Una aleccionadora enseñanza debe haber dejado, en el contexto latinoamericano, cada una de las arremetidas de la derecha oligárquica contra los gobiernos populares y de izquierda, que han llegado por el voto del pueblo a conducir los destinos de varios países.
Una aleccionadora enseñanza debe haber dejado, en el contexto latinoamericano, cada una de las arremetidas de la derecha oligárquica contra los gobiernos populares y de izquierda, que han llegado por el voto del pueblo a conducir los destinos de varios países.
No son pocos los proyectos de beneficio social que han resultado mutilados, ya sea por golpes mediáticos, parlamentarios o por una combinación de estos, en los cuales la llamada «justicia» ha construido, a partir de las mentiras, fórmulas para derrotarlos.
Un verdadero líder popular, como Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, fue víctima de componendas judiciales, para llevarlo a prisión por 19 meses, sin motivo comprobado alguno, con el objetivo de apartarlo de la vida política brasileña.
Otro, como el ecuatoriano Rafael Correa, tuvo que optar por el exilio antes de ser detenido y procesado en su país, donde había liderado una gigante obra social, hoy inconclusa y sometida a cercenaciones neoliberales, luego de la debacle provocada por la traición de alguien que engañó a no pocos con su inmerecido nombre y la supuesta continuidad una vez llegado al poder.
Jorge Glas, vicepresidente ecuatoriano durante el segundo mandato de Rafael Correa, ha sufrido la embestida de la componenda judicial contra la izquierda y el progresismo y ha tenido que pasar los últimos años entre la cárcel y las esporádicas libertades, en medio de los vaivenes de una «justicia» aplicada según las conveniencias del gobierno de turno.
En Bolivia, con la autoría fundamental de la Organización de Estados Americanos (OEA), la izquierda encabezada por Evo Morales, fue despojada de una victoria electoral convincente, a través de la fabricación de falacias que propiciaron un golpe de Estado y la imposición de un gobierno de facto, por demás ilegal y corrupto.
Ahí surgió Jeanine Áñez, quien, además de ser responsable de la represión a que fue sometida la población boliviana, la muerte y heridas de decenas de civiles, llevó al país a un desastre económico y social que solo el Gobierno de Estados Unidos y la OEA aplaudieron.
En este 2022 que ya expira, la región latinoamericana cuenta con líderes progresistas, unos ya en el poder y otro que asumirá el mandato este 1ro. de enero, todos comprometidos con llevar adelante grandes procesos de beneficio social, no exentos de la amenaza permanente de los sectores de la derecha, apoyados por el dinero, el poder mediático y algunos representantes del poder judicial.
Sería ingenuo pensar que a Lula, quien será investido como presidente de Brasil el 1ro. de enero, lo dejarán gobernar sin los obstáculos de un Congreso con fuerzas adversas y otros exponentes del entramado político que aportó millones de votos a favor del saliente Jair Bolsonaro, autor de una insólita lista de hechos bochornosos contra su pueblo.
En el caso de Argentina, guiada por Alberto Fernández, las secuelas de la administración Macri, las ataduras a los préstamos del FMI y los manejos de grandes consorcios mediáticos y de algunos exponentes de la «justicia», ya están uniendo a los sectores más derechistas y han ido con todo contra la Vicepresidenta de esa nación.
A Cristina Fernández de Kirchner primero pretendieron quitarle la vida a través de un atentado, y una vez frustrado ese objetivo, los sectores más derechistas, con el patrocinio de un monopolio mediático y la acción de jueces que responden a esa oligarquía, fabricaron un plan a través de la mentira, para apresarla, condenarla a seis años de cárcel y despojarla de por vida de su derecho a ejercer cargos públicos en el país.
Casi coincidiendo con ese plan macabro, escenificado en Argentina, en otra nación de Sudamérica, Perú, Pedro Castillo, un maestro y líder gremial de izquierda, llegado a la presidencia de la República por el voto popular, fue despojado de su cargo, a través del dictamen de tres jueces que lo acusan de actos de corrupción, sin que existan pruebas al respecto.
Ya suman varias decenas de muertos y heridos entre los manifestantes que exigen la liberación de Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones a la presidencia, que han sido reprimidos por la policía.
Este sucinto resumen solo pretende advertir a los movimientos populares y de izquierda y a sus líderes que no se puede permanecer a la defensiva ante el empuje de una derecha oligárquica, que se ha propuesto arrebatar el poder allí donde se ha conquistado con el voto popular.
Hay que dejar atrás toda creencia de que la OEA pueda representar a nuestros pueblos y que su secretario general, Luis Almagro, puede ser un interlocutor creíble en la búsqueda de consenso sobre la estabilidad y el desarrollo de los países latinoamericanos.
No se puede obviar que la derecha regional e internacional cuentan con muchos recursos para comprar lo mismo a jueces corruptos que a políticos tambaleantes.
Las lecciones que he traído a este artículo son solo botones de muestra de la necesidad vital de una acción unitaria, valiente y decidida en beneficio de pueblos que han conocido los estragos de una derecha corrupta y un sistema neoliberal sin solución alguna para los problemas de este mundo.