Rusia, EEUU y el diálogo necesario

Prensa Latina

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, conversarán hoy por quinta vez en lo que va de año, intercambio indispensable en medio de un clima de fuertes tensiones entre las partes.

Según el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov, al igual que Moscú, Washington comprende lo importante y necesario que es este diálogo, aunque el secretario de prensa del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió no dejarse llevar por expectativas “exaltadas y emocionales» sobre sus posibles resultados.

El portavoz presidencial fue claro: “Es muy difícil esperar avances de las conversaciones”. Y reconoció los grandes obstáculos que se interponen en las relaciones bilaterales, “casi imposible limpiarlos así de fácil, con unas pocas horas de conversación”.

Para Peskov, sería un logro que este martes ambos jefes de Estado fueran capaces de expresar sus preocupaciones y responder a ellas. No obstante, reconoció que “hay cierto resurgimiento en las relaciones entre los dos países”» y se está iniciando un diálogo en algunas áreas.

Sin duda, en estos 12 meses hubo momentos de respiro entre los contrincantes, como en febrero, cuando ambos países aprobaron la extensión hasta 2026 del Tratado de Reducción de Armas Nucleares, más conocido como START III, el único acuerdo armamentístico que sobrevive entre ambos Gobiernos.

Otro fue la cumbre de sus mandatarios, del 16 de junio en Ginebra, un primer paso en el largo camino hacia un acercamiento en temas clave como estabilidad estratégica, control de armas, ciberseguridad, enfrentamiento al terrorismo y al cambio climático, entre otros desafíos que marcan la agenda global.

Está claro que hay muchos asuntos por resolver, también que existen grandes diferencias conceptuales a la hora de encarar los problemas, pero que Putin y Biden se vieran las caras y viraran las cartas sobre la mesa de negociaciones, resultó alentador.

Según medios estadounidenses, un portavoz de la administración de Biden reconoció que, no hay nada que sustituya el diálogo directo entre los dirigentes, y es “totalmente cierto en lo que respecta a las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”.

En declaraciones a la prensa de su país, el secretario de Estado, Antony Blinken, adelantó que, durante la conversación, su presidente declarará la disposición de Washington para establecer unas relaciones más estables con Moscú.

Aunque aseguró también que Biden tiene la intención de “tener una postura firme sobre cualquier acción imprudente o agresiva que Rusia pueda tomar”, lo que evidencia que el diálogo entre los representantes de las dos potencias no será fácil.

El mandatario ruso llevará al intercambio la propuesta de establecer acuerdos legales que eviten el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este y el despliegue en países vecinos de sistemas de armamento que amenazan la seguridad de la nación euroasiática.

Según el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, dada la tensa situación actual, se planteará la necesidad urgente de obtener tales garantías, y plasmar los acuerdos en el papel.

En el pasado, tanto la Unión Soviética como Rusia escucharon promesas de que las estructuras militares de la OTAN no se extenderían hacia el oriente, pero “resultó que estas garantías verbales no tienen valor”, recordó.

Sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que la teleconferencia será una oportunidad para que Biden enfatice su preocupación sobre la supuesta actividad militar rusa en la frontera con Ucrania, y para reafirmar el apoyo estadounidense al Gobierno de Kiev.

El pasado viernes, en declaraciones a la prensa, Biden rechazó las exigencias de garantías de seguridad por parte de Rusia, acerca del avance de la Alianza Atlántica hacia el este y el despliegue de sistemas de ataque en territorio ucraniano.

“No reconozco ninguna línea roja”, respondió el presidente de Estados Unidos acerca de este asunto. Sin embargo, en su discurso anual a la nación, en abril pasado, Putin llamó la atención sobre el peligro que constituiría cruzar las que llamó “líneas rojas”, en referencia a cualquier amenaza contra la seguridad del país.

Advirtió que si alguien percibe las buenas intenciones de Moscú “como indiferencia o debilidad” sabrá que “la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura”.

Perú: Los funerales de la mafia

Gustavo Espinoza M.

La ignorancia y el fanatismo de algunas gentes, las lleva a afincar la idea que el redoble de campanas es presagio de alegrías y anuncia siempre una fiesta inconcebible.

Y como se sienten en la antesala de una supuesta victoria en el tema de la Vacancia Presidencial que se habrá de discutir a partir del martes; ellos baten palmas, complacidos y grandilocuentes, al compás de la guerra mediática que han desatado contra Pedro Castillo y sus colaboradores, en colusión con la TV de todos los colores y matices.

Un mínimo de prudencia debiera llamarlos a la reflexión. Aunque alcancen a dar un paso adelante que les entusiasme un cuarto de hora, no irán muy lejos. Inexorablemente serán vencidos porque la fuerza del pueblo -que es, finalmente, la decisiva en todos los combates- no está a su lado. Luce en la vereda opuesta, y es imbatible.

Lo que ocurre es que las campanas no sólo anuncian festejos. También, funerales. Por eso, cuando el novelista norteamericano Ernest Hemingway escribe su más célebre novela, aconseja no preguntar por quién doblan las campanas: están doblando por ti.

Y sí, claro. En términos de la historia y del progreso de los pueblos, el funeral que se avecina no es el que personifica -con aciertos y errores- Pedro Castillo, sino el que encarna esa mafia putrefacta y maloliente que simboliza en los medios Phillips Butthers y Beto Ortiz, y que proyecta en el plano político López Aliaga y Keiko Fujimori. Las campanas hoy doblan por ellos, sin remedio.

Si revisáramos las portadas de “Expreso” y “Correo”, publicadas el miércoles pasado, constataríamos una extraña coincidencia. En ambas, aparece el Presidente Castillo parado sobre una resquebrajada y derruida Carretera Marginal, acompañado por una leyenda alusiva a un hundimiento simultáneo.

No les importa a los editores de ambos diarios que se quiebre la importante vía inaugurada hace algunos años por Fernando Belaunde.

