* Hay altos grados de corrupción detrás de los recursos de la llamada ayuda humanitaria enviados por EE.UU. a la oposición de Venezuela, dice un obispo.
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en el estado de Táchira, Venezuela, Mario Moronta, lamentó el domingo que parte del dinero de la “ayuda humanitaria” se redirija a pagar los onerosos gastos de los líderes derechistas.
Tras denunciar la situación de los hospitales y los diversos servicios de atención y protección al ciudadano, Moronta preguntó: “¿A quién le llega ese dinero?”.
El golpista Juan Guaidó, que se autoproclamó en enero de 2019 presidente interino de Venezuela, solicitó ayuda humanitaria a la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump; y desde el 2 de febrero, EE.UU. envía dicha ayuda a través de Colombia, pero no llega, según denuncia el obispo, a los venezolanos necesitados, sino a los líderes de la oposición.
Todas las miradas recaen sobre el coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad, el derechista, Léster Toledo, quien cuenta en su haber con varios escándalos de corrupción por su gestión de los recursos económicos vinculados con la ayuda estadounidense.
Para Caracas, la insistencia de EE.UU. en enviar “ayuda humanitaria” a Venezuela es una cortina de humo destinada a invadir el país suramericano.
Por otra parte, los recursos usurpados por EE.UU. a la empresa Estatal Citgo (filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA) también son canalizados a miembros de la oposición, y estos nunca entregan un balance al pueblo del uso de ese capital, en un momento en que el país suramericano sufre del ilegal y criminal bloqueo económico impuesto por EE.UU., según la cadena de noticias Telesur.
El Gobierno de Venezuela ha presentado pruebas de la trama de corrupción liderada por el golpista Guaidó y su entorno para desestabilizar al país caribeño.
El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, recordó en junio que Caracas ya había denunciado una “gigantesca trama de corrupción” con el dinero enviado a Cúcuta (Colombia) para presuntamente contratar a un grupo de mercenarios colombianos y centroamericanos, cuyo trabajo era atentar contra la vida de líderes políticos, militares y magistrados venezolanos para empeorar la situación en Venezuela.
La Fiscalía General de Venezuela anunció anteriormente que abrirá una investigación por corrupción contra dos colaboradores de Guaidó en Colombia.