Agresión USA contra revolución sandinista y sus procesos electorales

Edwin N. Montes

Nicaragua se encuentra a pocos días de celebrar comicios electorales presidenciales este 7 de noviembre. Como ya ha sido una práctica común del imperio norteamericano, en cada proceso electoral donde el FSLN ocupa la jefatura gubernamental, la escalada de agresiones externas, injerencia, boicot económico y manipulación mediática, han definido su táctica característica, cuando se intenta doblegar la revolución sandinista.

Es importante señalar que la Revolución Popular Sandinista de 1979 representó una ruptura a los designios del “monroísmo” —término acuñado por Víctor Raúl Haya de la Torre—, y el intervencionismo y entreguismo que había marcado la historia pasada de Nicaragua, donde los EEUU imponían y decidían los procesos electorales nacionales a través de tratados, pactos, leyes (Ley Dood de 1923 y Ley MacCoy de 1928, por citar algunos ejemplos), situación que había motivado a emprender la lucha al General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino, en defensa de la soberanía y dignidad nacional.

Para las elecciones presidenciales —libres y soberanas— de 1984, EEUU había desplegado una serie de estrategias de agresión militar, presión económica, acompañado de una campaña abstencionista de la oligarquía nicaragüense.

El minado de puertos nicaragüenses, y los derribos del avión C-47 y el helicóptero UH-500-D, piloteados por agentes norteamericanos, demostraron que las agresiones militares contra la revolución sandinista habían adoptado una “táctica de intervención directa”. No obstante, a pesar de la intensidad de las agresiones, no impidieron que el FSLN, bajo el liderazgo del comandante Daniel Ortega Saavedra, resultara ganador.

A finales de la década de los 80’s, la constancia e intensidad en las agresiones militares, guerra y bloqueo económico promovido por EEUU, ocasionaron severos daños a la producción, el abastecimiento, el gasto público, el empleo e infraestructura del país, conllevando al desgaste y retracción económica, favoreciendo el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, quien en representación de la Unión Nacional Opositora (UNO), era apoyada financiera y materialmente por el gobierno norteamericano.

Con el intento de golpe de Estado en 2018, el gobierno norteamericano quiso replicar nuevamente su estrategia subversiva de los 80´s, pero esta vez bajo un nuevo mecanismo de guerra no convencional, amparándose en su organismo satélite, heredero del gobierno neoliberal de Violeta Barrios de Chamorro, como lo es la Fundación Chamorro.

Está más que documentado que, a través de esta entidad, la NED, USAID, CIA y gobiernos europeos, financiaron todo el aparataje de medios, recursos y propaganda contrarrevolucionaria en este país centroamericano, causando graves daños a la economía, promoviendo el odio, muerte de ciudadanos y destrucción de bienes públicos.

Lo paradójico de estos grupos opositores antisandinistas y sus demandas electorales, ha sido que: en primer lugar, exigían adelanto de elecciones en 2018 fuera de lo establecido por las leyes, pero al llegar el momento de las elecciones en 2021, resulta que ni listos estaban por pleitos entre ellos mismos; segundo, pedían reformas electorales, cuando esas leyes fueron creadas durante los gobiernos neoliberales del cual ellos fueron parte.

Tercero, usan de retórica la etiqueta “candidatos presos políticos” cuando ninguno de los procesados por delitos a la patria eran candidatos legalmente constituido por el Consejo Supremo Electoral (CSE), y otros ni militan en partido político alguno; cuarto, señalaban que en Nicaragua había represión, sin embargo entraban y salían del territorio nacional hacia los EEUU para pedir sanciones, en una clara transgresión a las leyes y preceptos constitucionales.

Quinto, argumentan que en Nicaragua existe una persecución hacia candidatos opositores, sin embargo, en las elecciones de este 7 noviembre están participando varias fuerzas políticas opositoras, y que durante los gobiernos neoliberales han resultado incluso hasta ganadores.

Por otra parte, estos grupos opositores antisandinistas se han encargado de criticar el cambio en la nomenclatura de observación electoral por el de acompañamiento electoral. Hay que tomar en cuenta que el término acompañamiento electoral no es de uso reciente en Nicaragua, sino que desde el 2011 el gobierno sandinista lo ha venido promoviendo, precisamente para superar la injerencia externa inmersa tras el concepto observación electoral.

La observación electoral —o mejor dicho supervisión electoral— que tanto demandan la oligarquía en Nicaragua, es una práctica que tiene su precedente en el siglo XX con la presencia de los marines norteamericanos en territorio nicaragüense, quienes se aseguraban que el candidato ungido por Washington quedase electo como presidente.

Posteriormente, en época más reciente, con la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) el término será asumido por dicha organización para supervisar los procesos electorales en América Latina y el Caribe. El mayor ejemplo de esta “observación electoral” la tenemos en Bolivia con el golpe de Estado promovido precisamente por la OEA en 2019.

La oligarquía antisandinista nacional e internacional, junto a los gobiernos fascistas y corporaciones mediáticas occidentales, podrán seguir destilando odio y mentiras hacia la opinión pública internacional sobre la realidad de Nicaragua e imponiendo medidas coercitivas, pero no pueden omitir que, pese a todas esas agresiones, el gobierno sandinista ha sido capaz de alcanzar grandes logros y conquistas en materia económica y social (reducción de pobreza, ampliación de la red hospitalaria, educación y salud gratuita, construcción de carreteras, cobertura de energía eléctrica y agua potable, por destacar algunos).

El pueblo de Nicaragua ha decidido su camino, original y alternativo, de la mano del FSLN, hacia más victorias, para la creación y defensa de una mayor justicia social y dignificación del sujeto histórico —excluido durante años por los gobiernos neoliberales—, en sustento de una democracia popular participativa, el cual será reafirmado este próximo 7 de noviembre.

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