Lo que les interesa, es que se hunda con el mandatario y que mejor, éste desaparezca para siempre. Pocas veces se ha logrado mimetizar tan objetivamente un siniestro de la naturaleza -el sismo del domingo 28- con un terremoto político que tan artificialmente pretende provocar la mafia desesperada.

Aunque los pueblos sufran, aunque queden aislados, aunque no les lleguen víveres y aunque mueran de inanición y olvido. No importa. Lo que importa es que caiga Castillo, parecen decir a viva voz las primeras páginas de ambas publicaciones que, en su interior, traen siempre los más procaces ataques contra el Jefe del Estado. Amamantan a Patricia, pareciera.

Por eso no resulta en absoluto casual que ninguno de los congresistas “vacadores” haya asomado las narices por las zonas afectadas por la catástrofe pasada. Sólo estuvo el Presidente -y sus ministros- y un reportero avieso que no tuvo idea más genial que preguntarle a Castillo si no piensa renunciar.

A los integrantes de las bancadas coludidas en la cruzada medioeval de la vacancia les importa una higa la desgracia humana, los muertos insepultos, las casas demolidas, los heridos expuestos, la tragedia de los pueblos. Lo que les importa es librarse de Castillo porque eso va atado a sus deudas pendientes con el fisco y con la ley.

Se ha dicho, y es verdad, que tras las grandes mentiras se esconden gigantescos latrocinios. Bien mirada la cosa, tras los alcoholizados denuestos de Rafael López Aliaga yacen cuentas que no quiere pagar e intereses empresariales que busca proteger a cualquier precio, en tanto que las adhesiones de Keiko y su pandilla no hacen sino esconder el pavor visceral acumulado que deriva de la condena a 30 años de cárcel que le asoma inexorable.

Es claro que todavía no se han jugado las últimas cartas en el tema. Los programas de este domingo en la TV copada por la mafia, las mostrarán casi completas: seguimientos con luces infrarrojas, audios captados por algún servicio de inteligencia afín, fotos trucadas técnicamente impecables, serán usadas con prolija obstinación por quienes pretenden demostrar que no hay otra alternativa: o vacamos a Castillo ya o el Perú perece sepultado por una rugiente e incontenible ola roja.

Es claro que durante su mandato un Jefe de Estado no puede ser juzgado ni sancionado. Sólo podrá ser sometido a juicio después de su función dado que mientras la detente no está obligado a dar explicación alguna. Para eso están sus ministros. Y sólo podrá ser destituido por causales expresamente señaladas que hoy, ciertamente, no se cumplen.

Lo que sorprende es que los voceros de esta maniobra golpista se hayan coludido para atacar, nada menos, que al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quien aplaudían con las dos manos cuando se metía en los asuntos internos de Cuba, Nicaragua, Venezuela o Bolivia.

Hoy, cuando dice aquí que la vacancia no es una opción democrática lo acusan de ¡chavista…!.Sí, es claro, que estos cadáveres insepultos no reparan en el hecho que las campanas repican hoy por ellos. Aunque les duela admitirlo se celebran ya los funerales de la mafia. Si cae Castillo (digo).

Grupo Puebla: Empeño en construir una Latinoamérica más humana

Prensa Latina

Ciudad de México.- El recién concluido VII Encuentro del Grupo de Puebla dejó claro el profundo compromiso de influyentes líderes políticos por implementar un modelo de desarrollo más humano para Latinoamérica.

La cita efectuada en esta capital reunió de manera virtual y presencial a presidentes, exmandatarios, ministros, legisladores, activistas y pensadores con el objetivo de consensuar y articular ideas para hacer posible el referido modelo en la región más desigual del planeta.

A modo de resumen de lo que fueron dos jornadas de intensos debates marcados por un alto rigor académico y un profundo conocimiento de la realidad del continente, podríamos dejar en tres los puntos más importantes.

Primero, la necesidad de establecer mecanismos para la integración, reformar la dinámica de las relaciones políticas, económicas y sociales a lo interior de América Latina y con el resto del mundo bajo la máxima del respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Segundo, el análisis de las estrategias de la derecha para impedir la concreción de proyectos políticos progresistas y de izquierda mediante acciones en total irrespeto a los valores democráticos, la institucionalidad de los países y la voluntad popular expresada en las urnas.

Por último la puesta en práctica de un Modelo Solidario de Desarrollo para Latinoamérica que persigue, entre otros puntos, superar la desigualdad social, una nueva política económica, la transición a modos de producción ecológicos, y una nueva institucionalidad democrática.

PERSECUCIÓN POLÍTICO-JUDICIAL, MODUS OPERANDI DE LA DERECHA

El Encuentro dedicó parte importante de su agenda a abordar la persecución político-judicial (lawfare en inglés) que durante la última década sirvió a la derecha para sacar del poder y/o silenciar a gobiernos, movimientos progresistas y a sus líderes.

Ese fue el caso de los expresidentes Dilma Roussef en Brasil y Fernando Lugo en Paraguay, quienes, a pesar de contar con el apoyo de las mayorías, fueron defenestrados como resultado de juicios políticos basados en falsas acusaciones.

Caso parecido fue el de los exmandatarios de Brasil Lula da Silva y de Ecuador Rafael Correa, quienes como resultado del lawfare fueron inhabilitados políticamente.

Sin embargo, esas tretas políticas no significan que la derecha renunciara al uso de la fuerza y para recordarlo están los golpes de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya en 2012 y en Bolivia contra Evo Morales en 2019.

Lo cierto es que los referidos casos de persecución político-judicial y golpes violentos dejaron el descubierto la debilidad institucional de América Latina al mostrar la subordinación de los poderes del Estado a los intereses de la derecha.

A propósito, el Grupo de Puebla emitió una declaración en la que expresó su preocupación por estas prácticas en el continente y alertó sobre cuánto influye eso en el debilitamiento del Estado de Derecho.

UNA LATINOAMÉRICA MÁS HUMANA E INCLUSIVA

En la declaración final de la cita se destaca lo que sus integrantes definen como un Modelo Solidario de Desarrollo para Latinoamérica, iniciativa considerada capaz de poner coto a problemas como la pobreza y que a la vez apuesta por el multilateralismo y la integración.

