Hedelberto López Blanch
Nicaragua, como todo gobierno democrático y nacionalista que surge en el hemisferio americano donde Estados Unidos los embiste porque se cree dueño de toda la región, ha tenido que realizar enormes esfuerzos para levantar la economía y los programas sociales.
El cerco contra Nicaragua se cerró más cuando en diciembre de 2018 la administración de Donald Trump, firmó la agresiva ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), para bloquearle los préstamos de las instituciones financieras internacionales e imponerle una serie de extorsiones económicas.
La Nica Act impuso un complejo panorama económico para Managua, que al ser vetada en organismos financieros internacionales no puede adquirir desde entonces préstamos para el desarrollo del país.
El Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), redujeron los desembolsos y préstamos al país, lo cual afectaron los programas sociales financiados con la cooperación externa.
Meses antes, en abril de 2018, Estados Unidos implementó un intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, con la ayuda de la derecha nicaragüense que provocó un enorme daño humano y económico al país.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), anunció que por los desastres ocasionados durante varios meses de ataques contra centros productivos y sociales de la nación, el Producto Interno Bruto de Nicaragua que estaba previsto creciera 5 % en 2018, bajó a finales de año a 0,5 por ciento. Antes de la crisis política, Nicaragua había crecido en los últimos cinco años a un promedio de 5,2 por ciento.
El escritor estadounidense, Max Blumenthal, publicó un amplio reportaje donde destapó el plan de financiamiento de la agencia National Endowment for Democracy (NED), para ejecutar el golpe de Estado en Nicaragua, a través del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la llamada Alianza Cívica por la Democracia (ACD).
Afirma Blumenthal que un mes antes de las reuniones del M19 con legisladores ultraconservadores en Washington, la NED informó sin rodeos que las instituciones respaldadas por su organización han pasado años entregando millones de dólares para «sentar las bases para la insurrección» en Nicaragua. La montada conspiración dejó más de 180 muertos, alrededor de 350 heridos y millonarios daños materiales.
El problema fundamental de Estados Unidos contra Nicaragua es que el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007, representó un quiebre con los regímenes de derecha y el modelo económico liberal que había sido implantado en esa nación durante 16 años de gobiernos neoliberales tras perder el sandinismo las elecciones de 1991.
En ese período, los regímenes pro estadounidenses (Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños) facilitaron el desmontaje del fisco, privatizaron empresas y servicios básicos, endeudaron al país, contribuyeron a la inestabilidad laboral y descapitalizaron a los productores.
Ahora en los 14 años de gestión sandinista, el pueblo de Nicaragua ha recibido grandes mejoras económicas y sociales que se habían perdido durante los gobiernos derechistas.
Desde el 2007, cuando el sandinismo retomó el poder, se impulsaron numerosos programas sociales para sacar a la mayoritaria población de la miseria y de las perentorias condiciones en que vivió en años neoliberales. Se estableció la educación y la atención médica gratuita en las instituciones públicas.
Se logró alfabetizar a toda la población con el programa cubano Yo Si Puedo y Nicaragua fue declarada por la UNESCO en 2009 como el tercer país del área libre de ese flagelo. Con la ayuda económica entregada a las familias disminuyó la alta deserción escolar que se registraba en años anteriores al no tener los menores que buscar sustento por sus propios medios.
La salud pública llegó a todos los rincones del país y se han establecidos programas como la Operación Milagro (en colaboración con Cuba y Venezuela) que devolvió la visión a miles de ciudadanos. La misión Todos con Voz ha detectado personas con discapacidad para que sean atendidos gratuitamente en sus hogares y en los hospitales de la nación centroamericana.
En 2017, antes del intento del golpe de Estado y de la aplicación de la Nica-Act, el Banco Central de Nicaragua informó que la desocupación era del 7 %, uno de los índices más bajos en toda la historia del país.
En la actualidad, pese a los impactos de la pandemia, del paso de los huracanes Eta e Iota y de las extorsiones financiero-económicas estadounidenses, Nicaragua clasificó como el segundo con menor declive económico en Latinoamérica, (-2 % en 2020) mientras resultó el país que más creció en las exportaciones con respecto a la caída.
En la nación existe una estabilidad macroeconómica y se prevén mayores gastos e inversiones públicas en la construcción de viviendas, carreteras, infraestructuras hospitalarias, agua potable y saneamiento, entre otras, para poder alcanzar un crecimiento económico del 5 por ciento en 2021.
La gran inversión pública permitió que hoy Nicaragua tenga la red de infraestructura hospitalaria pública y de calidad más grande de Centroamérica y un significativo acceso de la población al agua potable y el saneamiento, además de una amplia red de electrificación.
El sandinismo ha representado uno de los mayores logros económicos-sociales en la región a pesar de todas las acciones desestabilizadoras lanzadas desde Estados Unidos.