Misión Verdad
Ante el escalamiento de las medidas coercitivas unilaterales, firmadas por Donald Trump la semana pasada, las relaciones geopolíticas con el frente euroasiático se conciben como eje fundamental de las acciones venezolanas para sobrellevar estas presiones de amplio espectro.
Tanto Rusia como China tomaron una posición política contundente como respuesta a las amenazas de John Bolton, desarrolladas en Lima durante la «Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela».
Allí, el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos exhortó a terceros, con énfasis en estas naciones aliadas, a no relacionarse comercialmente con Venezuela puesto que el gobierno estadounidense estaría autorizado a convertir en sujetos de sanciones a quienes «sigan brindando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás Maduro».
La cancillería rusa, a través de su Departamento de Información y Prensa, calificó las acciones de bloqueo como «terrorismo económico». Por su parte, la vocera del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, manifestó que eran «una grave violación de los principios fundamentales de las relaciones internacionales».
Un aspecto clave de las atribuciones concedidas al Departamento del Tesoro estadounidense para hostigar económicamente a Venezuela, es que la prohibición de transacciones financieras abarcaría también el pago de compromisos contraídos con empresas extranjeras, lo que significaría una dificultad para cancelar en dólares los compromisos de la República con China y Rusia.
La medida es una agresión directa de Washington con el objetivo de quebrar el apoyo geopolítico de Rusia y China a Venezuela.
Rusia y China profundizan proyectos energéticos en Venezuela
Claramente, las alianzas en materia económica entre estas dos potencias del mundo emergente y el gobierno de Venezuela, tienen peso sustancial al momento de mitigar el impacto del embargo estadounidense.
Recientemente, el medio financiero Bloomberg publicó un artículo en el que revelaba un aparente convenio entre Wilson Engineering, subsidiaria de una proveedora china de servicios de ingeniería química y gestión de construcción, y el Estado venezolano para mejorar las principales refinerías venezolanas a cambio de derivados petroleros.
El acuerdo, aunque no está confirmado por fuentes oficiales, aliviaría los efectos del cerco financiero estadounidense contra la estatal PDVSA, que ha visto interrumpido los mecanismos de comercialización de diluyentes y equipos necesarios para sus operaciones desde agosto de 2017, reduciendo la producción de casi 1 millón 100 mil barriles de petróleo diarios.
Según Bloomberg, si el restablecimiento de la producción petrolera ocurre con suficiente rapidez, «debilitaría el bloqueo económico de Estados Unidos y pondría a Maduro en una posición de negociación más fuerte» frente a los actores locales del antichavismo.
La empresa Wilson tiene convenios comerciales con Venezuela desde 2011, cuando inició el proyecto de Conversión Profunda de la refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui.
Desde entonces, ha logrado firmar sucesivos contratos con esta refinería, convirtiéndose en el mayor proyecto de construcción de una refinería en América Latina que haya obtenido una empresa china.
Otros acuerdos de las relaciones chino-venezolanas han avanzado paralelamente a las decisiones legislativas que la Casa Blanca tomó en función de forzar el cambio de régimen en el país.
Es el caso de la empresa mixta Sinovensa, ubicada en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui. La petrolera, que funciona a través de un acuerdo bilateral entre la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y Petróleos de Venezuela (PDVSA), se fijó la expansión de la producción de crudo de 105 mil a 165 mil barriles por día (bpd).
Actualmente, iniciaron las operaciones de una nueva planta de mezcla en el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui. En una segunda expansión, la producción de petróleo se elevaría a 230 mil bpd, según lo refirió el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo.
Mientras ese hecho ocurre, otro actor geoeconómico en territorio venezolano, Rusia, adecúa los convenios bilaterales de acuerdo al nuevo panorama financiero internacional.
La estatal rusa Rosneft modificó un acuerdo de cooperación, hecho con autoridades venezolanas en 2009, con un párrafo según el cual estas últimas crearán «condiciones favorables y no discriminatorias y prestarán asistencia a Rosneft Oil Company y al Grupo Rosneft, S.A.» en dos yacimientos gasíferos.
En 2017, el gobierno de Venezuela emitió una licencia de 30 años a Rosneft para trabajar los campos Patao y Mejillones, ubicados en el Caribe venezolano. Estos campos tienen una reserva de gas que se estima en 180 mil millones de metros cúbicos. La meta de la empresa es alcanzar una producción de 6.5 mil millones de metros cúbicos de gas por año durante 15 años.
La modificación del documento sobre los planes gasíferos, firmada el 10 de julio y publicado por el portal jurídico de la Federación Rusa, permite, entre otras cosas, que la subsidiaria de Rosneft, sus proveedores y contratistas, queden exentos del pago de IVA sobre los bienes y servicios adquiridos para la ejecución de proyectos.
Igualmente exonera a Rosneft de impuestos de importación y aranceles aduaneros relacionados a la explotación de gas.
Recuperación petrolera pone en riesgo el cambio de régimen de EEUU
Estados Unidos tiene meses adoptando medidas implícitas de embargo al sector petrolero de Venezuela, una estrategia que además de perseguir el agravamiento de las condiciones económicas del país, busca revertir la tendencia actual en la región latinoamericana, que progresivamente ha avanzado en mayores tratos comerciales y energéticos con el bloque euroasiático.
Algunas de estas acciones han tocado intereses en el mercado energético estadounidense. Por ejemplo, con las prohibiciones de comprar petróleo a Venezuela, las refinerías que todavía no sustituyen por completo la dieta venezolana, se ven golpeadas en su funcionamiento.
Además, peligran los activos de Chevron en territorio venezolano, empresa que consiguió una licencia de Trump para operar en Venezuela hasta octubre, antes del anuncio del embargo. De ser rechazada otra extensión de la licencia, sus bienes en el país podrían ser renegociados por el Estado venezolano.
Las presiones económicas son también una bomba de tiempo para la estabilidad financiera de corporaciones energéticas en Estados Unidos.
De este modo, la renovación de convenios energéticos con Moscú y Pekín, a pesar del contexto de aislamiento internacional que se le dibuja a la nación venezolana luego de la Orden Ejecutiva lanzada por Trump, amenazan seriamente los planes de la Casa Blanca de destruir la industria energética nacional, y por ende, disminuyen la posibilidad de afectar los intereses geopolíticos de sus oponentes más fuertes.