Seis ejes de acciones proyectan el referido modelo, concretamente la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, y la transición a modos de producción ecológicos.

También la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática.

La iniciativa, resultado de la articulación de ideas, experiencias y un profundo conocimiento de la realidad, también reconoce la necesidad de un enfoque de género y de establecer una hoja de ruta para el “progresismo latinoamericano y caribeño con miras al abandono definitivo del anacrónico modelo neoliberal”.

Sin embargo, ese proyecto no es ajeno a los problemas inmediatos de la región, de cuya solución depende parte importante de su implementación futura como la recuperación posterior a la pandemia de la Covid-19, proceso que pasa por el fortalecimiento del papel del Estado para estimular las economías, la creación de empleo y la inversión pública.

Esa reconstrucción económica implica además combatir la evasión fiscal y la implementación de reformas tributarias que promuevan impuestos progresivos sobre la renta y la riqueza de los grandes capitales.

Lo anterior permitiría garantizar inversiones y políticas sociales para retomar el crecimiento en paralelo al combate contra las desigualdades y por la inclusión social.

El Grupo de Puebla llamó a la Organización de Naciones Unidas a incluir como tema central de su agenda la institucionalización de la salud como un “bien público y universal” y la instauración de la verdad como un derecho humano.

La segunda oleada progresista latinoamericana

Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia.

Álvaro García Linera

El progresismo debe apostar a un nuevo programa de reformas de segunda generación, articuladas en torno a la ampliación de la igualdad y la democratización de la riqueza.

El mundo está atravesando una transición política-económica estructural. El viejo consenso globalista de libre mercado, austeridad fiscal y privatización que encandiló a la sociedad mundial durante 30 años, hoy se ve cansado y carece de optimismo ante el porvenir. La crisis económica de 2008, el largo estancamiento desde entonces, pero principalmente el lockdown de 2020, han erosionado el monopolio del horizonte predictivo colectivo que legitimó el neoliberalismo mundial.

Hoy, otras narrativas políticas reclaman la expectativa social: flexibilización cuantitativa para emitir billetes sin límite; Green New Deal, proteccionismo para relanzar el empleo nacional, Estado fuerte, mayor déficit fiscal, más impuestos a las grandes fortunas, etc., son las nuevas ideas-fuerza que cada vez son más mencionadas por políticos, académicos, líderes sociales y la prensa del mundo entero.

Se desvanecen las viejas certidumbres imaginadas que organizaron el mundo desde 1980, aunque tampoco hay nuevas que reclamen con éxito duradero el monopolio de la esperanza de futuro. Y mientras tanto, en esta irresolución de imaginar un mañana más allá de la catástrofe, la experiencia subjetiva de un tiempo suspendido carente de destino satisfactorio agobia el espíritu social.

América Latina se adelantó a estas búsquedas mundiales hace más de una década. Los cambios sociales y gubernamentales en Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, dieron cuerpo a esta primera oleada de gobiernos progresistas y de izquierda que se plantearon salir del neoliberalismo.

Más allá de ciertas limitaciones y contradicciones, el progresismo latinoamericano apostó a unas reformas de primera generación que logró tasas de crecimiento económico entre 3 y 5 por ciento, superiores a las registradas en tiempos anteriores.
Paralelamente, se redistribuyó de manera vigorosa la riqueza, lo que permitió sacar de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y de la extrema pobreza a 10 millones. La desigualdad cayó de 0.54 a 0.48, en la escala de Gini y se aplicó un incremento sostenido del salario y de los derechos sociales de los sectores más vulnerables de la población que inclinó la balanza del poder social en favor del trabajo.

Algunos países procedieron a ampliar los bienes comunes de la sociedad mediante la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y, como en el caso de Bolivia, se dio paso a la descolonización más radical de la historia, al lograr que los sectores indígena-populares se constituyan en el bloque de dirección del poder estatal.

Esta primera oleada progresista que amplió la democracia con la irrupción de lo popular en la toma de decisiones, se sostuvo sobre un flujo de grandes movilizaciones sociales, descrédito generalizado de las políticas neoliberales, emergencia de liderazgos carismáticos portadores de una mirada audaz del futuro y un estado de estupor de las viejas élites gobernantes.

La segunda oleada progresista

La primera oleada del progresismo latinoamericano comenzó a perder fuerza a mediados de la segunda década del siglo XXI, en gran parte, por cumplimiento de las reformas de primera generación aplicadas. El progresismo cambió la tasa de participación del excedente económico en favor de las clases laboriosas y el Estado, pero no la estructura productiva de la economía.

Esto inicialmente le permitió transformar la estructura social de los países mediante la notable ampliación de las clases medias, ahora con mayoritaria presencia de familias provenientes de sectores populares e indígenas. Pero la masificación de ingresos medios, la extendida profesionalización de primera generación, el acceso a servicios básicos y vivienda propia, etc., modificó no sólo las formas organizativas y comunicaciones de una parte del bloque popular, sino también su subjetividad aspiracional. Incorporar estas nuevas demandas y darle sostenibilidad económica en el marco programático de mayor igualdad social, requería modificar el modo de acumulación económica y las fuentes tributarias de retención estatal del excedente.

La incomprensión en el progresismo de su propia obra y la tardanza en plantarse los nuevos ejes de articulación entre el trabajo, el Estado y el capital, dieron paso desde 2015 a un regreso parcial del ya enmohecido programa neoliberal. Pero, inevitablemente, este tampoco duró mucho. No había novedad ni expansivo optimismo en la creencia religiosa en el mercado, sólo un revanchismo enfurecido de un libre mercado crepuscular que desempolvaba lo realizado en los años 90 del siglo XX: volver a privatizar, a desregular el salario y concentrar la riqueza.

Ello dio pie a la segunda oleada progresista que desde 2019 viene acumulando victorias electorales en México, Argentina, Bolivia, Perú y extraordinarias revueltas sociales en Chile y Colombia. Esto enmudeció esa suerte de teleología especulativa sobre el fin del ciclo progresista. La presencia popular en la historia no se mueve por ciclos, sino por oleadas. Pero claro, la segunda oleada no es la repetición de la primera. Sus características son distintas y su duración también.

