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* El operativo implica el despliegue masivo de tropas, así como de «medios aéreos, navales y misilísticos».
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció el martes que «casi 200.0000 efectivos» están participando en un nuevo ejercicio defensivo ordenado por el presidente, Nicolás Maduro, y definido como «fase superior» del ‘Plan Independencia 200’, una estrategia defensiva que Caracas puso en marcha para hacer frente a una eventual agresión directa de EE.UU., que desde hace semanas mantiene una insólita presencia bélica en el mar Caribe.
«Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional» para estas prácticas, puntualizó el alto funcionario en un video difundido en su canal de Telegram. Apuntó asimismo que «este ejercicio, además de completar, foguear y preparar para el comando y control, también implica el despliegue de medios aéreos, terrestres, navales, misilísticos, de todo tipo».
«Lo hemos llamado ‘fase superior’ porque abarca ejercicios que hemos repetido, pero ya de manera integral. Esa es la visión y lo vamos a hacer en el día de hoy, lo vamos a hacer en el día de mañana, cuando estaremos haciendo un balance», agregó.
«Venezuela resguardada, protegida»
Padrino López recalcó que el ejercicio «no va en desmedro» de las operaciones cotidianas que realiza el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para combatir «todas las demás amenazas», entre las que se cuentan la lucha contra el narcotráfico, la desarticulación de grupos irregulares armados ligados al trasiego de drogas, que operan en territorios próximos a la frontera colombo-venezolana, y el combate contra «grupos terroristas».
«El pueblo de Venezuela debe saber que tiene una Venezuela resguardada, protegida, defendida por la FANB y por el liderazgo de nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro», completó.
Al inicio de la jornada, el despacho de Padrino López comunicó formalmente el inicio del ejercicio, cuyo propósito es fortalecer las labores de comando, control y comunicaciones para la defensa integral de la Nación. En él están tomando parte funcionarios castrenses, efectivos de los cuerpos de seguridad ciudadana, milicias y comandos para la defensa integral.
Agresiones por parte de EE.UU.
Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico. Desde entonces ha llevado a cabo varios bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.
Paralelamente, Washington acusó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cártel del narcotráfico. En este contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que conduzca a su arresto.
A mediados de octubre, Trump admitió haber autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».
Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas como una agresión, cuestionando la verdadera razón de los operativos.
Esa postura también ha sido esgrimida por el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, quien en una reunión del Consejo de Seguridad afirmó que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una «campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente».
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, que han dejado como saldo más de 60 personas asesinadas.
Los bombardeos contra lanchas de escaso calado también han sido repudiados por los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.