guaidó es negarlo todo hasta el final
Guaidó, por su parte, lo ha negado todo. Frente a la denuncia de PanAm Post señaló que «una cosa es la ayuda humanitaria y otra cosa es la asistencia a los militares», insistiendo en que «se mezclaron peras con manzanas» a la hora de dar tratamiento al caso; que su administración ficticia «no maneja recursos del Estado», que los responsables deben responder ante las autoridades colombianas y que pediría «una auditoría mundial» para esclarecer los hechos.
Luego de haber instruido a Calderón Berti para que investigara los hechos, lo echó del cargo y ante sus declaraciones manifestó que «el gobierno interino reitera su compromiso con la libertad de Venezuela, la alianza con nuestra hermana República de Colombia y la transparencia de nuestra gestión».
Por su parte, la USAID saltó en su defensa expresando que «la mayoría de los fondos de USAID se otorgan de manera competitiva a organizaciones privadas a través de contratos, subvenciones o acuerdos de cooperación.
Los socios implementadores incluyen organizaciones religiosas y comunitarias, el sector privado, colegios y universidades, organizaciones públicas internacionales y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro», aseguró el ente estadounidense.
Su «embajadora» en Reino Unido hizo lo propio: aclaró que Guaidó no había manejado recursos de «ayuda humanitaria» donada por Estados Unidos.
La guerra pagada
Afirma la web de la USAID que 158 millones de dólares fueron usados supuestamente «para los venezolanos dentro de Venezuela».
1. 128 millones de dólares de ellos fueron usados en programas propuestos por Guaidó, para «apoyar a defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y supervisores electorales en Venezuela».
2. Parte de este dinero se usó «para ayudar al gobierno interino y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente», supuestamente para apoyarlos en el desarrollo de «planes para recuperar la economía» e implementar «servicios sociales» en una «transición a la democracia».
3. Otros 30 millones de dólares se habrían entregado en «programas urgentes de ayuda» dentro de Venezuela, entregados a «socios imparciales» y «organizaciones locales».
Aun cuando la USAID y sus medios pagados insistan en el relato de los «contratos, subvenciones o acuerdos de cooperación», su misma militancia antichavista percibe que Guaidó ha concentrado y desviado dichos fondos.
Así lo denunció el diputado antichavista José Brito al referirse a las fundaciones, propietarios, familiares, grado de afinidad con los jefes del G4, es decir, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, partidos mayoritarios del antichavismo.
Es posible que 2019 haya sido el año en el que los seguidores de la dirigencia antichavista experimentaron un menor flujo de dinero hacia sus actividades, de por sí conspirativas, pero usuales. A saber: Marchas, spots, vallas, material POP, financiamiento de ONG, grupos de «estudiantes», etc.
Cabe recordar que desde 2002, en el marco del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la USAID «oficialmente» comenzó el financiamiento indirecto de la oposición.