En primer lugar, estas nuevas victorias electorales no son fruto de grandes movilizaciones sociales catárticas que por su sola presencia habilitan un espacio cultural creativo y expansivo de expectativas transformadoras sobre las que puede navegar el decisionismo gubernamental. El nuevo progresismo resulta de una concurrencia electoral de defensa de derechos agraviados o conculcados por el neoliberalismo enfurecido, no de una voluntad colectiva de ampliarlos, por ahora.

Es lo nacional-popular en su fase pasiva o descendente.

Es como si ahora los sectores populares depositaran en las iniciativas de gobierno el alcance de sus prerrogativas y dejaran, de momento, la acción colectiva como el gran constructor de reformas. Ciertamente, el gran encierro mundial de 2020 ha limitado las movilizaciones, pero curiosamente no para las fuerzas conservadoras o sectores populares allí donde no hay gobiernos progresistas, como Colombia, Chile y Brasil.

Una segunda característica del nuevo progresismo es que llega al gobierno encabezado por liderazgos administrativos que se han propuesto gestionar de mejor forma en favor de los sectores populares, las vigentes instituciones del Estado o aquellas heredadas de la primera oleada; por tanto, no vienen a crear unas nuevas. Dicho de otra manera, no son liderazgos carismáticos, como en el primer progresismo que fue dirigido por presidentes que fomentaron una relación efervescente, emotiva con sus electores y disruptivas con el viejo orden.

La elección en Nicaragua fue libre y justa

Richard Kohn* | Nica Notes

CNN y otros medios de comunicación han estado promoviendo una teoría de la conspiración sin evidencia de que las elecciones nacionales de Nicaragua hayan sido manipuladas. Sin embargo, CNN y otros medios corporativos no enviaron a nadie para cubrir las elecciones. Fui uno de los 170 testigos internacionales y 67 reporteros internacionales que presenciaron de primera mano las elecciones en Nicaragua.

Nos encontramos con una elección muy justa y muy segura. Después de observar de cerca las elecciones y el recuento de votos, tengo plena confianza en los resultados de las mismas. La mayoría de los nicaragüenses votó a favor del actual gobierno sandinista. No hay evidencia que respalde las teorías de la conspiración propagadas por los principales medios de comunicación. Se alegó que había una baja participación de votantes y que los no votos se convirtieron en votos para los sandinistas.

Sin embargo, la tasa de votación que observamos fue consistente con la alta participación de votantes reportada por los funcionarios: alrededor del 65% de los votantes votó, similar a 2011 y 2016. Además, como explicaré en este artículo, las urnas, el registro de votantes, y el recuento de votos están bajo un escrutinio constante por parte de miembros de múltiples partidos políticos durante todo el proceso. Existen muchas salvaguardas contra la manipulación. Los observadores internacionales como yo, consideramos inviables las teorías de la conspiración del fraude.

Permítanme revisar algunos de los procedimientos de seguridad que se utilizaron. Primero, no tienen voto en ausencia ni voto anticipado. Ciertamente es un inconveniente, especialmente para los discapacitados, pero sí tienen elecciones el domingo que se declara fiesta nacional. Los estudiantes tienen tiempo libre para regresar a sus hogares para votar. El personal del Centro de Votación brindó asistencia a los votantes discapacitados. La razón por la que solo permiten el voto directo en papeletas es para garantizar la seguridad del proceso. No hay recolección de votos ni envío de boletas por correo. Y no deja dudas sobre si ciertos votos fueron válidos.

Los partidos políticos nacionales no tienen que recolectar cientos de miles de firmas para estar en la boleta. Solo tienen que tener su propia junta directiva y juntas directivas electas en el 80% de los 153 municipios. Uno de los 16 partidos fue descalificado porque el líder era ciudadano estadounidense. Un partido con un representante en la Asamblea Nacional decidió no postularse. Eso dejó 14 partidos políticos que se combinaron en alianzas para respaldar a 6 candidatos a presidente y 7 conjuntos de candidatos a la Asamblea Nacional. Los últimos tres partidos que habían ganado la presidencia estaban todos en la boleta.

Puede votar cualquier nicaragüense mayor de 16 años. Se registran automáticamente cuando reciben su identificación nacional con fotografía (como una tarjeta de seguridad social, pero con una fotografía). No hay problema de que se eliminen los registros de votantes de las personas. A partir de julio pasado, todos los votantes tuvieron la oportunidad de verificar su registro en el sistema y confirmar su lugar de votación, y la mayoría de las personas (2.8 millones) optaron por hacerlo.

Las urnas abrieron a las 7:00 am y ya se habían formado filas. Primero, se buscó la identificación del votante en una base de datos computarizada (fuera de línea y con copia de seguridad en papel), y luego se envió al votante a la sala correspondiente de una escuela para votar (lugar de votación). Aquí, había líneas cortas de unos minutos. Había 3 trabajadores electorales de 3 partidos diferentes: un presidente, un primer miembro y un segundo. El presidente buscó la identificación de votante de la persona en una lista de nombres con fotos y ordenó a cada votante que se registrara.

Otro trabajador electoral selló la boleta y la firmó (para que no pudiera ser sustituida fácilmente), y el presidente explicó la papeleta y cómo marcarla. Al menos tres observadores electorales oficiales de al menos 3 partidos políticos a la vez respaldaron a los trabajadores electorales como observadores. Los votantes se trasladaron a un espacio privado para marcar la papeleta detrás de una barrera, y lo colocó en las urnas. Es imposible que alguien supiera por quién votaron.

Luego, el segundo miembro aplicó tinta indeleble en el pulgar del votante para evitar que volviera a votar, aunque ya tenían varios cheques contra votaciones duplicadas. Tomé fotografías de cada paso del proceso. Creo que es seguro decir que las probabilidades de que alguien votara más de una vez eran muy improbables. Los trabajadores electorales y los observadores electorales del partido cuentan los votos al final del día asegurándose de que cada boleta utilizada se contabilice y sea igual al número de personas que se inscribieron para votar.

También se aseguran de que la cantidad total de boletas recibidas al comienzo del día sea igual a la cantidad de boletas usadas, boletas sin usar y boletas nulas. Después de contar los votos, los trabajadores electorales y los observadores electorales firman las actas (resumen de los resultados) que son convocadas, publicadas fuera del centro de votación y entregadas personalmente por los trabajadores electorales y los observadores con las boletas aseguradas a la oficina municipal para su verificación. Este proceso se repite en cada uno de los 13 mil 459 colegios electorales de todo el país.

Si hubiera una conspiración para alterar el resultado del recuento, tendría que involucrar a personas de todos los partidos políticos participantes en la sala de conteo de votos, solo afectaría los pocos cientos de votos contados en esa sala, y aún podría ser capturado. río arriba. Si se sumaran o restasen las boletas, no tendrían los sellos y firmas correctos y los totales de conteo en comparación con los registros serían incorrectos. Para cambiar sustancialmente el resultado de las elecciones se requeriría una conspiración de cientos de miles de trabajadores electorales y observadores electorales de diferentes partidos políticos en los colegios electorales de todo el país sin que ninguno de ellos revele el secreto. Las teorías de la conspiración reportadas en la prensa convencional son imposibles.

Los muy confiables recuentos de votos en Nicaragua al final del día mostraron que alrededor del 65% de los votantes elegibles votaron [muy bien considerando que hubo una campaña para alentar la abstención llamada Manos Limpias (Manos limpias) que significa que no hay pulgar manchado que marcó a los votantes]. Setenta y seis por ciento de la gente votó para reelegir al presidente y a los candidatos del Partido FSLN a la Asamblea Nacional.

Con base en la cantidad de personas que pasaron junto a nosotros el día de las elecciones y el apoyo vocal al gobierno en funciones, no hay duda de por quién estaba votando el pueblo nicaragüense. Muchas personas nos dijeron que apoyan al gobierno por los programas sociales como la atención médica universal, la educación pública gratuita que incluye universidades y escuelas técnicas, infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas, y avances en agua y electricidad. Tengo mucha confianza en que los resultados electorales reflejan la voluntad del pueblo nicaragüense.

Estados Unidos y otras potencias coloniales no reconocieron el voto. Biden y la prensa estadounidense dijeron sin pruebas que la elección fue una farsa, y Biden firmó un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso para intensificar una guerra híbrida contra Nicaragua. ¡Pero más de 153 naciones reconocieron la elección! Según Naciones Unidas, ningún país necesita el reconocimiento de otras naciones. Es el reconocimiento por parte de su propia gente lo que es importante.

* Rick Kohn es profesor de la Facultad de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de Maryland. Ha trabajado en proyectos de extensión e investigación en Estados Unidos, Nigeria y Nicaragua. Cubrió las elecciones generales del 7 de noviembre en Nicaragua.

ONU: Latinoamérica, región del mundo con más aumento de hambre

Agencias

Latinoamérica se convirtió en la región del mundo en la que más drásticamente aumentó el hambre entre 2019 y 2020 al alcanzar su nivel más crítico de las últimas dos décadas: 59,7 millones de personas, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas difundido el martes.

En tan sólo un año la cantidad de personas que viven con hambre aumentó un 30%, equivalente a unos 13,8 millones de personas, según el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2021. La prevalencia del hambre en toda la región alcanza al 9,1%, aunque es ligeramente menor al promedio mundial del 9,9%, dijo la ONU.

«Debemos decirlo fuerte y claro: América Latina y el Caribe enfrentan una situación crítica en términos de su seguridad alimentaria», expresó Julio Berdegué, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Explicó que aunque la pandemia de coronavirus agravó la situación, entre 2014 y 2020 el aumento de las personas con hambre fue de casi el 79%,

El informe es una publicación conjunta de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) , la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En toda la región, la inseguridad alimentaria alcanza a unas 267 millones de personas, el 41% de la población, dijeron las organizaciones de la ONU en el reporte. Esto significa que cuatro de cada diez personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, casi 60 millones más que en 2019, un aumento de 9% puntos porcentuales, el más pronunciado de todas las regiones.

Pero la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave —es decir, las personas que se han quedado sin alimentos o han pasado un día o más sin comer— alcanzó el 14% en 2020, a 92,8 millones de personas. En 2014 eran 47,6 millones de personas, según el informe.

«Este informe nos muestra una cruda realidad que debemos enfrentar de lleno para mitigar la situación de la población más vulnerable», dijo Lola Castro, rirectora Regional del PMA para América Latina y el Caribe. «Al expandir los sistemas nacionales de protección social, por ejemplo, los gobiernos pueden llegar a los más necesitados con asistencia para ayudarlos a superar estos tiempos difíciles», consideró.

De acuerdo con la FAO, una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales, y para llevar una vida activa y saludable. Esa inseguridad es moderada cuando el acceso a los alimentos es incierto. Puede suceder que sacrifiquen otras necesidades básicas para poder comer; y cuando comen puede que sea lo que más fácilmente disponible o barato encuentren, según la FAO.

Grupo Puebla llama a articular estrategias

Prensa Latina

El Grupo de Puebla llamó a cerrar filas ante las maniobras de la ultraderecha en América Latina, de modo de defender las victorias de las corrientes progresistas en los diferentes procesos electorales que han tenido lugar en la región.

El VII encuentro de este conglomerado progresista transcurre desde la víspera y sesionaría hasta este miércoles aquí, con la presencia de unos 200 líderes políticos, entre ellos cinco expresidentes, y representantes de 19 países de la región, reportó PL.

El martes, el cónclave pasó revista a los principales acontecimientos políticos que coartaron el avance de los proyectos progresistas y de izquierda durante la última década, como los golpes de Estado contra los gobiernos de Juan Manuel Zelaya en Honduras (2009), y Evo Morales en Bolivia (2019).

En ese contexto, debatieron en torno a los amañados juicios políticos con evidentes propósitos desestabilizadores que sacaron del poder a los expresidentes Fernando Lugo, en Paraguay (2012), y Dilma Rousseff, Brasil (2016).

A ello se suma la persecución judicial, una práctica conocida como lawfare (en inglés), la que se ha usado como método para impedir a líderes y fuerzas de izquierda llevar adelante sus proyectos políticos, romper órdenes institucionales y desconocer la voluntad de las mayorías, agregó el despacho.

Esa fue el caso de los exmandatarios y aspirantes a cargos públicos Rafael Correa y Lula da Silva, en Ecuador y Brasil, respectivamente, inhabilitados políticamente para evitar su victoria en las urnas y así dejar libre el camino a los candidatos de derecha, recordó el despacho.

Acerca de ello, Correa advirtió del peligro que corre la democracia en América Latina ante los ataques de la derecha a cualquier corriente de otro color político y, puntualmente, denunció el lawfare, que calificó de «brutal».
«No podemos soslayar su importancia porque es la estrategia que usa la derecha para lograr por medio de la politización de la justicia o la judicialización de la política, lo que no logra en las urnas», enfatizó.

Pero la cita también debatió acerca de los retos políticos, económicos y sociales que deberá enfrentar el progresismo regional en el futuro inmediato. En ese contexto, el Grupo de Pueblo enfatizó en la necesidad de crear y articular estrategias que contribuyan a la consolidación de los gobiernos progresistas que han obtenido victorias electorales recientes.

De esa manera estarían en mejor posición para enfrentar retos comunes para todos los países latinoamericanos como la pobreza y la desigualdad, en una de las regiones más ricas del planeta.

Durante la jornada inaugural se escucharon las intervenciones, de modo presencial o telemática, de los presidentes de Argentina y Bolivia, Alberto Fernández y Luis Arce, respectivamente, y de los exmandatarios brasileños Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma, así del colombiano Ernesto Samper y el paraguayo Lugo.

Según reportó el sitio web El Periódico, otros temas centrales de la primera jornada fueron la integración regional y la transición ecológica.

De «laboratorio de la esperanza» calificó el Encuentro el canciller anfitrión, el mexicano Marcelo Ebrard, quien señaló que la reunión pretende elaborar no solo una propuesta de futuro para América Latina, sino también para el mundo, basada en la igualdad y la justicia social. «En nuestras manos está modificar las circunstancias actuales y actuar», sentenció.

Lula, por su parte, se pronunció por «una nueva gobernanza mundial que tenga autoridad moral para resolver conflictos, que construya más igualdad en el mundo», dijo luego de recordar que la ONU «ya no representa lo que representaba».

Se espera que el encuentro concluya con una declaración en la que recojan los puntos más importantes discutidos y las proyecciones futuras de trabajo, apuntó PL.

Somos mayoría, porque somos del pueblo

Jhonny Peralta Espinoza

La llamaron la “Marcha por la Patria”, y entre las constantes de la acción de masas en Bolivia, una de ellas son las marchas que tienen la capacidad de aglutinar, de movilizar, y de seguir reinventando otros lenguajes y otras tácticas.

Y más allá de sus insuficiencias o limitaciones, esta aglomeración tumultuosa de indios, mujeres de pollera, hombres de guardatojo, juventud militante, mostró una tenacidad estratégica, la de confrontarse, tarde o temprano, contra la amenaza golpista coordinada por la embajada yanqui.

Hubo muchas especulaciones en torno a la marcha, los más reaccionarios fueron de la derecha que prejuzgaba que era una marcha por garantizar puestos de trabajo, que estaba financiada con dineros del narcotráfico, que era para hacer juergas por las noches; pero lo que primó ante esos juicios de valor fue hacer caso omiso.

La marcha fue revitalizadora porque a lo largo de los cientos de kilómetros que iban caminando los marchistas, nuevamente se estaba construyendo cohesión política, identidad plurinacional, resistencia social, que al final se tradujo en un apoyo sin discusiones e incondicional al proceso de cambio y su presidente.

Así, diversos estratos sociales que por lo general se hallan separados, durante la marcha accionaron los vínculos políticos y el reforzamiento de la subjetividad, más allá de las divisiones alimentadas por la derecha antinacional.

Y otra de las victorias de la marcha por la patria, es que de la extensión por imitación para que la marcha sea numerosa, se pasó a la extensión cualitativa, lo que quiere decir que, en esas carreteras del altiplano paceño, se fue unificando progresivamente los componentes del sujeto político dispuesto a defender, no solo la democracia y el gobierno, sino defender y luchar por acciones políticas de confrontación contra el gran capital.

Solo así se puede entender la propuesta del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, que planteó la nacionalización de las grandes empresas cruceñas benefactoras de subsidios y subvenciones durante más de 190 años de republicanismo; sabiendo que el futuro que depara a las grandes mayorías trabajadoras del continente es la lucha por la gestión de lo común, y entre ellas está la alimentación y salud.

También hay otra victoria porque la acción política ha sido clarificada lo suficiente como para que de manera explícita la correlación de fuerzas se haya masificado y disciplinado, es cierto que hubo malos entendidos sobre la marcha y quiénes la convocaban, lo mismo que obstáculos, pero la figura de la emancipación social y política se ha abierto, se ha abierto otro tiempo histórico, por lo menos para los que no aceptan venderse a la dominación, se ha aclarado y definido, porque de ahora en adelante nada será igual en el proceso de cambio que requería de este ajayu para retomar el camino de la rebelión.

El bloque indígena popular esboza poco a poco la unidad de ese mosaico plurinacional que representa al pueblo, las quejas para no movilizarse y otros que argüían que era un acto de provocación, han sido reemplazados por la afirmación de una demanda común y que le da sentido a esta marcha, es la palabra “victoria”.

Es cierto que con la marcha por la patria no hemos encontrado todas las claves para derrotar a la rosca cruceña, ni se ha prefigurado en lo más mínimos qué acciones de sedición se inventarán la embajada yanqui y su derecha antinacional, eso sí, los movimientos indígena populares han recuperado su dimensión histórica, porque hubo opiniones que decían lo contrario.

Estas prácticas de lucha democrática develan el futuro que nos espera, ahora se debe nuevamente extender esas acciones, esas prácticas, esas creencias a todo el Estado Plurinacional, porque es una democracia de indios e indias, de mujeres, de jóvenes, de mineros que despierta convicción y mística.

Esta es una tarea de todas y todos, que esa democracia de revuelta y rebeldía se confunda con las decisiones estatales, que deben ser lo más democráticas posible, y eso se consigue con poder indígena popular.

En conclusión, más allá del número de marchistas, su fuerza reside en la intensificación de la energía subjetiva, la gente sabe que la polarización se agudizará y cómo afrontarla, y que las calles, las plazas, los caminos son los espacios inexpugnables y donde está la victoria. Nuevamente se ha estremecido el pueblo boliviano y se ha vuelto compacto, porque está seguro que su gobierno representa a las mayorías sociales, algo que nadie puede negar públicamente, ni siquiera el imperialismo yanqui.

Nicaragua, desde otra vista y panorámica

Jorge Vera Castillo

Ciertamente, aquel antiguo debate del siglo XX, desarrollado desde 1917 – con la victoriosa Revolución de Octubre -, sobre las vías para alcanzar una situación revolucionaria e iniciar un proceso revolucionario, de transformaciones estructurales y radicales, ya fuere con llamadas revoluciones ‘armadas’ o ‘pacíficas’, no ha desaparecido completamente en este siglo XXI.

Asimismo, los procesos revolucionarios – declarados y definidos ya como Revoluciones que, inician su transcurso histórico, con la victoria inicial proclamada – tienen y han tenido otro rasgo analítico, para investigarlos, desde otra vista y panorámica. En efecto, se trata de la continuidad o discontinuidad de dichos procesos. Este es un factor político e histórico, con alcances estratégicos y geopolíticos que, no se debiera soslayar en toda pesquisa rigurosa.

Particularmente, esto se puede mostrar en dos casos de victorias revolucionarias que, se alcanzaron en el mismo año de 1979: la Revolución Islámica en Irán y la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. La primera, del 11 de febrero de ese año, se puede presentar como una revolución continua o con continuidad. La segunda, del 19 de julio del mismo año, es y ha sido una revolución discontinua, desde el punto de vista de su ejercicio gubernamental.

Ambos procesos revolucionarios alcanzaron sus significativas victorias por la ‘vía armada’. Y sus gobiernos no deben ser juzgados como meros gobiernos de administración neoliberal, lo que, habitualmente, es un ‘error’ – más bien una opción deliberada errónea – que se practica, hasta ahora, reiteradamente, bajo una pretendida uniformidad y universalidad de los enfoques.

Es así que, la Revolución Popular Sandinista, instaurada desde 1979, gobernó Nicaragua, en una primera etapa histórica, hasta 1990. Con posterioridad, hasta el año 2007, se sucedieron tres gobiernos elegidos, de carácter opositor a la revolución – ergo, contrarrevolucionarios, ya que la reacción ‘no duerme’ -, intentando aplicar y/o restaurar un modelo de desarrollo capitalista, denominado neoliberal, en su fase actual, a través de la anulación y/o con casi distorsión completa de las transformaciones iniciadas por la Revolución Popular Sandinista.

En el período iniciado en 1990, gobernaron en Nicaragua la Presidenta Violeta Barrios de Chamorro, representando a la Unión Nacional Opositora (UNO), 25 de abril de 1990 a 10 de enero de 1997; el Presidente Arnaldo Alemán Lacayo, 10 de enero de 1997 a 10 de enero de 2002, y el Presidente Enrique Bolaños Geyer, 10 de enero de 2002 a 10 de enero de 2007, ambos representando al Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Ahora, éste presentó a sus candidatos presidencial y vicepresidencial, el 7 de noviembre de 2021, logrando el 14,33 %.

Como es conocido, las fuerzas populares sandinistas recuperaron el ejercicio gubernamental, desde enero de 2007, al haber logrado una victoria electoral legítima, y no cuestionada, por la llamada ‘vía pacífica’, en noviembre de 2006. Así, se trata de un caso de recuperación de la iniciativa revolucionaria, el que se ha prolongado hasta ahora, con unos procesos electorales generales democráticos, posteriores, y el reciente del domingo 7 de noviembre de 2021, con una amplia participación electoral, del 65,26 %, en un contexto legal con voto voluntario.

Además, la referida última elección general se dio en la situación mundial, centroamericana y nicaragüense de carácter pandémica, dimanante de la Covid-19; procesos de vacunación masivos; batallas mediáticas majaderas de desinformación; hostigamientos cotidianos y sanciones periódicas en contra de Nicaragua, sus altas autoridades, sus dirigentes políticos e instituciones civiles y militares, todo junto a las conocidas medidas coercitivas unilaterales.

Anteriormente, se habían abierto procesos a contrarrevolucionarios activos y declarados, por delitos contemplados en la Constitución; en la Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (dictada por la Asamblea Nacional, en Managua, el 21 de diciembre de 2020), y, en la especie, en el Código Penal (Artículos 282, 410 y 412, en lo principal), todo con muy amplia información pública.

Sin embargo, aquí se trata de los asuntos internos de Nicaragua, llevados adelante por el Ministerio Público, completamente ajenos al proceso electoral que, se inició formalmente con la declaración y registro de candidaturas presidenciales y parlamentarias, lo que fue publicado en el Diario Oficial, LA GACETA, N° 164, del miércoles 1° de septiembre de 2021.

Por otra parte, bajo un guion ya conocido, en nuestra región latinoamericana y caribeña, cuyo primer gran capítulo ya se tiene titulado, con meses y/o semanas de anticipación a la realización misma de elecciones generales, se fue anticipando que sus resultados serían “un fraude” y que, se trataría de “una farsa”. Incluso, en los propios centros de poder, donde se generan estas estrategias y metodologías, no se escatiman recursos financieros para ir así desarrollando campañas de ‘convencimiento’, al respecto, y apoyando ‘opositores’ locales.

Revoluciones siempre generarán contrarrevoluciones, camufladas de ‘oposición pacífica’.

Es más, algunas de estas tácticas fueron usadas en las elecciones generales yankees de 2020, por parte de Donald J. Trump, varios meses antes, y en semanas posteriores a los resultados. Y, en otro caso emblemático, su ‘discípulo’, en Brasil, Jair Bolsonaro, ya ensaya el mismo libreto para las elecciones generales del 2 de octubre de 2022. Otro caso singular se dio en Perú, este 2021, entre primera y segunda vuelta de la elección presidencial, buscando generar caos e inestabilidad institucional y política.

Acusadores de “fraude”, nunca muestran las pruebas. Solo repiten y se repiten monsergas, después de ver, cómodamente, noticieros de TV, siempre desde lejos. Cualquier contradictor es confrontado, señalándole que, “pero, si es obvio el fraude”, “yo estoy convencido de que hubo un fraude”. Ninguno de los vociferantes argumenta y/o expone con cifras, datos, hechos e informaciones concretas e irrebatibles. No lo estiman necesario: “pero, si es evidente el fraude, ya se sabe”.

Elecciones generales nicaragüenses remarcan la importancia estratégica que, puede significar el voto como defensa de un proceso revolucionario. País pequeño, centroamericano y caribeño es Nicaragua. La legitimidad de sus procesos electorales está dada por amplia y consciente participación de su pueblo, con voto voluntario. Seis binomios de candidaturas a presidente y vicepresidente lo reafirman.

Las y los Acompañantes Electorales fueron 232, de 27 países acreditados, que, verificaron correcta realización, con absoluta normalidad, sin incidentes y con transparencia del proceso electoral del domingo 7 de noviembre de 2021. Recursos de revisión a la Publicación de Resultados Provisionales por el CSE, se pudieron presentar hasta el 18 de noviembre de 2021. Votos Totales en elección de presidente y vicepresidente fueron 2.921.430, siendo Votos Válidos 2.759.743, y, Nulos 161.687.

La autodeterminación, la independencia y la soberanía de Nicaragua han estado siendo atacadas y violentadas, periódicamente, desde abril de 2018, con unos criminales intentos desestabilizadores, fascistoides, insurreccionales y pretendidamente golpistas, siempre con completo fracaso, aunque con desgaste de esfuerzos y recursos, un reguero de destrucción de infraestructura económica y pérdida de vidas humanas, como “únicos logros”, analizados retrospectivamente, lo cual debiera haber sido completamente condenado y esclarecido.

Nicaragua se afirma y define como una sociedad cristiana, pacífica, soberana, socialista y solidaria. En Centroamérica y en el Sistema de la Integración Centro Americana (SICA), es el único país convertido en barrera para el tráfico de drogas, paradójicamente, hacia Estados Unidos de Norteamérica, su gran y peor país enemigo, resentido, para siempre, al haber sido derrotado militarmente, desde 1933, por aquel ejército de “hombres y mujeres libres”, del General Augusto Sandino, y en sus sucesivos intentos de procesos injerencistas, posteriores a 1979, contra los logros, obras, realizaciones y tareas de la Revolución Popular Sandinista.

Otra gran fortaleza de este indomable e insobornable pequeño país, es tener su soberanía alimentaria, lo que, en lo esencial y vital, significa no depender de las importaciones de alimentos para cubrir las necesidades básicas de su Pueblo. Es más, incluso, ejerciendo el internacionalismo revolucionario, pudo ayudar a la República de Cuba, con el envío de carga alimenticia, a través de dos viajes del buque “AC Sandino”, en ejemplar caso de hermandad y solidaridad entre países y pueblos amigos, a inicios de agosto y de septiembre de 2021.

Cifras oficiales de la CEPAL y la FAO demuestran que, aún en medio de la pandemia, el desarrollo agrícola, comercial, económico y social de Nicaragua – también, afectada por las crisis económica y sanitaria, como todos los países latinoamericanos y caribeños -, ha retomado un sólido camino de crecimiento, destacándose claramente en la Subregión, dentro de los indicadores y parámetros estadísticos, común e internacionalmente utilizados.

Presidente de Bolivia alerta sobre deslegitimación de gobiernos populares

* Durante su intervención en la VII cumbre de Grupo de Puebla, Arce consideró que el reagrupamiento de los movimientos conservadores debe estar en la mira de la izquierda.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, instó este martes al Grupo de Puebla a estar alerta ante el avance y el «reagrupamiento» de las derechas en América Latina, que ocurre mientras esos mismos factores intentan «desgastar» a los Gobiernos legítimamente constituidos en la región.

«Ese es un tema que me gustaría hacer conocer al Grupo de Puebla para que pueda ser incorporado en la evaluación y el análisis de lo que ocurre en la región: la forma en que la derecha se comporta para deslegitimar procesos electorales donde hay gobiernos populares y democráticamente elegidos», aseveró Arce durante su intervención en la VII cumbre del bloque.

Tras hacer un recorrido por la situación en Bolivia, que vivió el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019, el mandatario recalcó que durante su gestión también ha tenido que enfrentar «un panorama negativo» debido al lanzamiento de «globos de ensayo» de la derecha, que no solo busca negar la ruptura del orden democrático hace dos años, sino intentar poner en duda el triunfo electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2020.

«Eso hoy empieza a cuestionarse», dijo Arce, quien indicó que hay factores que intentan cuestionar la victoria electoral de su Gobierno en 2020. «Empiezan a tratar de utilizarse una serie de argumentaciones para deslegitimar la ganancia de una contienda electoral muy clara en nuestros país», insistió.

Para el mandatario, el objetivo de esta estrategia sería emular el escenario que vivió Bolivia hace dos años, previo a la obligada renuncia de Morales, que derivó en el golpe de Estado y el posterior Gobierno de facto de Jeanine Áñez.